Por: Raúl Contreras Bustamante.
Dentro de la Teoría Constitucional, existen dos posturas opuestas respecto a los alcances que pueden tener los procesos de reforma de una Constitución. Hay algunos doctrinarios que se pronuncian a favor de que el poder revisor goce de facultades ilimitadas.
En contraposición, autores como el prestigiado constitucionalista alemán Carl Schmitt, se inclinan a favor,
de sostener que las reformas a una Carta Magna deben estar circunscritas a una reformabilidad limitada.
Schmitt consideraba, que dentro de la Constitución existen una serie de “decisiones políticas fundamentales” que —por su trascendencia— no son susceptibles de modificarse. El principal argumento, consiste en que dada la importancia que tienen ciertos principios contenidos en el texto constitucional, su eventual reforma representaría una alteración a la esencia misma del Estado.
Durante muchos años, consideré que el manejo exclusivo del Estado mexicano —que la Constitución tutelaba— sobre los recursos estratégicos como el petróleo, la electricidad y sus derivados; formaba parte de esos principios políticos inalterables.
Esta semana el Congreso de la Unión, casi terminó de aprobar las legislaciones secundarias en materia energética, que complementarán la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, misma que se publicó en elDiario Oficial, el pasado 20 de diciembre. Como parte toral es de destacarse, que dos de las empresas paraestatales más importantes del país, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dejarán de existir —como venían funcionando— y se convertirán en “empresas productivas del Estado”.
Esto significa, que seremos testigos del fin de la era de Pemex y CFE como autoridades monopólicas en materia petrolera y energética; y veremos cómo sus funciones actuales serán repartidas entre muchos entes institucionales, dependencias y empresas privadas.
Las preguntas que surgen son: ¿cómo pudo producirse esta reforma estructural tan importante? ¿Por qué dejó de ser fundamental la defensa del monopolio que el Estado ejercía? ¿Por qué se conjuntaron tantas fuerzas políticas a favor de estos cambios? La respuesta a mi juicio, creo puede resumirse en tres rubros:
1. El Pueblo dejó de sentir devoción a la doctrina de que el petróleo y la electricidad son de su propiedad. La ideología nacionalista se fue haciendo pedazos con cada alza en los cobros de dichos servicios. Pocas cosas han sido más inflacionarias y han empobrecido tanto a las clases medias y bajas —en los últimos años— que los incrementos a la gasolina, el gas y las cuotas eléctricas.
2. La ciudadanía se hartó de escuchar respecto a la corrupción que ha imperado en la administración de esas empresas; de las increíbles riquezas acumuladas por sus directivos; contratistas y líderes sindicales.
3.- El manejo monopólico, creó gobiernos conformistas, dispendiosos e irresponsables. La riqueza petrolera no se tradujo en bienestar para la población, sino en la principal fuente de recaudación fiscal del gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda ha esquilmado las ganancias a estas empresas —desde siempre— y las destina, en su mayoría, al gasto corriente; a subsidiar a las entidades federativas; y de forma marginal, a la inversión pública. Ello impidió el desarrollo y proyección de las propias entidades públicas.
Este escenario facilitó la construcción de los acuerdos políticos entre casi la totalidad de los partidos políticos representados en el Congreso; y asimismo, diluyó la reacción ciudadana a la que convocaron quienes se opusieron. Las encuestas indican que una mayoría importante de los entrevistados apoya los cambios estructurales consensados.
El Corolario es que el petróleo y la electricidad dejaron de ser una “decisión política fundamental”, debido a que la ciudadanía apoyó la reforma, bajo el lema popular de que: “Peor ya no podíamos estar”.
Fuente: Excélsior.
















