Por: Carlos Matienzo.
El pretexto, sin embargo, choca ya con un hecho inexcusable: es en México, no en Estados Unidos, donde hay gobernadores que nombran a capos como secretarios de seguridad
Ante la nueva embestida “antiterrorista” de Estados Unidos en México, ha renacido cierta inclinación a esconder nuestros males detrás del victimismo bilateral.
Esa narrativa en la que la guerra contra las drogas es una imposición irracional e hipócrita de los estadounidenses drogadictos y en la que nosotros, inevitables productores, casi por inercia, hemos inundado nuestro país con descabezados y fosas clandestinas.
El pretexto, sin embargo, choca ya con un hecho inexcusable: es en México, no en Estados Unidos, donde hay gobernadores que nombran a capos como secretarios de seguridad; donde el partido oficial se financia con dinero mafioso; donde en las carreteras transitan grupos armados; y donde asesinan a decenas de candidatos en cada elección. El asunto es que si se legalizara el comercio de drogas en todo el continente nada de eso cambiaría.
Sí, el problema de origen fue el narcotráfico y el régimen prohibicionista desde la década de los 30, pero hoy es mucho más que eso. Estamos ante la captura territorial e institucional del Estado por parte de un poder paralelo que extrae rentas de los mexicanos y administra la “justicia” donde el gobierno no lo hace. Es el mar de extorsión del que hablaba Lomnitz; un asunto esencialmente de formación de Estado, donde el narcotráfico es solo un rostro de sus carencias.
El cobro de piso y otras formas de extorsión son la manifestación más grave de esta tragedia. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, el principal delito que afecta a las unidades económicas en el país es justamente ese, y en el 67% de los casos se entrega lo solicitado.
La presencia territorial del crimen organizado afecta a todos los sectores: transportistas que pagan cuota a criminales para poder transitar; restauranteros que, bajo amenaza, deben comprar la carne a ciertos proveedores; terrenos invadidos; taxistas amenazados; gasolineros que son obligados a adquirir combustible robado o a quienes ordeñan sus pipas. Los costos se trasladan al consumidor. ¿Nadie se ha preguntado por qué la gasolina es más cara en Puerto Vallarta? ¿O de qué tamaño es la inflación inducida por las mafias?
Nada de esto tiene que ver ya con el tráfico de drogas, ni con Estados Unidos. El denominador común es el vacío que el gobierno mexicano ha dejado en su propio territorio. Un vacío que abrió la puerta a las pulsiones extraterritoriales de los americanos. La designación de los cárteles como terroristas es mucho más que un “show”. Bajo la figura de “apoyo material al terrorismo” las empresas que pagan extorsión pasan de víctimas a victimarios, y pueden ser objeto de sanciones severas.
La indefensión de las personas y los negocios en México corre por tres vías: la del crimen organizado, que aplica su sistema impositivo; la de los poderes extraterritoriales de Estados Unidos, que ahora nos trata a todos como potenciales terroristas; y, finalmente, la del gobierno mexicano, que cada vez cercena más nuestras libertades civiles a y ofrece una justicia sectaria. Gran parte de lo que se tiene que corregir está de este lado de la frontera.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















