Por: Rodolfo Ruiz.
Entre algunos delegados y representantes de instancias nacionales o federales dedicados a atender cuestiones de seguridad pública y combate a la delincuencia ha mermado el interés de apoyar al gobierno del estado o de brindarle información sobre situaciones de riesgo, debido a que el gobernador Luis Miguel Barbosa es el primero en descalificarlos sin valorar a fondo sus reportes.
Cuentan que antes de la pandemia, cuando las reuniones eran presenciales, con la asistencia de funcionarios federales y estatales, el gobernador pedía que cada instancia reportara sus acciones, operativos y seguimientos.
Sin embargo, los mandos del Ejército, Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex, junto con el representante de la Secretaría de Gobernación, pronto fueron perdiendo interés en participar y colaborar, ya que sus opiniones eran desestimadas por el propio Ejecutivo estatal, imponiendo su criterio de que sólo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado daba resultados y detenía a delincuentes.
Hasta febrero del presente año, los federales le insistían en elaborar mejores planes operativos, en el entendido de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) daba cuenta que la presencia y acciones del crimen organizado en Puebla iban en aumento, situación que el gobernador cuestionaba con el argumento de que la Fiscalía General Estado (FGE) y la SSP tenían otros datos.
En la visión local las bandas del narcotráfico en Puebla no son una expresión o extensión de los grandes carteles.
Otra cuestión que los mandos federales han observado son los pobres o limitados resultados que se obtienen en los operativos antinarcóticos implementados por los cuerpos de seguridad locales, donde son detenidos presuntos delincuentes de baja relevancia casi siempre con 30 o 60 bolsas de droga.
Para los federales o mandos militares adscritos a la Sección Segunda del Ejército (S2) esta situación podría tener varias explicaciones: que se trata de operativos mal planeados, o instrumentados con propósitos mediáticos o publicitarios, o que en su implementación hay filtraciones o fugas de información.
Sirva lo anterior como contexto para explicar el alejamiento de las autoridades federales en las estrategias de seguridad y combate a la delincuencia del gobierno del estado, y las críticas que en los últimos días ha lanzado el gobernador Barbosa a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Fuente: E-consulta.
















