Por: Aurelio Ramos Méndez.
Es inaudito. Mientras Oaxaca con sus casi cuatro millones de habitantes se halla hundido en la pobreza, el atraso y la marginación, los principales actores políticos y de gobierno, de nivel tanto federal como estatal, se disputan a balazos el poder y se reúnen para dialogar acerca de muertos, control sindical, cierres de escuelas, bloqueos carreteros, desestabilización y caos.
Frente a tan deplorable realidad, cabe parafrasear a Porfirio Díaz —cuyo aniversario luctuoso se cumplirá dentro de una semana—: ¡Pobre Oaxaca, tan lejos de Dios y tan cerca de la politiquería!
La tierra de Juárez atraviesa por estos días la enésima —de seguro no la última— crisis social de su historia reciente, reflejo del criminal abandono por los gobiernos federales, y de la indolencia, ineptitud y corrupción de sucesivas administraciones locales. Y la voracidad sin límites de una clase empresarial diminuta pero convenenciera, ansiosa, aun en medio de la tragedia, de sacar raja vía una declaratoria de desastre económico.
Los indicadores de desarrollo oaxaqueño, en prácticamente todos los sectores, no se han movido en décadas. Y en el educativo, en efecto, presentan un panorama de zona de desastre en términos tanto de cobertura como de calidad, sin recursos suficientes y con infraestructura, en algunas zonas, de quinto mundo.
Da grima, ante semejante panorama, constatar que la crisis de la educación es obcecadamente abordada desde la capital del país como si dependiese de modo exclusivo de la irresponsabilidad del magisterio, no del cúmulo de carencias que hacen de la misma un tema multifactorial: presupuesto suficiente, becas, apoyos tecnológicos, infraestructura…
En todo caso, el actual trance, del cual Nochixtlán ha quedado como doloroso símbolo, es resultado de la falta de oficio político para tratar si no de desactivar, sí al menos atemperar un conflicto permanente desde hace mucho tiempo.
Una batalla que esta vez arrancó con el rechazo de la CNTE a la discutible reforma educativa y siguió con estrambóticas advertencias de despido, aun de decenas de miles de docentes si fuera necesario, más el selectivo encarcelamiento de líderes ciertamente indefendibles. Todo, aderezado con inadmisible cerrazón al diálogo, negación por entero de la política.
Rebalsaron el vaso los cierres carreteros. Más aún porque tuvo que pasar una semana —prueba patente de negligencia— desde el inicio de 37 bloqueos, antes de que el gobierno federal y el estatal actuaran —y actuaran mal— para desalojar a quienes estrangulaban las vías. Durante todo ese tiempo la Ciudad de Oaxaca y el estado en general quedaron virtualmente aislados del resto del país.
En los puntos obstruidos, particularmente en Nochixtlán, se formaron hileras de varios kilómetros de tráileres, pipas y camiones con mercancía y productos perecederos, sin que ninguna autoridad se percatara de ello hasta que vieron pollos vivos revoloteando en la llamas.
Cuando se dieron cuenta de las consecuencias de la obstrucción del tránsito, el gobernador Gabino Cué y los funcionarios de Gobernación, en especial del Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, destacaron a Nochixtlán 800 policías federales y estatales. Los enviaron sin armas y ni siquiera toletes a un operativo a 90 kilómetros de distancia.
El plan resultó tan chapucero que los policías —afirman sus jefes— acabaron emboscados. Entonces pidieron refuerzos. Y desde 90 kilómetros partió un contingente armado que se enfrentó con los manifestantes. ¿El saldo? Ocho muertos, todos civiles.
Una sarta de mentiras envuelve esta tragedia, de la cual no hay ni un responsable. El gobernador sigue en su puesto y ningún funcionario ni jefe policiaco se halla ante la justicia o, como mínimo, camino a casa por incompetente.
De haberse actuado a tiempo, en cuanto se instaló el primer bloqueo con sólo unos pocos manifestantes, el país tal vez se hubiera ahorrado la triste y peligrosa situación en que ahora se halla.
Ya hay diálogo; pero, no nos hagamos ilusiones. La alta conflictividad social en Oaxaca data de más de cuatro décadas. Y no hay indicio alguno para esperar un cambio.
La persistente situación data de la pugna universitaria que en marzo de 1977 desembocó en la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino y gestó la CNTE. De entonces a la actualidad, siete presidentes de la República, nueve gobernadores, 16 secretarios de Educación Pública y tres caciques del sindicato de maestros han actuado con absoluta dejadez frente al problema magisterial.
¿Quiénes? Los presidentes José López Portillo, cuyo secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, atizó el conflicto que tumbó a Zárate Aquino; Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari —en cuya administración en el SNTE cayó Carlos Jonguitud y subió Elba Esther Gordillo—,Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, que quitó a Elba Esther y puso a Juan Díaz de la Torre.
Asimismo, los gobernadores Zárate Aquino, el general Eliseo Jiménez Ruiz, Pedro Vázquez Colmenares, Jesús Martínez Álvarez, Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab, Ulises Ruiz y Gabino Cué. Mandatarios, la mayoría, cuyo paso por el gobierno se caracterizó por una patética grisura y una indolencia criminal frente al problema específico de la educación y el magisterio.
Peor aún, la mayoría de esos gobernadores ejerció el poder sin noción de grandeza ni del servicio público, de modo patrimonialista, con escandalosa corrupción y un nepotismo aun vigente, que cancela toda esperanza de cambio.
Jiménez Ruiz llegó al gobierno porque —a decir de López Portillo en sus Memorias— fue el militar “que terminó con la guerrilla de Lucio Cabañas”; Ramírez López, en sus inicios con amplia aceptación popular, inhibió la formación de cuadros políticos estatales al rodearse de una denominada “legión extranjera”, que acaparó altos puestos, saqueó el estado y continuó aún en el gobierno de Carrasco Altamirano, el vástago panista del dirigente de la CNC, Diódoro Carrasco Palacios.
Y Murat Casab, de quien sobran referencias sobre su autoritarismo y corrupción, y de cuyo nepotismo habla el gobernador electo Alejandro Murat Hinojosa. Como hablan del de Ramírez López Narcedalia y Luis Antonio Ramírez Pineda, entre una legión de parientes enchufados a la política.
En el ámbito federal, el colmo del descaro, no han tenido recato actores que frente a la perspectiva de diálogo y con el tono de quien dice: ‘para eso sólo yo’, exigen, severos, no lucrar políticamente con la tragedia.
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Fuente: Crónica.
















