Por: Ma. Del Rocío Pineda Gochi.
La sociedad mexicana del siglo XXI ha tenido que adaptarse de manera acelerada a una avalancha de cambios en la era de la información y las incesantes innovaciones tecnológicas. Este universo abierto de conocimiento transforma y redefine la conciencia colectiva y el imaginario social de los mexicanos, dotándolos de habilidades y competencias que hoy nos permiten tener noción de nuestros derechos y de cómo ejercerlos,
mayor nivel de interés en los asuntos públicos, capacidad de organización y comunicación, participación en espacios relevantes de gestión y de decisión, y en general, un aumento considerable de la conciencia social y política.
Ante esta oleada de cambios, los gobiernos e instituciones se han visto rebasadas, frente a los incrementos poblacionales, la creciente demanda de nuevos derechos, mayores servicios públicos a los cuales el Estado está obligado a proveer. Aunado a lo anterior, la globalización y los ciclos de la economía internacional han demostrado tener fuertes impactos en los sistemas económicos, afectando en mayor o menor magnitud, tanto a los países desarrollados como los que están en vías.
Este escenario turbulento ha rebasado en muchos aspectos las capacidades institucionales, y los gobernantes enfrentan por un lado, una mayor demanda ciudadana, la necesidad de transformar el orden jurídico y actualizar las áreas gubernamentales, además de los embates externos de la economía global; y por otra parte, resolver problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la marginación, y problemas superestructurales, como el narcotráfico, la cultura de la ilegalidad y la corrupción.
Esta gran odisea ha puesto a prueba a los tomadores de decisiones, el reto de resolver por todos los frentes este abanico de cambios, de problemas y de necesidades del México del siglo XXI. Es menester reconocer que la actual administración –en toda la historia de la construcción de nuestra democracia–, a pesar de enfrentar coyunturas favorables y adversas, ha entendido la importancia de transformar de raíz el sistema gubernamental, que permita a la nueva sociedad mexicana vivir en pleno goce de sus derechos, pero sobre todo, dotarla de los conocimientos y capacidades que le permitan desarrollarse en condiciones de igualdad y libertad.
Las reformas estructurales y los demás cambios legales realizados, las acciones y medidas que ha emprendido el gobierno en turno, necesariamente tendrán efectos positivos en el corto, mediano y largo plazo. Aunque en el imaginario colectivo exista escepticismo, desconfianza e incredulidad, tenemos la certeza de que nuestro país avanza en la ruta correcta y de que su transformación es para el bienestar general de los mexicanos.
Descontextualizar los datos, sacar raja política, desinformar, ser oportunista para denostar, es lo único que le queda a la clase política que no ha entendido la complejidad del México contemporáneo en el concierto internacional. Esta mala práctica mediática y de desinformación, se irá diluyendo conforme nuestro país avance y conforme la ciudadanía tenga más herramientas que la empoderen y la involucren en la solución de los asuntos públicos.
Frente a esta realidad, los priistas reconocemos nuestros errores, trabajando desde todas las trincheras para la nueva sociedad mexicana. Como gobierno y como partido político, decidimos afrontar el costo político –que derivó de la implementación de esta serie de cambios– porque estamos convencidos que las futuras generaciones vivirán mejor, en igualdad de condiciones y con más oportunidades. Al tiempo.
Senadora de la República
Michoacán de Ocampo
@RocioPinedaG
Fuente: Crónica.
















