Por: Alfonso Zárate.
Están viendo la tempestad y no se hincan.
Los largos años del autoritarismo mexicano estuvieron marcados por varios rasgos ominosos, entre ellos: el endiosamiento del Señor Presidente, siempre con mayúsculas; las unanimidades forzadas; el fraude electoral (en el caso de Chihuahua, 1986, se llegó a hablar de “fraude patriótico”);
el control de las organizaciones sindicales a través de liderazgos impuestos desde el gobierno; la represión a los disidentes y, en el extremo, la Guerra Sucia; la corrupción y el patrimonialismo que implicaban la apropiación de los recursos públicos por camarillas políticas o burocráticas; y, de manera central, la opacidad: lo que ocurría en las entrañas y subterráneos del poder se preservaba como secreto de Estado.
La erosión del viejo sistema político estuvo precedida por diversos intentos para abrir cauces a la democracia, la alternancia a regañadientes en algunos municipios y entidades federativas, y la incipiente transparencia que respondía al reclamo social de “hacer público lo público”.
La segunda alternancia —el regreso del PRI a la Presidencia— portaba el riesgo de una regresión; no obstante, la atomización del poder, la incipiente división de Poderes, los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, la creación de observatorios ciudadanos y la autonomía relativa de los medios de comunicación parecían constituir límites infranqueables. Algunas señales recientes indicarían que no ha sido así.
Los abusos y el cinismo de políticos y funcionarios llevaron a algunos a definir al régimen mexicano como una cleptocracia. Siendo una constante los abusos del poder, en los años recientes la clase gobernante ha exhibido una voracidad inaudita. De allí el valor de los intentos de quienes, desde distintas trincheras, propugnan por inhibir la corrupción y fortalecer la transparencia a través de un auténtico sistema de rendición de cuentas.
Sin embargo, en momentos en que el presidente Enrique Peña y su gobierno están sometidos a un fuerte escrutinio por la adquisición de propiedades ostentosas a empresas constructoras beneficiarias de contratos de obra pública, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República irrumpe en un debate en el Senado que ha llevado dos años, contando con la participación de instancias respetadas y respetables de la sociedad civil, para aterrizar la reforma constitucional en materia de transparencia publicada el 7 de febrero de 2014.
Las “observaciones” que llegan desde Los Pinos intentan lastrar las reformas constitucionales o, incluso, dar marcha atrás a lo avanzado en años recientes buscando intimidar a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (si se atiende su propuesta, los comisionados podrían ser sancionados por “revelar información que afecte el cumplimiento de las funciones de los sujetos obligados”).
Este intento exhibe a una facción de la burocracia gobernante insensible y torpe, que no entiende ni el momento que vive el país ni la delicada situación del presidente Peña Nieto y varios de sus colaboradores más cercanos.
Es imperativo, en consecuencia, que los senadores de la República cumplan su responsabilidad con dignidad e independencia y respondan al reclamo de expertos y organismos civiles especializados. Los diez puntos que propone el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos deben ser atendidos puntualmente en la redacción de la Ley General de Transparencia. La apuesta regresiva por la opacidad debe ser frenada por una razón muy simple: no hay democracia real, vigorosa, que florezca en lo oscurito.
Fuente: Azdiario.mx
















