Por: FRANCISCO RIVAS.
@frarivasCoL
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son los que los mexicanos acordamos fueran nuestra métrica para dar seguimiento de manera oficial a la incidencia delictiva. De hecho, son los datos del SESNSP los que se utilizan para intentar medir el éxito de las políticas públicas[1] y para determinar la distribución de recursos de subsidios y programas como SUBSEMUN, PRONAPRED y FASP.[2]
No obstante, el Secretario de Gobernación desconoció esta información y ayer, al ser cuestionado por el aumento de homicidio, simplemente insistió que los datos que cada año provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostrarán que seguimos en la misma cantidad de homicidios que en 2014, es decir, una tasa de 16.7 por cada 100 mil habitantes.
En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) consideramos fundamental aclarar esta información y manifestar algunos puntos:
1. Mantener la tasa de homicidio nacional en 16.7 por cada 100 mil habitantes dista de ser un logro. La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes apuntan a una crisis de violencia. Todo apunta a que 2015 será el octavo año consecutivo en que México no logra hacer frente a la crisis.
2.El homicidio doloso es el único delito que muestra un comportamiento en aumento, si comparamos los periodos enero a septiembre de 2014 contra el mismo periodo de 2015. En este sentido, encontramos que entre enero y septiembre de 2014 se registraron 11 851 casos en el ámbito nacional, mientras que en el mismo periodo de 2015 se tuvo conocimiento de 12 644, lo cual equivale a un incremento de 6.62%. Es importante destacar que con este crecimiento se rompe con la tendencia a la baja de este delito que había permanecido desde 2012 en el país. De hecho, a partir del cuarto trimestre de 2014 se ha presentado un crecimiento trimestral continuo hasta el día de hoy.
3. Los datos de INEGI y los de homicidio doloso del SESNSP no se construyen de la misma manera ni miden exactamente el mismo, sin embargo, están altamente correlacionados y ambas series aportan información importante relativa al fenómeno
El INEGI reporta la información obtenida a través de las certificados de defunción de cada uno de los cadáveres que la autoridad tiene conocimiento y que tienen evidencia de violente la causa de muerte fue violenta y provocada por un tercero. Es decir, mide el número de cuerpos independientemente si la autoridad inició una averiguación previa o no. Los datos de homicidio doloso del SESNSP miden el número de averiguaciones previas iniciadas por muertes intencionales. Cabe destacar que una averiguación previa puede incluir muchas víctimas y la decisión de catalogarlo como doloso o culposo depende del ministerio público que atiende el caso.
No obstante, pese a dichas diferencias técnicas tenemos evidencia suficiente para referir que ambas series están relacionadas. Existe una correlación del histórica de 93% entre ambos datos, lo que significa que es altamente probable que los cambios que suceden en la primera se reflejen en la segunda.
En otras palabras, si se mantiene la tendencia de crecimiento de 6.62% que hemos reportado en los datos del SESNSP, es posible pronosticar que la tasa de homicidios reportada por INEGI en 2015 no solo no será igual que en 2014, sino que aumentará a 17.7 (misma conclusión a la que llegó el especialista en seguridad, Alejandro Hope[3]).
4. Si se toman en consideración los datos del SESNSP publicados hasta ahora se debe destacar que, si bien el número de homicidios dolosos se concentra principalmente en algunas entidades como Guerrero, Sinaloa o el Estado de México, ha crecido el número de entidades que tradicionalmente no reporta alta incidencia de estos. Tal es el caso de Baja California Sur que ha experimentado uno de los incrementos más importantes de homicidios dolosos. Esto se debe a que en términos de averiguaciones previas alcanzó los 29 casos en septiembre de 2015, este nivel nunca se había registrado desde que se cuentan con estadísticas delictivas (enero de 1997).
5. El caso de Guerrero es particularmente dramático. A pesar de la atención que ha recibido, los niveles de homicidio doloso no se han reducido en aquella entidad. Al comparar el número de víctimas reportadas entre enero y septiembre de 2015 con las del mismo periodo de 2014 se observa un aumento de 29.04%, debido a que pasaron de 1 150 a 1 484.
6. La crisis de desapariciones involuntarias y forzadas, así como el continuo hallazgo de fosas clandestinas que no son registradas ni investigadas, dan cuenta del enorme problema de subregistros en materia de homicidio.
Dos conclusiones saltan a mi cabeza: la primera es que nuestras autoridades tienen una cuenta pendiente en materia de rendición de cuentas. Negar las cifras que una y otra vez usan para presumir avances, cuando estas presentan un revés, genera una brecha entre sociedad civil y gobernantes e inhibe la participación social.
La segunda es que continúa existiendo una grave falla del equipo de asesores encargados de este tema. Exponer al Secretario de Gobernación a una confrontación donde la cifra oficial es clara, debilita a todo el aparato de seguridad y justicia así como la confianza que los mexicanos tenemos depositada en ellas.
En el ONC creemos con firmeza que el homicidio no debe ser el único indicador para medir los avances en seguridad, pues hay otros datos de incidencia delictiva que la autoridad debe usar para realizar diagnósticos objetivos y construir políticas públicas efectivas frente a la delincuencia y violencia que existe en el país:
1.Si bien los datos de denuncias de secuestro, extorsión, robo en las varias modalidades parece bajar, la incidencia de los delitos es la mayor de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
2. Pese a la disminución en lo agregado en materia de secuestro, localmente hay condiciones extremadamente preocupantes que distan de estar en condiciones aceptables. Entre enero y octubre de 2015 se observa que las tasas de Tamaulipas, Tabasco, y Guerrero superan el doble de la tasa nacional. Además en el caso de Tamaulipas hay que destacar que la tasa al ser de 5.3 secuestros por cada 100 mil habitantes, esta resulta ser 6.5 veces mayor que la nacional.
3. Si bien las extorsiones consumadas aparentemente han descendido, el número de eventos ha aumentado. Las llamadas extorsivas continúan siendo realizadas desde los penales y no existe un registro que permita conocer la cantidad de extorsiones presenciales o bien los famosos cobros de derecho de piso en el país.
4. Los datos de incidencia delictiva siguen presentando deficiencias debido a las asimetrías existentes y a la falta de protocolos claros en la manera en que se registran o sistematizan las estadísticas en esta materia. Desde las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas se continúa clasificando indebidamente el delito, lo cual implica que no se reportan los ilícitos que nos afectan directamente y, por ende, se niega su existencia. Nayarit, por ejemplo, no ha reportado robo a transeúnte en su historia ni extorsión alguna desde mayo de 2014. Sobre este caso en específico vale la pena mencionar que desde que se empezó a registrar la incidencia delictiva en 1997, sólo se han reportado 19 averiguaciones previas iniciadas por extorsión en Nayarit, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reporta que la incidencia anual de este delito ronda los 10 mil casos por cada 100 mil habitantes.
Estos y otros datos son los que presentamos el pasado 19 de noviembre en rueda de prensa, al hacer público los hallazgos del Reporte sobre delitos de alto impacto Septiembre 2015 elaborado por el equipo del ONC. El análisis llevado a cabo se construye con base en los datos públicos del SESNSP, mismos que responden al número de denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación recibidas e iniciadas por cada una de las procuradurías y fiscalías generales de los estados. En otras palabras, el análisis efectuado por el Observatorio parte de estadísticas reportadas por las propias autoridades estatales de procuración de justicia.
Es hora que nuestras autoridades escuchen a la sociedad civil, que reconozcan sus productos y trabajo como una oportunidad y que asuman con responsabilidad el brindarle justicia a las personas en nuestro país. Necesitamos que mejore la calidad de la información en materia de seguridad y que nuestras autoridades la utilicen con seriedad. Si esto no se lleva a cabo, difícilmente podremos medir e identificar los efectos reales de las políticas públicas. Dada la situación en la que se encuentra México nuestras autoridades no deben utilizar las fuentes indistintamente solo para presentar escenarios positivos que no necesariamente reflejan la realidad a la que nos enfrentamos diariamente.
Francisco Rivas
Director General del @ObsNalCiudadano
@frarivasCoL
[1] El 2 de septiembre de 2015, en su Tercer informe de gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo: “Para atender las causas del delito, hemos puesto en marcha un esfuerzo nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia. En los municipios de más de 100 mil habitantes, donde operan estos esfuerzos de prevención, los homicidios se han reducido 35%; esto es, 4 veces lo que han disminuido en otros municipios, en donde aún no se aplica este programa”.
2 Pueden consultar los lineamientos en los siguientes vínculos 1)http://tiny.cc/fasp12)http://tiny.cc/subsemun y 3)http://tiny.cc/pronapred
Fuente: Sdpnoticias.com
















