Por: Vicente Bello.
Los senadores, más avezados en las lides del control político que los diputados, encontraron entre los intersticios de la minuta de la Ley contra el huachicol a la “cola del diablo”.
Dolores Padierna Luna, en la tribuna, afirmó que en las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se observa que solo está hecha para que la acate Petróleos Mexicanos y no las compañías petroleras trasnacionales,
que han estado avecindándose desde 2015 en el país, con la instalación de gasolineras.
Ciertamente el combate al huachicoleo ocurrirá con la revisión detallada de toda la cadena productiva. Verbigracia: A las gasolineras se les revisará su sistema financiero “para frenar la venta ilícita de las gasolinas”. Y se ha empoderado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a “establecer controles de volumen de entrada y salida de combustibles y se obliga a las gasolineras a instalar medidores en los depósitos y entregar comprobantes por cada venta”.
Para el Diario de los Debates de la historia legislativa, he aquí Dolores Padierna Luna: “El pasado 14 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, Ley Aduanera, Código Penal Federal y Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el objeto de fortalecer y uniformar los mecanismos de supervisión y control de toda la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos y petrolíferos, así como reforzar los supuestos y sanciones relativos a las conductas ilícitas que se presentan en dichas materias.
“En el dictamen se menciona que en 2015, se localizaron 5 mil 252 tomas clandestinas; en 2016, 6 mil 873 y a julio de 2017 subió a 5 mil 417, hacia finales de 2017 se habrán acumulado 9 mil tomas clandestinas.
“Medir la actividad delictiva del robo de hidrocarburos a partir de las tomas clandestinas muestra la proliferación de estas y los daños que se ocasionan a la infraestructura, pero es insuficiente para cuantificar el daño que ocasiona en términos del volumen de hidrocarburos que se comercializan de manera ilegal.
“No hay una estimación debidamente fundamentada del volumen de petrolíferos, principalmente gasolinas, que se extraen de los ductos de transporte y distribución y que se comercializan de manera ilegal. Se puede tener una primera aproximación comparando el volumen disponible, integrado por la producción y las importaciones contra las ventas.
“Desde 2013, la diferencia ha venido creciendo. En 2017, la diferencia llegó a 1,745 millones de litros, que valuados al precio de 15.80 pesos por litro, correspondiente al precio promedio de la gasolina magna, equivalen a una pérdida de 27 mil 571 millones de pesos.
“No se puede considerar que todo este volumen se extrae y comercializa de manera ilegal, ya que una parte pudiera ser la diferencia de inventarios; sin embargo, es conocido que la capacidad de almacenamiento de gasolinas es muy limitada y de acuerdo con el Secretario de Energía solo equivale a la demanda de 3 días, por lo que se puede suponer que una parte considerable de los 1,745 millones de litros pudieran comercializarse de manera ilegal.
“En 2017, cerca del 70 por ciento de la gasolina disponible fue importada.
“Con la apertura del mercado de gasolinas, la dificultad para contabilizar las pérdidas por robo se incrementará y no se tiene un procedimiento para ello.
“Hasta 2017, la mayoría de las gasolinas que se produjeron e importaron provinieron de Pemex. En consecuencia, la que se destinó al mercado formal también fue provista por Pemex, por lo que la información correspondiente la produce esta empresa. A partir de 2018, que se liberalizó el mercado, se espera que las empresas privadas que ya operan en el sector importen de manera directa las gasolinas que comercialicen.
“El dictamen habla de ‘fortalecer y uniformar los mecanismos de supervisión y control de toda la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos’, pero el propio dictamen dice que no aplica para las empresas extranjeras que estén operando en nuestro país.
“Dada la tendencia que tenemos de privatización, estas leyes no se van aplicar para quien está liberalizando o las que tiene el mercado liberalizado, es decir, a las compañías extranjeras no tiene esta ley y, con el tiempo, van a ser mayoría, esta ley solo aplica para Pemex.
“Actualmente solo tienen obligación de llevar controles volumétricos los establecimientos abiertos al público en general. La iniciativa consiste en extender esta obligación a todos los que participen en la cadena de valor, es decir, a los que participen en la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación.
“Es muy importante resaltar que la iniciativa permite contar con información más precisa sobre el robo de combustibles, que es un delito creciente, que no solo afecta la infraestructura de transporte de hidrocarburos, sino que causa graves accidentes, pérdidas fiscales e impacta directamente a los consumidores.
“Desde cierto punto de vista es positiva, pero no incluye de manera explícita a los importadores de hidrocarburos y gasolinas que, en el caso de gasolinas son extranjeros, lo que cada vez será más importante en la cadena de suministros”.
Y remachaba la Padierna, preguntando al silenciado Pleno:
“¿Por qué a las empresas privadas que están en México no se les va aplicar esta ley? Pregunto, ¿qué caso tiene esta ley, si solo aplica para Pemex y no para empresas privadas?, además Pemex está en extinción porque ya todos los procedimientos son para permitir el ingreso de las empresas privadas en todo este trabajo”. (Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















