Por: Guillermo Zamarripa.
* La legislación vigente permite actuar en contra de quien expide o utiliza comprobantes falsos…
En la semana, se aprobó en el Senado de la República una serie de modificaciones a diversas leyes para que la defraudación fiscal se castigue como delincuencia organizada.
En concreto, la conducta más relevante es la facturación falsa.
Lo relevante es si antes se podía o no hacer algo. El problema no estaba en el marco legal ni en la capacidad de fiscalizar, sino en la voluntad de hacerlo.
La modificación hace explícita la prisión preventiva y el periodo de cárcel que va de dos hasta nueve años a quien expida o use los comprobantes que no tengan una operación real como respaldo.
Además de la tipificación del delito y de la definición de la pena, se califica esta actividad como delincuencia organizada.
La implicación de lo anterior es que este tipo de conducta respecto del fisco es casi equivalente a ser narcotraficante. Por esta razón, la reacción justificada de muchos, de argumentar que se puede volver la parte fiscal una herramienta de presión política.
Si bien todo lo anterior es relevante, para el análisis me voy a concentrar en la situación actual y si esta reforma era necesaria.
El primer aspecto es que si bien no se tenía un marco legal tan específico, la legislación vigente permite actuar en contra de quien expide o utiliza comprobantes que son falsos.
Por lo tanto, no se puede argumentar que el SAT estaba indefenso ante este tipo de conductas. En caso de identificar un comprobante de este tipo podía actuar.
El segundo aspecto tiene que ver con la identificación. Para entender las capacidades que hoy tiene el SAT voy a describir lo que se vive como contribuyente.
Cuando uno expide un comprobante de honorarios está a disposición de la autoridad el archivo en formato pdf y xml.
Lo mismo sucede cuando se incurre en un gasto y se pide factura. La factura incluye muchos datos como uso, descripción, clave, entre otros.
Al preparar la declaración anual, es de llamar la atención cómo el sistema del SAT tiene precargada toda la información de la actividad que se tuvo durante el año y uno solamente revisa que la información emitida sea correcta.
Es decir, en las bases de datos hay una gran cantidad de información que han sistematizado para facilitar el proceso de quien declara, pero que también la pueden utilizar para fiscalizar.
En esta época con la tecnología y los sistemas, se tiene gran capacidad de procesamiento y análisis. La pregunta es si con toda esta información, se podría explotar o no para fiscalizar lo relativo a facturas falsas.
Usando herramientas de inteligencia artificial, es altamente probable identificar a quien expide y a quien utiliza una factura falsa. Lo anterior me lleva a concluir que si la conducta sigue es porque no hubo voluntad de actuar de la autoridad en la administración anterior.
Mi conclusión es que el tema de facturación falsa no era uno de marco legal ni de capacidades, sino de voluntades.
Lo preocupante de esta situación es que seguimos con la visión de que para solucionar todo hay que hacer un cambio a la ley. No se reconoce que el gran problema del país es la no aplicación de la ley.
Este enfoque lleva a que el endurecimiento gradual de las leyes llegue a extremos como el que proponen que las facturas falsas sean delincuencia organizada.
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Fuente: Excélsior.
















