Por: Rafael Loret de Mola.
No es una casualidad que los ordenamientos de mayor proyección universal sean breves y precisos: Los “diez mandamientos”, por ejemplo, o el “libro rojo de Mao”, desde la perspectiva extrema.
Suele ocurrir que el exceso de legislación tienda a confundir al conglomerado y a convertirlo en permanente rehén de las interpretaciones,
casi siempre favorables a quienes ejercen el poder y señalan las líneas a seguir.
Podríamos, a partir de esta evidencia, establecer un silogismo: A mayores enredos más vulnerabilidad colectiva y mayores espacios para la manipulación política. Hay excepciones, claro, pero éstas, como suele decirse, confirman la regla.
De la misma manera, una sociedad sometida a la excesiva presencia de la autoridad, que interviene por todo y para todo, esto es casi sin dejar espacios para las iniciativas individuales –o lo que es lo mismo, para el usufructo de la libertad-, no puede considerarse plena ni feliz.
Y, desde luego, el peso gubernamental asfixiante dista mucho del ideal democrático en el que se ejerce la soberanía popular a través de los mandatarios, esto es de quienes obedecen los designios del mandante, el colectivo en este caso, y no al revés. En México los términos suelen aplicarse en sentido inverso exaltándose los simbolismos oficiosos. Digamos que tal es una tradición acendrada desde los espejismos “revolucionarios”.
La propensión de nuestros gobernantes a reformar y elaborar nuevas leyes sólo choca con la resistencia a formular una nueva Constitución por una premisa fundamental: Los más de quinientos parches impuestos a la misma, por lo general para favorecer las tendencias sexenales colocando el sello del Ejecutivo en turno.
De allí que el cuidado texto de los Constituyentes de Querétaro se convirtiera, sobre todo durante los lapsos de mayor frenesí retórico por el “cambio” en un amasijo de intenciones mal definidas y también confusas como consecuencia de las iniciativas presidenciales aprobadas al vapor, al calor de una complaciente mayoría intransitable, o por efecto de las negociaciones soterradas con sabor a chantaje.
Se han dado, en este sentido, absurdos monumentales como el que anida en el artículo 82, determinante para el arraigado presidencialismo y por largo tiempo candado xenófobo para separar a quienes nacieron en suelo patrio de aquellos que se nacionalizaron después, para habilitar a los “hijos de padre o madre mexicanos” como aspirantes a la silla grande y descalificar, por tanto, a quienes cuentan con sendos progenitores mexicanos. Por supuesto, nadie ha reparado en el error y no ha sido motivo de debate alguno. Dicen que el sentido de la normativa se entiende aunque esté suscrita otra cosa. Cosas de léxicos y sintonías políticas.
De la misma manera, un gobierno que pretende atajar las conflictivas sociales con nuevas leyes y reformas, poco aplicables en sentido práctico, cae de manera irremisible en la demagogia infecunda.
Por ejemplo, en tiempos de Echeverría, el ex presidente que salvó el pellejo al hacerse viejo, se elevó al “rango constitucional”, se dijo, el derecho a la alimentación y un sexenio más tarde, bajo la égida de José López Portillo –“por-pillo”-, perdido entre las faldas de su frivolidad, se hizo lo propio con la vivienda.
Pero tal no significó que se mejorara la dieta general ni que los depauperados contaran con un techo y un espacio dignos. Solo se asentó como derecho lo que socialmente es todavía una quimera. El señor López Portillo, por ello, comenzó y terminó su administración pidiendo perdón en sendos emotivos discursos de
lágrimas fáciles.
También en el espectro electoral se da un fenómeno paralelo: A mayores concesiones de la cúpula del poder a las “minorías”, también una dosis más fuerte de confusiones conceptuales. Hubo un tiempo que cada reforma al respecto se significaba por ampliar el número de curules y escaños en las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.
Hasta un punto en que, para infortunio de los mexicanos, se crearon parcelas familiares, que no partidos, para simular una mayor pluralidad a costa del erario. Y lo peor: De los seiscientos veintiocho legisladores en funciones no cumplen con sus tareas básicas, es decir las de legislar, ni el diez por ciento de los mismos.
Los demás hacen política, interpretando el hecho como la facultad para intentar ganar la carrera por la sucesión en sus respectivas entidades y también con miras a alcanzar la gloria del gabinete, el peldaño clave. Igual ayer y hoy.
¿Para cuándo las reformas de fondo? A veces me asombra la capacidad de adaptación de la clase política, garantes del establishment, para dictar leyes y abonar iniciativas sin que el fondo se conmueva. ¿Para qué sirven, entonces, las alternancias?
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Fuente: Zócalo de Saltillo.
















