Por: Ricardo Morales.
La cadena de impunidad que se ha extendido en otros gobiernos amenados de Morena, en Puebla se rompió luego de que el pasado 30 de septiembre, la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del poder judicial local, falló en contra de María Teresa Castro Corro encontrándola culpable de desvío de recursos y daño patrimonial en contra de la hacienda pública municipal por un monto de 604 millones de pesos, depositados en Banco Accendo.
Castro Corro fungió como secretaria de Finanzas de la administración estatal que encabezó el fallecido gobernador, Miguel Barbosa, del 1 de agosto de 2019 al 30 de junio del 2023, meses después de la muerte del exmandatario y luego de que se detonó este escándalo de la colocación de recursos en Banco Accendo, mismo que se declaró en quiebra.
El gobierno del estado, en ese tiempo, ocultó la información de este tema, así como también el de Fondika, otra institución de crédito en donde se depositaron mil 600 millones de pesos, los cuales también se habían perdido.
Muy difícilmente se hubiera podido conocer el desfalco de Accendo y Fondika, si no hubiera muerto el entonces gobernador Miguel Barbosa, quien falleció el 13 de diciembre de 2022, tomando la responsabilidad como mandatario sustituto, el entonces líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien no quiso cargar con ese compromiso y filtró la información para que se diera a conocer.
Nadie, hasta ese momento, sabía que el gobierno había perdido 604 millones de pesos en un banco que quebró y eso nos habla también de un tema de transparencia y de rendición de cuentas, pues nunca se sabe qué hacen los gobiernos con el dinero que colocan en instituciones de crédito, ni a qué plazo se mete, qué rendimientos se obtienen y en qué se utilizan estos recursos.
Cabe señalar que la ley les permite a los gobiernos locales colocar una parte de sus recursos en instituciones de crédito, es el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios permite a estos colocar parte de sus recursos, siempre y cuando se trate, dice la propia ley, de instituciones que cumplan criterios de seguridad financiera y rentabilidad y liquidez.
Es obvio que, en el caso de Accendo y Fondika, el gobierno del entonces mandatario, Miguel Barbosa, no cuidó estos criterios y ocurrió que el banco quebró y se perdieron los recursos, ya que hasta la fecha no se han podido recuperar.
Tere Castro no es la única responsable de lo que ocurrió, según ha trascendido hay otro funcionario de finanzas también señalado como responsable, así como también la entonces Contralora Estatal y luego titular de la Auditoría Superior del Estado, Amada Gómez, también tiene su parte de responsabilidad por no informar acerca de este tema.
Fuente: Municipios.
















