Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, anunció, el lunes pasado, que el proceso de evaluación docente no se suspende indefinidamente como lo había comunicado la dependencia el pasado 29 de mayo. El comunicado de prensa del 29 de mayo, destacó Chuayffet, obedeció a dos razones: 1) a “cuestiones técnicas”,
como falta de computadoras y conectividad y 2) a “una extrema prudencia política que se fincó en las leyes electorales y no en el capricho”. Textualmente el secretario señaló que “con la emisión del comunicado no se ha roto el orden jurídico ni se invalidó ningún precepto de los que rigen a la reforma educativa”.
No coincido con esta afirmación. Comencemos por lo más obvio: un comunicado de prensa no es un acto de autoridad en estricto sentido jurídico. Por ello, carece de fundamentación y motivación, es decir, no hace referencia a las normas jurídicas que respaldan la suspensión de la evaluación docente, ni explica por qué se aplican esas normas al caso concreto. Tampoco está firmado por la autoridad que supuestamente tomó la decisión. Se trata, por lo tanto, de un acto que no cumple con las formas mínimas del derecho. ¿Por qué el gobierno decidió paralizar la reforma educativa de una manera tan poco ortodoxa?
Visto de forma retrospectiva, es posible que el gobierno no pretendiera suspender la evaluación de modo definitivo, por ello lo hizo a través de un comunicado de prensa y no de un acto de autoridad formal. Aunque faltan piezas del rompecabezas, también es posible suponer que ese comunicado sólo tenía que ver con el contexto electoral y que quizá fue un elemento más de la negociación con la CNTE, para que ésta no saboteara, como amenazaba hacerlo, el proceso electoral en algunas entidades del país. Si ello fue así, la verdad es que les salió muy bien: el INE logró instalar casi todas las casillas y los actos violentos de la CNTE fueron aislados y de poco impacto a nivel nacional. En el corto plazo el gobierno ganó, en el mediano plazo sabremos a qué costo.
En la reforma educativa, como en las otras reformas estructurales, hay grupos de interés organizados que se resisten a ellas y que pueden utilizar, como la CNTE, diversas estrategias de chantaje y amenaza para frenar su implementación. El precedente de la CNTE parece dejar claro que en la mesa de negociación con estos grupos opositores (la CNTE incluida) puede estar inclusive lo que se supone que no es negociable: la fuerza normativa de la Constitución.
La Constitución determina y delimita el marco de actuación legítima del Estado. Si su fuerza normativa se debilita, se abre espacio a una negociación incesante entre las fuerzas sociales y políticas sin dirección determinada, ni marco jurídico que defina lo que cabe dentro de esa negociación. Si bien la justicia constitucional sirve para garantizar la fuerza normativa de la Constitución, no hay manera en que una reforma estructural, la que sea, se pueda implementar a base de amparos y decisiones judiciales. La justicia constitucional no da para tanto. Le corresponde a todos los poderes públicos, y no sólo a los jueces, hacer efectiva la Constitución. En este sentido, resulta muy delicado, en términos de la gobernabilidad democrática, negociar el marco constitucional que define los parámetros básicos de lo no negociable y que es la fuente de legitimidad de las acciones de gobierno.
Además, en términos más concretos, negociar la Constitución es desconocer los acuerdos políticos que subyacen en cada una de las reformas estructurales. Como todos sabemos, estas reformas son producto de un amplio y complicado proceso de negociación que involucró a muchos actores: a los líderes de los partidos, a los senadores, a los diputados, a los gobernadores, a los grupos de interés, etcétera. Ese complejo proceso de negociación, propio de una reforma constitucional, es la fuerza legitimadora detrás de las reformas estructurales, la cual es indispensable para vencer las resistencias a su implementación. Poner en la mesa de negociación a la Constitución es desconocer esos acuerdos políticos fundamentales y opacar el éxito más importante de esta administración: haber logrado los consensos políticos para reformar lo que parecía no reformable.
Fuente: Reforma.
















