Por: Vicente Bello.
Así como están las cosas en todo el país, el Congreso de la Unión tendría que estar llamando a cuentas al Ejecutivo federal para que rindiera explicaciones de por qué hay en este momento tantos fierros en la lumbre que amenazan seriamente a la gobernabilidad. Pero, inauditamente, diputados y senadores se han dedicado a callar y nada quieren saber de aquella función esencial que el Estado les otorga: Servir de contrapeso constitucional.
Uno. El gobierno de Enrique Peña Nieto incrementó este viernes 1 de julio el precio de las gasolinas. “26 por ciento en lo que va del sexenio”, acusó por la tarde Andrés Manuel López Obrador, el líder más influyente e importante que actualmente tiene el país. Y tildó de “mentiroso” al presidente Enrique Peña Nieto, porque prometió que a partir de 2016 ya no aumentaría el precio de los combustibles. “Estaban esperando que nada más pasaran las elecciones”.
Esta promesa, de hecho, fue uno de los argumentos centrales sobre los cuales el gobierno de Peña y el PRI, Pan y Pvem sostuvieron durante la puja por la reforma energética, cuando en los territorios del Congreso de la Unión –las dos Cámaras federales- se debatía, en julio de 2014, la reforma constitucional en la materia energética para privatizar el sector, cosa que se ha estado consumando desde 2015.
Entonces juraban los priístas que las gasolinas no solo dejarían de subir en su precio, sino que comenzarían a bajar a partir de 2016. David Penchyna era uno de ellos. Y exactamente esa misma argucia era repetida, machaconamente, por Luis Videgaray Caso y por el mismo Enrique Peña Nieto.
Ahora, ¿qué dicen? Nada. Solo actúan en contrario a sus palabras. Como tampoco hace nada absolutamente el Congreso de la Unión, que por su función primigenia de control político, debería en estos precisos momentos de estar llamando a rendición de cuentas a todos los hombres del Presidente encargados de los despachos financieros, económicos y energéticos a explicar por qué sube el precio de las gasolinas si ellos prometieron que nada de esto ocurriría a partir de 2016.
Dos. En Veracruz está sucediendo un pleito tan candente como inédito en la vida del país entre el gobernador constitucional actual y el electo. Javier Duarte, el saliente, está literalmente regalando bienes del estado en perjuicio directo del mandatario que viene, Miguel Ángel Yunes Linares.
Con la complicidad manifiesta de la mayoría que controla al Congreso estatal, Duarte pretende regalar la Casa de Gobierno, para que no sea más la residencia oficial del gobernador. Ha turnado la solicitud al Congreso veracruzano para que se “enajene a título gratuito” la Casa Veracruz en favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ha solicitado también al Congreso que avale la enajenación de dos predios más, del Gobierno estatal: Uno en favor de la Comisión Ejecutivo para la Atención Integral a Víctimas del Delito y el otro para la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.
Ya el Congreso comenzó la labor de zapa contra el gobierno entrante, cuando, con la mayoría priísta, avaló la propuesta de Javier Duarte de regalar dos helicópteros del gobierno de Veracruz.
Esta reacción bestial del gobernador Javier Duarte nunca antes había sucedido algo parecido en la historia de la República. Reacción furibunda a la promesa que hizo Yunes Linares, un día después de que se supo ganador de la elección del pasado 5 de junio, de que Duarte irá a la cárcel.
Entre tanto, el Congreso de la Unión ha permanecido pasmado. Ni un pronunciamiento ha hecho como institución de la República que es. En la sesión de la Comisión Permanente del pasado miércoles, el Pleno –controlado por el PRI- evadió que el orden del día incluyera el Caso Veracruz.
Tres. El Conflicto entre la CNTE y el gobierno de Peña se ha exponenciado a partir del asesinato que en la ciudad oaxaqueña de Nochixtlán perpetraron policías federales o militares comisionados en el cuerpo de la Gendarmería, el pasado domingo 19 de junio. Esta semana, a los profesores movilizados de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se les han sumado mentores de los estados de Tabasco, Nuevo León y Coahuila. Y, este viernes 1 ha comenzado a salir a la calle otra vez la Sección Novena de la Ciudad de México.
Los profesores se sienten engañados por el secretario de Gobernación. Y reiteran que esto no se acabará sino hasta que el presidente anule la reforma educativa.
Y la podría anular muy sencillo: Enviando una nueva iniciativa al Congreso de la Unión, que diputados y senadores procesarían como ahora se disponen a procesar legislativamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por exigencia de la Iniciativa Privada.
Pero se tensaba la cuerda otra vez este fin de semana cuando el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advertía al Magisterio que ya no permitirá bloqueos. La CNTE respondía con más bloqueos en Nuevo León, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y en la Ciudad de México.
¿Y qué hacía en tanto el Congreso de la Unión? Pues nada, incluso cuando el Legislativo contribuyó al aprobar una ley a matacaballo, sin ninguna revisión ni estudio previo.
Y cuatro. El Congreso tampoco ha dicho nada sobre la visita que hizo Enrique Peña Nieto a Canadá, adonde se reunió con Justin Trudeau y Barack Obama, primer ministro canadiense y presidente de los Estados Unidos, respectivamente.
Mucho tendría que preguntar al respecto el Congreso mexicano. ¿Lo hará? Presumiblemente no, por el alto grado de subordinación de los legisladores mexicanos al Presidente de la República.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















