Por: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO.
@jcma23
I
El orden de los factores…
Prácticamente hoy, miércoles 8 de mayo, por la tarde-noche, serán aprobadas las modificaciones a la Constitución Política en materia educativa, a nivel de Congreso de la Unión. El orden de los factores no altera el producto. El supuesto es que, con estos cambios al texto en la Carta Magna, quedarán atrás algunos,
no todos, los principios y mecanismos de la Reforma Educativa impuesta por el gobierno de Peña Nieto, que en su momento tuvo el apoyo de los partidos dominantes en 2012-2013 (“Pacto por México”: PRI, PAN y PRD). Pese al triunfo electoral de López Obrador, en 2018, la Aritmética de la actual coyuntura no dio para que, por sí solos, los votos del grupo parlamentario de Morena, con los del Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y del Partido Verde, dieran la mayoría para producir el cambio calculado al texto Constitucional. Entonces todo está listo para que, en sesión extraordinaria, hoy, el Congreso de la Unión apruebe, de la mano del PRI, el dictamen o la minuta con proyecto de decreto que modificará los Artículos 3, 31 y 73 de la Constitución.
Una nota de Roberto Garduño, publicada ayer en La Jornada, señala que: “El grupo parlamentario de Morena informó que tiene el respaldo del PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM para aprobar la minuta de reforma educativa devuelta en sus términos por el Senado, con modificaciones, adiciones a diversas disposiciones contenidas en los artículos tercero y 73 de la Constitución. La única fuerza que se opone –a decir del coordinador morenista, Mario Delgado- es el PAN.” … “Con esa composición de fuerzas a su favor, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados pretende sacar avante la reforma educativa el día de mañana por la tarde-noche en el palacio legislativo de San Lázaro. Desde ayer, el coordinador de Morena adujo que los cambios introducidos por los senadores del PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM son menores, de forma y no de fondo, y podrán ser incorporados al documento.”
Después de su aprobación en ambas Cámaras, el proyecto de decreto será turnado a los Congresos Estatales para su revisión y eventual aprobación. No existen antecedentes en el sentido de que un proyecto aprobado por el Congreso de la Unión, sea detenido por los Congresos Estatales, sin embargo, se requiere el voto a favor de 17 Congresos locales, al menos, para que prospere, en definitiva, el cambio al texto Constitucional. Como dato adicional, cabe mencionar que será quizá la 11a. vez en la historia parlamentaria mexicana, en que se produzcan cambios a este importante texto, me refiero específicamente al Artículo 3, en el cual está consagrado al derecho a la educación.
II
Trigonometría y política
Existen tres ángulos claves en torno a esta Matemática de las modificaciones constitucionales, en la coyuntura actual (2018-2019): 1) Una consulta pública (en días de transición política, 2018), junto con una política legislativa de Parlamento Abierto (2019), esto con la finalidad de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y sus respectivos puntos de vista, sobre el rumbo que habrá de tomar la educación pública del país; 2) Una estrategia pragmática y de operación limitada de alianzas con los diferentes grupos parlamentarios (sobresalen los acercamientos con el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano), que insisten en conservar la esencia del proyecto reformador de 2013. Son fuerzas políticas, como se sabe, que tienen sus propias agendas legislativas e intereses o compromisos. Es pragmática y precipitada esta estrategia porque, si la prioridad práctica consiste en “cancelar” la “mal llamada” Reforma Educativa anterior, de 2013, entonces “hay que hacer” a un lado los principios de la transformación social (Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, pasó del “no quedará ni una coma” al “sólo nos aceptaron una coma”); y 3) En consecuencia, sin la suficiente fuerza parlamentaria y debido a la ausencia de un proyecto educativo alternativo, consistente, de base pedagógica (que sintonice con los intereses y necesidades de las Maestras y los Maestros que trabajan día a día en las aulas), el movimiento Morena y sus aliados no pudieron inclinar la balanza, en las sesiones de Pleno, a favor de la iniciativa del presidente López Obrador (diciembre, 2018), que fue confeccionada por el equipo de Esteban Moctezuma, sin consultar ni cabildear oportunamente con los diferentes actores políticos, sindicales, académicos ni de la “sociedad civil”.
Con un esquema cartesiano, dualista, las y los legisladores de Morena se vieron obligados a negociar, sin colocar, en primera instancia y en la Constitución, la iniciativa presidencial que contenía, en parte, una orientación de políticas educativas fincada en los principios del bienestar social, diferente a la de la racionalidad “gerencialista” y empresarial prevalecientes en la Reforma de 2013. Digo “en parte”, porque existen algunos otros fragmentos en la iniciativa presidencial (de 2018), que contienen propuestas redactadas desde la racionalidad “tecnocrática gerencialista” (Ejemplos: La definición de “máximo logro de aprendizaje de los estudiantes”, “sistema de mejora continua”, etc.). El producto de esta ecuación es una Cuarta Transformación de la vida pública de la nación, sin un proyecto educativo potente, impulsor de cambios sustantivos en materia educativa, sin consensos en las escuelas sino sólo con las cúpulas, debido a las gigantescas fallas en el cálculo y la operación políticas de algunos integrantes líderes de la 4T. ¿Por qué dicen algunos diputados del PRI que el 80 por ciento de la actual modificación constitucional conserva la esencia de la reforma impuesta en 2013? “Arriba” estarán todos contentos, pero “Abajo”, no tanto.
III
El análisis dicotómico
Es de tal manera insuficiente el logro y el consenso parlamentario alcanzados con este resultado, que los sectores sindicales disidentes, que cuentan con amplia representación de bases magisteriales y que operan fuera de la circunferencia parlamentaria, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), siguen aún en lucha y en actitud de resistencia en contra de esa “esencia” reformista, tal como lo hicieron desde 2013 a la fecha. En especial, los puntos de desacuerdo tienen que ver con el régimen de excepción en el cual se quiere ubicar y contratar a los trabajadores y profesionales de la educación; ese desacuerdo no tiene nada que ver, como lo han dicho algunos “comentócratas”, con el control de las plazas de trabajo. Ese es (y debe ser) un asunto (el del control de las plazas) que está a cargo de las autoridades educativas federales y estatales.
El análisis de los factores que entran en juego en esta compleja ruta legislativa, que se expresa en la eventual definición de las políticas públicas educativas, no podría realizarse, sin embargo, sobre la base de un esquema dicotómico, binario, de blanco y negro, no. Existen diversos intereses, fuerzas, instituciones, culturas burocráticas y representaciones sindicales y sociales que se manifiestan, presionan, interactúan, de manera directa e indirecta, con sus respectivos pesos y proyectos políticos, culturales y económicos específicos, que buscan colocar sus contenidos y métodos en torno al tipo de Reforma Educativa a establecerse en México, en el futuro inmediato. Estos procesos sociales y políticos son complejos, sin duda. De ahí la estrechez del esquema binario de interpretación del fenómeno (aquí no hay una película protagonizada por “buenos y malos”), y la necesidad de visualizar el por qué a la 4T sólo le alcanzó para producir una reforma tan limitada; es decir, ¿por qué sólo se aprobará un proyecto de Reforma Educativa precariamente derivada de consensos básicos, no amplios? ¿Por qué pactar con este tipo de contenidos y métodos reformistas que reivindican o conservan la “racionalidad tecnocrática, pragmática y empresarial”?
IV
Dos más dos no es igual a cuatro
Como sabemos, en política, y en otros ámbitos de la vida, el resultado de la suma de dos más dos no es igual a cuatro. La demostración aritmética de esta idea, como metáfora, se realiza a través del análisis de la suma de voluntades políticas aquí involucradas, y que derivará en la aprobación esta tarde-noche del dictamen de modificaciones al texto Constitucional. Si la suma de votos de los diversos grupos parlamentarios busca alcanzar los consensos básicos, éstos se dan en parte, con los grupos que gestionan acuerdos no en abstracto, sino con un significado: un pacto de “intercambios”, el algoritmo del “ganar-ganar”. ¿Cuáles son los cargos y abonos que se pusieron sobre la mesa para “consensuar” este tipo de “cambios” a la Constitución, con los diferentes grupos parlamentarios?
Por lo tanto, el producto legislativo que se aprobará, a reserva de revisar el diseño de las leyes secundarias, será el resultado de una serie de carencias tanto en el cálculo como en el paquete de operaciones políticas, de trabajo fino previo y de concertación, que pusieron en evidencia al grupo de funcionarios que hoy ocupan las posiciones más relevantes y como responsables clave en la SEP (Gilberto Guevara Niebla, Juan Pablo Arroyo y Luciano Concheiro, entre otros). Al respecto, sería interesante saber: ¿Cuál es la narrativa que han construido dichos actores sobre esta coyuntura política o en torno a todos estos procesos sociales y políticos complejos? ¿Cuál es el contenido de la conversación que estos actores principales han generado sobre la nueva etapa del reformismo educativo del país?
Fuente: Sdpnoticias.com
















