Por: Luis Herrera-Lasso M.
Uno de los grandes obstáculos para el crecimiento de la economía de un país es la corrupción. De acuerdo con la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, en un país con altos niveles de corrupción —categoría en la que está México— de cada inversión, alrededor del 20% se va al bolsillo de funcionarios y empresarios, según sea el arreglo.
Esta reflexión viene a cuento por las expectativas de crecimiento económico que ha generado el gobierno federal a raíz de la aprobación de las reformas fiscal, energética, de telecomunicaciones, etc. de que ahora sí, el crecimiento económico, de no menos de 5% anual, está a la vuelta de la esquina. Cifra sin duda contrastante con la tasa de crecimiento actual del 1.8% en el primer cuatrimestre de 2014 (INEGI), uno de los más bajos en las últimas décadas.
Si la corrupción significa una fuerte merma al crecimiento económico, con o sin reformas legislativas, la economía de México enfrentará serios problemas para crecer. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2014, de la conocida organización Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 106 entre 177 países. Según este indicador, el problema de la corrupción en México es mayor que en Colombia (94), Brasil (72), y con mucho que en Chile (22), el país considerado con menor corrupción en América Latina. En las evaluaciones de la OCDE sobre el cumplimento de la Convención Anticorrupción de ese organismo —del que México es parte— el control de la corrupción está en el nivel más bajo entre los países miembros.
A la corrupción podríamos sumar otros dos indicadores correlacionados: competitividad y productividad laboral. La primera es un factor que incentiva o no la inversión productiva, en particular la inversión extrajera. De acuerdo con el reporte de competitividad internacional de la organización suiza IMD, México se encuentra en el lugar 41 de una muestra de 60. China en el 23. No estamos entre los 10, los 20, ni siquiera entre los 40 países más atractivos para invertir. En productividad laboral México no ha logrado bajar del lugar 100 de la tabla de la OIT.
Pero si vamos al mundo soterrado de la economía informal, el panorama es aún más desalentador. El costoso régimen fiscal mexicano —que se complicará aún más a partir de julio de 2014— muestra un claro desfase entre la autoridad y el ciudadano. La autoridad avanza en reglas y controles, cada día más estrictos, y el ciudadano en la forma de evadirlos. El ciudadano parece ser más exitoso, en México la economía informal representa más de la mitad del empleo y de la actividad económica, pero esto no sería posible sin el contubernio de la autoridad.
¿En qué se parecen el juez, el policía y el funcionario corruptos al crimen organizado que extorsiona a ciudadanos y el acomodador del auto, que cobra derecho de piso? En que todos se llevan una tajada de la renta nacional sin realizar una actividad productiva.
La actual narrativa gubernamental en torno a las reformas legislativas me recuerda hace dos décadas, cuando el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) iba a sacar a México del mundo en desarrollo. Refleja una visión parcial del país, que no toma en cuenta problemas no menos estructurales como la corrupción, la baja productividad laboral y la sobrerregulación, que desde el arranque aparecen como enormes obstáculos para el crecimiento económico y sobre los cuales poco o nada se está trabajando. Como dicen los físicos, para sacar un buen resultado debemos resolver la ecuación completa.
Fuente: Azdiario.mx
















