Por: Enrique Cárdenas Sánchez.
El año 2013 culminó con cambios constitucionales que rompen añejas ataduras que han impedido el crecimiento económico de México. Desde 1932 y hasta 1982, el PIB creció 6% anual; en los últimos 30 años la economía sólo ha crecido 2%. En aquellas cinco décadas México cambió. Había progreso social. La inversión física y en capital humano, además de la productividad,
fueron los motores del crecimiento. Mejoraron los salarios reales y la distribución del ingreso. No extraña entonces la nostalgia colectiva.
Los excelentes resultados de aquella época se basaron en un acuerdo tácito entre el gobierno y el sector privado. El gobierno se encargaría de los apoyos políticos mediante sus ligas con las centrales obreras, campesinas y de clases populares urbanas, mientras que el sector privado sólo discutiría con el gobierno los asuntos económicos. Era el milagro mexicano.
Con el tiempo, lo que fue una alianza se convirtió en una complicidad del gobierno con los líderes de los grupos gremiales que le brindaban apoyo político, y con la cúpula del sector privado que requería cada vez más protección de la competencia, insumos y alimentos a bajo costo, y tranquilidad política. Este camino no era sostenible en el largo plazo. No era posible mantener los privilegios a los sindicatos y grupos empresariales y al mismo tiempo eliminar la protección al sector productivo para competir internacionalmente. Lo mismo ocurría en la política.
A pesar de que estas contradicciones (o imposibilidades) comenzaron a manifestarse desde los años 50, todavía el país logró crecer rápidamente en los 60, con estabilidad de precios. El populismo de los años 70 postergó la solución de esos problemas y los exacerbó gravemente. El esquema de desarrollo se debilitó hasta el límite. 1982 fue un año decisivo. La expropiación de la banca rompió la alianza tácita entre el gobierno y el sector privado y la economía cayó en un abismo de contracción. El Estado de derecho, si bien débil y maltrecho, sufrió un golpe fundamental al evidenciarse que el propio Ejecutivo violaba la Constitución. El gobierno y la figura presidencial perdieron —y no han recuperado— autoridad moral para guiar al país. Por ello son vitales las instituciones.
El gobierno contuvo el deterioro económico e inició el cambio en los 80. Las reformas de los últimos 20 años han intentado, con éxito apenas parcial, hacer frente a un modelo de economía política en el que intereses particulares se han mantenido por encima del interés público, y que hoy día es un lastre formidable que le impide al país salir adelante. Hoy seguimos enfrentando una realidad en la que muchos grupos, convertidos en poderes fácticos, se resisten a perder sus añejos privilegios.
No obstante, ha habido avances significativos. Mayor independencia de los tres Poderes de la Unión, sistema electoral creíble, apertura comercial y autonomía real del Banco de México, entre otros. Las reformas del año pasado en materia educativa, telecomunicaciones, competencia y energía van en la dirección correcta de colocar al Estado por encima de los intereses particulares para acrecentar el progreso económico. Si bien en algunos casos está pendiente la legislación secundaria que mantenga ese propósito, en otros ya contamos con los instrumentos jurídicos para someter los intereses particulares al Estado, pero la resistencia sigue siendo enorme. En estos casos, la tarea es de quienes tienen bajo su responsabilidad hacer cumplir la ley e imponer el interés público sobre el interés particular. Ahí, los servidores públicos deberán ganar autoridad moral y sumarla a la autoridad legal otorgada por las reformas. También deberán mostrar entereza política, responsabilidad cívica y compromiso por consolidar las instituciones del Estado mexicano. No bastan instituciones y leyes apropiadas. Se requiere también la actuación adecuada y decidida de quienes las operan y ejecutan. Su reto es tan formidable como impostergable.
Fuente: AZDIARIO.MX
















