Por: Fermín Alejandro García.
PUEBLA, PUE.- En una supuesta reunión urgente del gabinete estatal convocada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas –realizada el martes en la tarde y que concluyó casi a la medianoche–, en la que principalmente se buscó que estuvieran presentes los responsables de las áreas de seguridad pública, se dice que se habrían acordado tres aspectos fundamentales:
romper todo diálogo o negociación con los opositores; acrecentar la presión contra las comunidades opositoras al gasoducto Morelos e impedir toda protesta o movimiento de jóvenes universitarios.
Dicho de otra manera y con palabras distintas a las que seguramente se han de haber utilizado en ese encuentro: se decidió incrementar y endurecer la represión en el estado.
Habrá que corroborar en los siguientes días si realmente se llevó a cabo esa reunión y si efectivamente Moreno Valle decidió irse a fondo con su política represiva. Quienes cuentan de ese cónclave, dicen que la reunión fue tan intempestiva que algunos de los asistentes llegaron sin comer y con esa condición tuvieron que aguantar hasta el fin del encuentro, que fue hasta poco después de las 11 de la noche.
Se dice que no fue nada tersa esa sesión, ya que se veía molesto, enconado, al mandatario poblano, y que varias ocasiones hubo gritos, manotazos en la mesa y un tono violento de las palabras de la única persona que tiene licencia para actuar así en esas juntas de gabinete.
De acuerdo con lo que se cuenta –que no le consta a este columnista–, la reacción de incrementar la represión se generó debido a un texto que apareció en la última edición del semanario Proceso sobre los presos políticos, junto con otras notas y reportajes que han salido en la prensa nacional en donde se cuestiona el proyecto de criminalizar las pintas en la vía pública y se hace mención a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) colocó al asunto de Chalchihuapan como uno de los tres casos más graves de violación a las garantías constitucionales de 2014.
La interpretación que se hizo fue que la prensa nacional está abordando esos temas como consecuencia de que los opositores al gobernador están visitando las redacciones de periódicos, portales y semanarios. Es decir, no se entiende que esos temas están presentes por ser atropellos graves a la legalidad y la convivencia política, sino necesariamente se quiere ver una conspiración.
El caso es que por esa visión torcida de por qué la prensa habla de temas de Puebla, se habría dado la orden a los asistentes de que se termine todo diálogo o negociación con organizaciones, legisladores, movimientos u agrupaciones de derechos humanos. Y se habría asentado que es inflexible esa determinación, sin importar que intenten mediar la CNDH, el gobierno federal, el Congreso de la Unión o algún líder religioso.
Otro tema fue la resistencia de varias comunidades a la construcción del gasoducto Morales y al respecto se habría mencionado que se llegó al límite. Que sí continúa esa actitud de rechazar la obra, entonces se pedirá intervención del Ejército o de la Policía Federal para hacer a un lado a los pobladores que quieran frenar los trabajos.
Y en particular se dice que hizo énfasis en los siguientes aspectos: que el proyecto de colocar una red de tuberías entre Tlaxcala y Morelos se llevará a su conclusión, sin importar que se tenga que encarcelar a más personas de las comunidades poblanas que son de la región de los volcanes.
Que se hará todo lo posible para que no recupere su libertad plena la ex comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, quien se encuentra en prisión domiciliaria –a causa de problemas de salud– para que haya un escarmiento, un ejemplo vivo de lo que les puede pasar a quienes se empeñen en seguir luchando contra el paso del gasoducto Morelos.
También se enfatizó en ejercer presión en los jueces para que no anden concediendo suspensiones provisionales o amparos a los opositores a las obras públicas que se realizan en el estado.
Un tema más es que se habría dicho que es necesario buscar otros mecanismos para frenar las protestas de estudiantes universitarios, que no basta con penalizar las pintas en la vía pública.
Sería fundamental para la vida democrática y la las libertades en el estado saber exactamente qué pasó en esa reunión de gabinete –y sobre todo saber si realmente ocurrió–, porque una fuente que dice saber de ese encuentro explicó algo muy grave:
Desde el sábado se sabía que Proceso saldría con un reportaje anunciado en portada –lo cual no ocurrió, ya que solo estuvo en interiores– sobre los presos políticos de Puebla, y que eso “calentó” los ánimos de un alto funcionario y por esa razón desde el cerro de Loreto y Guadalupe habría salido la instrucción de reprimir a los universitarios que estaban instalados en el zócalo de la capital, con dos propósitos:
1. Amedrentar a los movimientos de estudiantes para que éstos no se involucren en protestas electorales, contra obras públicas, por la libertad de presos políticos o en la deficiencia de servicios públicos.
2. Mandarle un mensaje al rector de la UAP, Alfonso Esparza, de que si él no puede controlar a los universitarios, el gobierno del estado sí lo va a hacer.
Si esto último resultara ser cierto, es preciso advertirle al gobierno que la estabilidad del estado depende en mucho de la estabilidad de la principal universidad pública de Puebla, e intentar violentar su vida sería un grave error de consecuencias letales para el Poder Ejecutivo y en general, para todos los ciudadanos.
Fuente: Jornada de Oriente.
















