Por: Daniel Aceves Villagrán*.
* La impunidad es uno de los diez principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana, de acuerdo con encuestas.
La impunidad se constituye como una de las vertientes de mayor dificultad para los temas sociales, políticos y económicos de nuestro país,
el Estado mexicano de manera integral es responsable de que existan altos índices de delitos que no son castigados, siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados en México, con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y, adicionalmente, de acuerdo con otras encuestas nacionales del Inegi, la impunidad es uno de los diez principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana.
Adicionalmente, el 4.46 es el porcentaje de sentencias condenatorias del total de delitos consumados, por lo que sólo el 1% de los delitos en México son castigados, es decir la traducción de estos datos nos da a conocer que el 99% son los márgenes de impunidad entendida como delito que no tienen castigo, a esto habrá que sumarle que en México tenemos un rezago en los sistemas de administración y procuración de justicia, ya que por cada 100 mil habitantes tenemos 3.5 jueces y magistrados, siendo que la media internacional de países desarrollados es de 16, los profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos minimiza la denuncia de los delitos a nivel nacional porque la ciudadanía no quiere perder tiempo, no confía en las autoridades y se sabe conocedora de la corrupción, a esto hay que agregar que la sobrepoblación penitenciaria para los delitos del fuero común y fuero federal es del 30%, duplicando la existente en otros países, hoy en día más del 35% de los reclusos no tienen sentencia en la primera instancia, y existen 20 custodios por cada 100 internos en los centros penitenciarios federales.
El Estado mexicano, no sólo entendido como el gobierno de la República, es el depositario del Poder Ejecutivo y tiene como responsabilidad el sistema de seguridad pública, investigación de los delitos, la administración del sistema penitenciario y la salvaguarda de los derechos humanos; el poder Legislativo tiene la potestad de adecuar el sistema legal para impedir los vacios legales que permitan la impunidad, presupuestar a las instituciones de seguridad y justicia y auditar la aplicación de los recursos.
En los Congresos locales existe la responsabilidad por tramitar presupuestos adecuados y mejorar los mecanismos de evaluación a nivel estatal; el Poder Judicial, con la independencia política que le debe de caracterizar, tiene que administrar la justicia combatiendo la corrupción y actuando de forma expedita.
Desde hace varios años se han establecido operaciones conjuntas entre la Federación y los estados, en donde los niveles de impunidad se siguen manteniendo a la alza y los casos de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Nuevo León y Chihuahua siguen manteniendo niveles alarmantes de este flagelo llamado impunidad, actualmente la sociedad civil mediante organizaciones de carácter empresarial, académico, medios de comunicación y organismos autónomos deben de contribuir al análisis y evaluación de las políticas públicas en torno a la aplicación del Estado de derecho en todas las dimensiones.
*Director general del programa Prospera de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Fuente: Excélsior.
















