Por: Jaime Rivera Velázquez*.
* Las elecciones de 1994 se organizaron con legalidad y eficiencia, y los resultados de votación no fueron cuestionados.
Por lo menos desde 1977, la historia de las reformas electorales en México se explica por las exigencias de grupos opositores que reclaman condiciones más equitativas para competir.
La reforma política iniciada en 1977 dio respuesta al reclamo de grupos y partidos
que estaban excluidos de la competencia electoral y de la representación política en los órganos del Estado. La reforma de entonces consistió, esencialmente, en otorgar registro a nuevos partidos y establecer un espacio minoritario de representación proporcional en la Cámara de Diputados (y progresivamente, en los congresos locales y ayuntamientos).
La reforma electoral de 1989-1990 respondió a la crisis de 1988, cuando quedaron en evidencia la parcialidad de la autoridad electoral —encabezada por el secretario de Gobernación— y la manipulación masiva de los resultados. La solución a la crisis de legitimidad fue la creación de un organismo profesional, permanente y dotado de autonomía técnica, el Instituto Federal Electoral, así como la creación de un Tribunal Federal Electoral.
Bajo la conducción del IFE, las elecciones de 1994 se organizaron con legalidad y eficiencia, y los resultados de votación no fueron cuestionados. Sin embargo, fue evidente que la competencia había sido inequitativa. Así lo denunció la oposición y lo reconoció el propio presidente Ernesto Zedillo. La reforma de 1996 otorgó autonomía plena al IFE, equilibró las condiciones de la competencia por medio de mayores prerrogativas y financiamiento a los partidos, y creó un Tribunal Electoral de plena jurisdicción, adscrito al Poder Judicial de la Federación.
En 2006, la disputa por la Presidencia de la República se crispó mucho a causa del estrechísimo margen de victoria del candidato ganador. El candidato presidencial segundo en votación nunca reconoció el resultado y abrió un largo conflicto postelectoral que socavó la confianza en las instituciones electorales.
En la reforma de 2007, se determinó que el IFE fuera administrador exclusivo de los tiempos del Estado en materia electoral y se prohibió a los particulares contratar publicidad sobre cuestiones electorales o partidistas; se prohibió la publicidad del gobierno durante las campañas; se restringieron las campañas negativas y se instituyeron medidas cautelares para publicidad contraria a las normas; y para asegurar la exactitud de los resultados electorales, se prescribió el recuento de votos cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuese menor al 1 por ciento.
La reforma de 2014 estuvo precedida por denuncias de la oposición por el uso indebido de propaganda y recursos gubernamentales, rebase de gastos de campaña y la supuesta subordinación de los institutos electorales locales a los gobernadores.
La respuesta fue la creación del Instituto Nacional Electoral, que centralizó algunas funciones de los comicios locales, entre otras la integración de las casillas y la fiscalización; más restricciones a la publicidad gubernamental, y la inclusión de candidaturas independientes.
Todas estas reformas electorales han respondido a los reclamos de la oposición o de los vencidos. Sería una anomalía sospechosa que la iniciativa de una nueva reforma provenga de quienes ganaron la elección.
Consejero INE*
Fuente: Excélsior.
















