Por: CITLALLI ZOÉ SÁNCHEZ.
La noticia dada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido devastadora: en el mes de abril se perdieron 555 mil 247 puestos de trabajo en el país, derivado de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Se trata de medio millón de mexicanos que se quedaron sin una fuente de ingresos y que ahora, se suman a los otros cientos de miles que también tratan de encontrar cómo sobrevivir.
Dadas las condiciones actuales en donde hay pocas contrataciones, es muy probable que la única vía para subsistir sea la informalidad (o ilegalidad) y el autoempleo.
Desde que empezó la emergencia sanitaria la situación laboral de miles de personas se ha ido agravando paulatinamente y en detrimento de sus derechos. Primero, les obligaron a tomar vacaciones, luego, los ‘descansaron’ sin goce de sueldo o bien, con la mitad del salario para después, avisarles que ya no habría trabajo.
Día con día sabemos de tristes historias de gente despedida sin mayores miramientos. El drama así como los abusos continúan sin que autoridad alguna ponga orden. Por ejemplo, en algunas maquiladoras ni siquiera les quieren pagar la indemnización que les corresponde por ley sino que simplemente les piden perdón y les ofrecen unos cuantos pesos como finiquito.
Es lamentable que las empresas pretendan abusar de la necesidad actual de las personas. Los hacen renunciar con la promesa de que una vez se normalice la situación los volverán a contratar, lo cual por supuesto, pueden cumplirlo o tal vez no. De manera que la gente, con la ilusión de que recuperarán su empleo, acceden a renunciar a su antigüedad pero habrá más de uno que se ‘topará con pared’ cuando vea que le engañaron.
En este mar de desempleo, la situación se complicará más para el sector de población con cierto rango de edad, pues es bien conocido que entre más años se tengan, menos probabilidades hay de recontratación.
Ante la escalada de casos de despidos injustificados las autoridades que atienden el tema están completamente rebasadas y prácticamente, ni meten las manos. En cuanto la Junta de Conciliación y Arbitraje reanude actividades, tendrá aún más trabajo pendiente del que regularmente maneja así que se prolongará la resolución de los casos.
No se vislumbra que la situación económica mejore a corto plazo y dependiendo del reinicio de actividades la situación podrá agravarse por lo que la pobreza también aumentará.
De nueva cuenta, el llamado es a la solidaridad ciudadana porque de otra forma, será más complicado salir adelante.
Existe la posibilidad de que no haya ceremonias de clausura de fin de cursos y esto será un ahorro para el bolsillo familiar pero en contraparte, afectará la economía de las propias escuelas pues aprovechaban ese momento para pedir algunas ‘cooperaciones’ para la entrega de documentos. Los que también se verán afectados serán algunos comercios tales como las florerías, las tiendas de regalos y hasta las de renta de togas. Ya veremos qué es lo que deciden las autoridades estatales en las próximas semanas.
Nos leemos en Twitter: @citlazoe
Fuente: Siglo de Durango.
















