Por: RUBÉN CÁRDENAS.
La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo propuesto por el bloque de gobernadores panistas este fin de semana, fue enfática: Se trata de un asunto politiquero, más que un acto golpista o de separatistas; las decisiones de gobierno están apegadas a la ley y a la Constitución, aseguró, y a cada estado se le da puntualmente lo que le corresponde.
“Es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero, pero somos libres; prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos, se debe garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel muy delgadita, como para no resistir hasta los insultos”, comentó AMLO durante la conferencia matutina de ayer, en instalaciones militares de Veracruz.
Así las cosas, el presidente López Obrador se deslindó de la postura de los diez mandatarios panistas que pronosticaron un clima de violencia e ingobernabilidad en las próximas semanas, de no atenderse con eficiencia, según vaticinaron, las dos emergencias actuales, la sanitaria y la económica, que pueden originar una emergencia social e incluso humanitaria.
Asimismo, plantearon la necesidad de gobernar en el entorno local con toda libertad, con soberanía política y suficiencia económica y demandaron un nuevo pacto fiscal para que los estados cuenten con los recursos que en justicia les corresponden y no sólo mediante la fórmula de la ley de coordinación fiscal, a la cual consideran “vetusta, inequitativa e injusta”, tres palabras que han dado la vuelta en todos los noticiarios de ayer lunes.
López Obrador insistió en que su administración entrega a tiempo las participaciones y sin “tratos en lo oscurito”, lo cual no ocurría en el pasado reciente, porque hasta “moches” eran exigidos; sin embargo, la aseveración que más lo puede enfrentar con los gobernadores es que en la mayor parte de estas entidades gobernados por el PAN se celebrarán elecciones el año próximo y el siguiente, por lo que les urgen recursos para destinarlos a esos procesos, lo cual ignoró y desestimó el Presidente.
Ahora bien, en todo el periodo de pandemia, el Gobierno de López Obrador se ha distinguido por evitar el envío de recursos extras a los gobiernos estatales e incluso el manejo financiero en los hospitales Covid-19, operados por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, quedó en manos de la Secretaria de la Defensa Nacional y la de Marina Nacional.
Trascendió, por ejemplo, que a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo al personal médico, les llegó ayer su bono Covid-19, mientras en los hospitales estatales, los recursos serán manejados por la milicia y no se sabe cuándo o cómo se entregarán a manos del personal sanitario.
En aras de combatir la corrupción -aunque la manera es muy cuestionable- el Gobierno de AMLO cerró la llave de los recursos financieros a todas las entidades y entonces, justamente en un momento tan crítico como el actual, los gobiernos estatales carecen de fondos indispensables para poder enfrentar la emergencia, tanto respecto a lo sanitario como a lo económico.
En esta evidente falta de acuerdos, aflora la toma de decisiones políticas por los gobiernos de ambos niveles, cuando lo que se requiere son respuestas que provengan de los especialistas en salud y en fomento económico. El pueblo, como suele ocurrir, se queda al centro de este fuego cruzado de estrategias políticas, sin recibir beneficio alguno.
Fuente: Siglo de Durango.
















