Por: Guillermo Lerdo de Tejada.
La elección judicial de este domingo es una puesta en escena diseñada para dar apariencia de legitimidad a un proyecto del oficialismo que, disfrazado de demanda popular, busca liquidar la independencia del Poder Judicial
En mi opinión personal -que no pretende ser prescriptiva- abstenerse de avalar un error es tan necesario como participar para construir una solución.
No contribuir a la destrucción es tan ético y cívico como contribuir a edificar. Cuando la elección es una farsa, sus opciones están predeterminadas y su resultado inevitablemente traerá menos justicia, más corrupción y mayor abuso, el rechazo a participar se vuelve una forma legítima de tomar partido.
La elección judicial de este domingo es una puesta en escena diseñada para dar apariencia de legitimidad a un proyecto del oficialismo que, disfrazado de demanda popular, busca liquidar la independencia del Poder Judicial. El objetivo: desactivar el último contrapeso republicano, concentrar aún más el poder y desmantelar los últimos mecanismos de defensa ciudadana. Participar en este montaje no alterará el resultado de esta imposición cupular, pero sí ayudará a sostener la ficción de que se trata de un mandato democrático.
Es cierto que mejorar la impartición de justicia -desde sus excesos burocráticos hasta su corrupción estructural- es una demanda legítima. Pero la elección de jueces y magistrados planteada no resolverá esos problemas: los agravará. El proceso llenará el Poder Judicial de perfiles inadecuados, subordinados a intereses políticos, económicos y, en algunos casos, criminales. Votar en estas condiciones es avalar conscientemente un daño deliberado al país.
La reforma que habilitó esta elección fue producto de una sobrerrepresentación espuria en el Congreso, una mayoría que el oficialismo no obtuvo en las urnas. Se impuso sin diálogo con las oposiciones, sin escuchar a expertos ni responder a las verdaderas expectativas ciudadanas. Participar en este contexto es regalarle a esa imposición una legitimidad democrática que no tiene ni merece.
Las candidaturas fueron definidas por comités a modo y tómbolas arbitrarias. Los ciudadanos no contaremos los votos como lo hicimos durante tres décadas. Las boletas no utilizadas no serán anuladas ni vigiladas, quedando expuestas a uso indebido. El proceso entero es opaco, absurdo y plagado de irregularidades. Asistir a esta simulación es convalidarla; es normalizar una aberración que debería ser rechazada de forma tajante.
Incluso si alguien decidiera documentarse a fondo, enfrentaría una tarea imposible: valorar adecuadamente los perfiles y trayectorias de todos los candidatos. La elección se ha reducido a una instrucción partidista. Las clientelas del oficialismo reciben “acordeones” con nombres para votar a ciegas, sin convicción ni deliberación.
Los nuevos jueces y magistrados estarán mayoritariamente alineados al gobierno. Quienes resulten electos con vocación independiente serán presionados o removidos por el nuevo “Tribunal de Disciplina”: un órgano inquisitorial, sin controles ni contrapesos, creado para garantizar la sumisión del Poder Judicial. Y cuando los ciudadanos queden indefensos ante el abuso del poder, cada voto de este domingo será invocado para justificarlo como voluntad popular.
No estamos ante un “experimento” ni un “primer intento perfectible”, como sostienen los propagandistas y algunos analistas ingenuos. Es un mecanismo conscientemente opaco y discrecional para capturar el último contrapeso institucional. Una operación quirúrgica para desmantelar lo que aún queda de democracia constitucional.
El gobierno llama a votar para vestir esta imposición con el ropaje de la participación ciudadana. Si fuera una verdadera demanda popular, debería esperarse una participación de al menos 36 millones de votantes -los que respaldaron al oficialismo en 2024- más los que pudiera convocar ahora. No alcanzar ese umbral, desnuda la mentira del mandato popular, mucho más la de una supuesta legitimación mayoritaria, que exigiría más del 50% del padrón de 100 millones de electores.
Entonces, ¿qué hacer? Documentar la farsa. Denunciar el acarreo, el uso de recursos públicos, la opacidad del proceso y los efectos que, sin duda, tendrá sobre la impartición de justicia. La imposición se consumará, pero al menos puede evitarse que se vista con una legitimidad que no tiene ni en las urnas ni en el proceso legislativo. El objetivo es claro: aumentar el costo político y social de normalizar esta aberración, aunque no podamos revertirla de inmediato.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















