Por: Vicente Bello.
Tuvo que venir a México la canciller alemana Ángela Merkel y pedir a Enrique Peña Nieto justicia y protección para los periodistas mexicanos, para que entonces comenzasen a suceder hechos inéditos en el país, como esto de las recompensas de un millón y medio de pesos para quienes aporten datos sobre los asesinatos de seis de los siete periodistas ejecutados en lo que va del año.
El gobierno de la República publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que ofrece seis recompensas de un millón 500 mil pesos cada uno, para quienes aporten información que conduzca a la detención de los responsables de los asesinatos de seis de los siete periodistas que han sido muertos este año.
Los seis casos corresponden a Cecilio Pineda Brito, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y Sonia Córdova Oceguera.
En el acuerdo publicado en el DOF no se explica, sin embargo, por qué no incluyen las recompensas para el resto de periodistas cuyas muertes continúan sin ser esclarecidas. De 2010 a la fecha, suman 126 compañeros ejecutados, incluso a sabiendas de que sólo dos casos fueron investigados, y conocidos los motivos, así como los autores materiales e intelectuales, ahora encarcelados.
A quien no incluyeron en la lista de los siete periodistas asesinados este año fue a Ricardo Monlui, periodista de Veracruz muerto en marzo pasado. Y tampoco se habla ni se ofrece nada para la aparición del periodista michoacano Salvador Adame, levantado por un grupo armado en mayo pasado, cuando salía de la cabina de la estación de televisión donde laboraba.
Pero, dicha publicación en el periódico oficial del Estado mexicano, no fue el único resorte que Enrique Peña Nieto movió ayer, tras la visita de Ángela Merkel. Este mismo martes, el subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se apersonó ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dar los siguientes avisos:
“Se fortalecerá el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y se crearán unidades estatales para emitir alertas tempranas a fin de detectar posibles agresiones”.
Además de Roberto Campa, se apersonaron también Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
Varios oradores, pero uno provocó silencios: Vidal Llerenas Morales. He aquí partes medulares del diputado federal:
“Uno no encuentra que hay una o dos o tres condenas a estos crímenes a periodistas, dependiendo de la fuente que uno vea. Entonces es como 90 y tantos por ciento de impunidad, que más o menos es el del país. Es decir, aquí a lo que nos enfrentamos es a ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas; jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera.
“¿Es inevitable lo que está sucediendo, dado lo que está sucediendo en el resto del país? ¿En realidad estamos ante una crisis profundísima del sistema de impartición de justicia? Y esto es parte de eso. Es decir, ¿somos tan incapaces de proteger a periodistas como somos incapaces de proteger al resto de la gente?
“¿Ante esto hay alguna cosa qué hacer? O el gobierno, ¿qué está planteando?. Es decir, me parece que en el fondo no podemos salir de la perspectiva de una profundísima crisis del sistema de impartición de justicia.
“Y creo que tampoco podemos dejar de hablar del tema de la estigmatización. Es decir, esta idea de que quienes defienden derechos humanos protegen a los delincuentes y entonces están en contra de las funciones del Estado. Y ahí se genera, me parece a mí, un círculo vicioso peligroso para estas personas.
“Si uno ve la página en este momento de la página de Artículo 19, se mete uno a la página, todos los casos que en este momento tienen como urgentes o los últimos casos, tiene que ver con el gobierno. ‘Policías estatales agreden a periodistas cuando cubrían traslado de reos en Tamaulipas’, primera noticia. Segunda noticia: ‘Periodista es detenido y agredido por elementos de seguridad en Tabasco’. Tercera noticia: ‘Agreden a reportera en Guanajuato tras cuestionar manejo identificado de recursos’.
“Artículo 19 dice que el 53 por ciento de los casos tienen que ver con gobiernos y lo que se planteando ahorita es trabajar con gobiernos. Es decir, no es tan ciento que es siempre el crimen organizado quien pone en peligro siempre a los periodistas. La verdad es que los gobiernos son los que también los ponen en peligro. Insisto: las tres últimas noticias que uno puede leer en el portal de Artículo 19, tienen que ver con gobiernos.
“Y las preguntas muy concretas son: ¿por qué no se solicita dinero para esto? Porque el presupuesto pues lo solicita el Gobierno Federal, ¿no? Segundo: ¿por qué hay un incremento de los homicidios a periodistas y de los delitos contra periodistas en el último año? Tan sencillo como eso: ¿cuál es el diagnóstico? Y el tercero es: ¿por qué nunca se detiene a nadie?
“Si pudiéramos contestar estas tres preguntas, pues podemos partir de la realidad del asunto y de realmente plantear políticas. Y finalizo con esto: es también en el tema del estigma que estoy diciendo. Siempre que hay un delito contra un periodista resulta que el periodista tenía muchas parejas, que tenía algún negocio; siempre hay otra línea de investigación”.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















