Por: Fermín Alejandro García.
PUEBLA, PUE.- Un asunto –hasta ahora– poco investigado son los abusos que el Poder Ejecutivo comete contra los alcaldes poblanos, pues poco trascienden por temor de los ediles de ser objeto de represalias con sus partidas presupuestales o sus cuentas públicas. Una de estas arbitrariedades ha consistido en que cuando los presidentes municipales acuden a reuniones en conjunto,
convocadas por el gobierno del estado les piden entregar tres hojas en blanco con membretes de los ayuntamientos, firmadas y con el sello oficial.
¿Cuál es el objeto de esa práctica? Que sin que se le informe a los alcaldes, mucho menos se les pida su opinión y su consentimiento; desde el gobierno toman decisiones a nombre de los ayuntamientos, ya sea para sumarse a un proyecto o disponer de dinero de sus partidas presupuestales.
Y aunque después el alcalde no esté dispuesto, nada puede hacer, ya que la decisión tiene el aval con su firma, en papel membretado y hasta con el sello oficial de cada una de las Comunas involucradas. Para eso son las hojas en blanco que les piden.
Un alcalde de la zona conurbada a la capital confió a este columnista que desde que asumió el cargo ha asistido a por lo menos tres reuniones en que se citan a grupos numerosos de alcaldes y les han solicitado las tres hojas membretadas.
El mecanismo que se utiliza es decirles a los alcaldes que las hojas en blanco en cuestión sirven no solamente para agilizar algunos trámites, sino como un medio para asentar la asistencia oficial de cada presidente municipal a dichas reuniones, en donde supuestamente se toman “trascendentes” acuerdos para el desarrollo de sus municipios.
Otra edil narró a este columnista que la primera y única vez que accedió a entregar la documentación en blanco, al poco tiempo se percató que habían dispuesto desde la Secretaría de Seguridad Pública de una partida de 900 mil pesos en esta materia.
Aclaró que no es que le hubieran quitado el dinero, pero sí se dispuso emplear ese fondo de manera unilateral desde altas esferas del Poder Ejecutivo, sin el consentimiento de su gobierno.
Se dice que para garantizar que sea efectiva la entrega de las hojas, a los alcaldes les dicen que prefieren que cedan la papelería en blanco, con las firmas de los ediles, y el sello lo den por separado –mismo que se los regresan al final de las reuniones– para evitar que el mismo quede mal estampado.
Un alcalde más, que también fue consultado por este tecleador, dice que nunca se ha hecho obligatorio entregar las hojas. Con simplemente decir que más tarde se les dará el material es suficiente para burlar el registro de las reuniones. Sin embargo, dice que la mayoría accede a cumplir con esa disposición –o mejor dicho abuso– para no tener problemas con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que siempre lleva una especie de registro de supuestos agravios –o rebeliones– cometidos por los presidentes municipales.
Y como nadie quiere confrontarse con el gobernador la mayoría de los alcaldes accede a la entrega de las hojas y a hacer como que no pasó nada.
Lo peor de esta situación, narró un edil, es que lleva meses pidiendo una audiencia con el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, para platicar de este asunto, así como del conflicto del retiro de los registros civiles de las juntas auxiliares y otros temas de la relación ayuntamientos y Poder Ejecutivo, y nunca ha obtenido una respuesta positiva.
De acuerdo con la información obtenida este asunto de las hojas en blanco, se sabe que dicha práctica opera solamente con alcaldes de municipios mediano y pequeños, no con los grandes, y no se tiene ninguna disposición por escrito al respecto, para evitar consecuencias jurídicas para la administración morenovallista.
Puesto que en estricto sentido dicha práctica viene a vulnerar el artículo 115 de la Constitución, en donde se establece que los municipios son libres y que éstos están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; además, cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia con el gobierno de cada estado.
De acuerdo con lo que se plantea en el artículo 115 de la Constitución es una falta grave que exista personal intermediario que, mediante el asunto de las hojas en blanco, con firmas de los ediles y membretes de los ayuntamientos, se esté disponiendo de fondo municipales o de tomas de decisiones que favorecen al Poder Ejecutivo estatal, pero que no tiene el pleno consentimiento de los alcaldes, toda vez que dicho mecanismo no está contemplado en ninguna norma.
El reciente encarcelamiento de los ediles auxiliares de las comunidades de La Resurrección y de Canoa, Leonardo Báez Serrano y Raúl Pérez Velázquez, respectivamente, quienes se opusieron al retiro del registro civil de sus comunidades, parece ser ante todo un escarmiento que lanza el gobierno morenovallista contra todos los presidentes municipales y auxiliares que no se quieran subordinar a las disposiciones del Poder Ejecutivo, a o mejor dicho a los abusos que desde ahí se imponen.
Lejos de que los alcaldes protesten han buscado medios alternativos para evitar estos abusos.
Por ejemplo, se sabe que cuando una obra pública rebasa los 2 millones de pesos, prefieren fraccionar el proyecto y hacer dos licitaciones o adjudicaciones directas, para evitar perder el control sobre la misma.
De esa manera evitan que la Secretaría de Infraestructura se apropie de la obra, imponga las condiciones del proyecto y lo eleve de costo, además de imponer a la empresa constructora. Pues a esta dependencia solamente le interesan los asuntos que rebasan los 2 millones de pesos.
















