Por: Manuel López San Martín.
AMLO prefiere el juicio mediático a la sentencia judicial; el fallo de la opinión pública, por encima del de un juez
La filtración de videos, ¿nos aproxima a la justicia o sólo alimenta el show mediático? ¿Abona a la legalidad o mina el camino a la impartición de justicia?
¿Queremos juicios mediáticos o consecuencias jurídicas?
¿Responsables que salgan impunes acusando violaciones al debido proceso o castigo a quienes utilizaron para beneficio propio o de sus grupos cargos públicos?
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El video que circula donde aparecen exfuncionarios ligados al PAN recibiendo cantidades groseras de efectivo, ¿pierde validez como prueba jurídica, por la manera en que se difundió? O, por el contrario, ¿obliga a la autoridad a actuar y considerar el material en una investigación?
El artículo 20 de la Constitución apartado A, inciso IX, señala: “prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. ¿La grabación viola “derechos fundamentales”? El Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 6, 12, 13 y 261, apunta en ese sentido. Y el 263 dice: “los datos y pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente”. ¿Lo fueron en este caso?
“No cae en la categoría de nulidad”, me dijo ayer el abogado y ex subprocurador capitalino Gabriel Regino. Opina que el video sí sirve como elemento de prueba. “Si hubiera sido presentado por la Fiscalía se violaría la presunción de inocencia y se podría dañar la opinión del juez al emitir una sentencia. Sin embargo, el video irrumpe en redes sociales, por lo que la FGR lo puede integrar a una carpeta de investigación abierta o iniciar una nueva”, señaló en la radio, en MVS Noticias.
El Artículo 217 del Código federal de procedimientos civiles daría la razón: el material puede tomarse como evidencia. Hay, incluso, un criterio de la SCJN que lo permite.
El video, pues, sería indiciario. Además, quienes aparecen en las imágenes, los exfuncionarios del Senado ligados al PAN, Jesús Caraveo Opengo y Guillermo Gutiérrez Badillo, podrían ser investigados por defraudación fiscal equiparada. Recibir dinero y no declararlo, implica un delito.
Además de la FGR, el SAT tendrá que realizar una auditoría para conocer cómo se gastó ese dinero y de dónde provino. Puede rastrear e investigar 10 años atrás.
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Pero por encima de lo jurídico, al Presidente parece interesar el juicio mediático; el fallo de la opinión pública, más que el de un juez. No en balde ayer reprodujo la grabación en la mañanera. No le importaría tanto ver a sus adversarios detenidos, como mirarlos arder por el quemón público. Si alguien sabe las consecuencias que juicios sumarios desde la opinión pública dejan, es él que debió cargar con los señalamientos a René Bejarano. Ahora tiene a la mano su dosis de videoescándalos y destierros políticos.
Tener a sus opositores en alguna prisión, no equivale a verlos apestados de la vida pública. ¿Eso es deseable en un verdadero Estado de Derecho? No. Pero quién dijo que Lozoya vino a sacudir las instituciones de impartición de justicia. Está en México para embarrar a medio mundo con tal de salvarse. Eso hace y eso hará.
Fuente: HERALDO DE MÉXICO.
















