Por: Aurelio Ramos Méndez.
Tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Desde hace muchos años la corrupción ha permeado todos los estamentos sociales, hasta el punto de que, sin exageración ni hipocresía, de algún modo todos los mexicanos participamos de este fenómeno.
Y, en estas condiciones, en efecto, se necesita una amnistía económica general, amplia y definitiva para todos los mexicanos.
Es de tal dimensión el problema de la deshonestidad que, ciertamente, si se buscase castigo para todos los corruptos no habría cárcel para tanto pillo.
Cuesta trabajo, sin embargo, tragar el nauseabundo brebaje de un borrón y cuenta nueva, al grito de ¡lo robado, robado!, y la inverosímil promesa de que, de aquí en adelante, no habrá ni el más leve asomo de impunidad.
Es impasable la oferta en tales términos, por la sencilla razón de que hay de ladrones a ladrones.
La corrupción, se ha dicho con machacona insistencia en este espacio, es asunto de moral, no de economía. Da lo mismo robar un peso que un millón o cien o mil millones de pesos.
Mas, también es cierto, hasta el homicidio —el peor de los delitos— tiene en la legislación diversas tipificaciones y sanciones.
En modo alguno es lo mismo si se trata de homicidio simple, imprudencial o culposo, que agravado, doloso, calificado, o de plano un asesinato con alevosía y ensañamiento.
Puestas así las cosas, ¿están en la misma categoría un ¬corrupto que se alzó con millones de pesos porque lucró con la privatización de empresas del Estado, traficó con influencias o le metió mano directamente a los dineros públicos y hasta se coludió con mafiosos, y un agente de tránsito que recibió una mordida?
¿Son comparables Javier Duarte o un secretario de Estado o líder de partido que desvió centenares de millones de pesos de algún presupuesto estatal, con un burócrata raso que pide dinero por algún trámite gratuito?
Y, en atención a la coyuntura, si habremos de creerle a El Rey Jesús Zambada, vale preguntar: ¿Hay diferencia entre El Chapo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Genaro García Luna? ¿Y entre éstos y un ciudadano del común orillado a dar soborno para, por ejemplo, recibir dotación de agua de una pipa?
Tiene sentido tal comparación porque los primeros cuatro fueron acusados —y por lo mismo equiparados— de gravísimos delitos por un mismo delincuente, cuyos dichos tienen que ser valorados no al contentillo sino como ciertos o falsos en los cuatro casos por igual.
Son infinitas las posibilidades de relación de los ciudadanos con la corrupción. Sólo desde el fariseísmo se podría negar validez al sarcasmo popular de tiempos de José López Portillo: “La corrupción somos todos”.
Se requiere de una amnistía que, obviamente, incluiría a muchos de quienes lograron treparse al microbús del nuevo gobierno, provenientes de la misma clase política ahora en retirada, usufructuaria durante décadas de la densa corrupción.
Personajes quizá sólo en apariencia redimidos y cuyo lema pareciera ser aquello de “lo bailado, ¡quién nos lo quita!”.
Las notables diferencias de grado en el campo de la corrupción explican la resistencia de la opinión pública, refractaria al perdón.
Algo que con tino han pulsado integrantes del nuevo gobierno, quienes han tenido que sacarle las castañas de la lumbre al tabasqueño.
Ricardo Monreal aclaró que si hay denuncias, las autoridades deben actuar, con independencia de la voluntad o la opinión de un legislador o algún miembro del Ejecutivo.
Y que en el Legislativo proseguirá el esfuerzo para darle al país un marco jurídico para el combate de ese extendido fenómeno. “Vamos a construir el marco jurídico para que nunca más se vuelva a saquear al país”, dijo.
Similares precisiones han hecho Zoé Robledo y otros allegados al de Macuspana, e incluso Claudia Sheinbaum, quien anticipó que en la capital los actos de ¬corrupción presentes o pasados serán castigados y no habrá impunidad que valga.
Como quien dice: ni persecución ni perdón; se castigará lo que tenga que castigarse. Y sin necesidad de consultas ni de jurado popular, del cual no se salvó ni Jesús. Éste puede ser un buen punto de partida para iniciar la moralización.
En los últimos lustros el narcotráfico ha sido el motor de la delincuencia en sus diversas expresiones y la principal fuente de ¬corrupción. La causa número uno del grave deterioro moral e institucional que experimenta nuestro país.
De ahí la alta, y desde luego punible, responsabilidad que atañe en el actual estado de cosas a quienes han conducido el gobierno y aplicado políticas y estrategias fallidas.
En particular Calderón y Peña Nieto, cuyas administraciones —ahora se sabe— estarán históricamente marcadas con un recuento macabro: 105 y 125 mil muertos en cada caso.
¿Califica como corrupción el triste desempeño de ambos gobernantes? O, peor todavía, ¿fue la corrupción el principal acicate para el sostenimiento, contra viento y marea, de estrategias patentemente equivocadas?
Tal como ha sido expuesto aquí hasta la necedad, el río de dinero que el narco reporta no se esfuma sino que ingresa al circuito financiero y nutre las actividades económicas más inverosímiles, sin que los ciudadanos nos percatemos de cómo y dónde.
Se benefician de este delito, así sea de manera indirecta los espectadores de un partido de futbol de las ligas y clubes infiltradas por el narco.
Y los huéspedes de hoteles levantados con recursos de origen ilícito, quienes no piensan dos veces antes de alojarse sino que simplemente cierran los ojos y sanseacabó.
O los padres de familia cuyos vástagos acuden a jardines de niños u otros planteles erigidos con dineros calientes, que de seguro ni por error reparan en el mecenazgo del plantel donde estudian sus hijos.
¿Solicitan certificado de origen del dinero los propietarios de agencias de distribución de autos cuando personajes de solvencia inusitada pagan en efectivo el importe aun de flotillas completas?
Los sacerdotes que a lo largo del país reciben regias y anónimas limosnas destinadas a la reparación de templos y obras pías, ¿habrán caído en la cuenta de la muy probable y pecaminosa ruta de tales donaciones?
¿Y los alcaldes recipiendarios de aportaciones para el asfaltado del camino, la pavimentación de la cancha deportiva o la remodelación de la escuela?
En modo alguno, pues, resulta desmesurada la propuesta de amnistía económica.
Por más que quienes hacen bulla son los más necesitados de purificación de capitales forjados al amparo de la deshonestidad, ya sea en el servicio público o la actividad empresarial.
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Fuente: Crónica.
















