Por: RODRIGO SÁNCHEZ VILLA.
@sanchez_villa_
La tragedia, en lo inmediato, se está superando: la gente, volcada con el ánimo más desinteresado y altruista que pueda imaginarse, está ayudando a conocidos y desconocidos por igual. Todos se urgen a apoyar no sólo a los atrapados en los escombros y demás damnificados, sino a los que están ahí para rescatar, para remover escombros y para organizar la propia ayuda. Las autoridades están cumpliendo hasta el límite de sus capacidades con las encomiendas que la Constitución y las leyes les facultan.
Las fuerzas federales han sido ejemplo de tesón, de compromiso y de ánimo. No han faltado algunos que, con conductas mezquinas y cobardes, han tratado de aprovecharse oportunistamente del grave momento para tratar de sembrar discursos políticos mediocres: a mi cabeza vienen, por lo pronto, los impresentables Gerardo Fernández Noroña, Lydia Cacho, Luis Ernesto Derbez, Graco Ramírez o los liderazgos de muchos partidos políticos. Allá ellos, que en su momento pagarán las consecuencias de su irresponsabilidad.
El problema, como es de esperarse, será más hondo y duradero: hay en la Ciudad de México, por lo pronto, casi medio centenar de edificios derrumbados y una cantidad aún no determinada, pero sin duda muy superior, de construcciones que quedarán inutilizables. Hasta ayer se sabía que solamente en Iztapalapa ocho mil viviendas no podrán volver a habitarse. En Morelos, la última estimación reporta que más de veintidós mil personas quedaron sin hogar, más las que se sumen a lo largo de los próximos días después de las evaluaciones pertinentes. En Puebla, el número rondaba las tres mil personas. Una parte del problema es esa: la imposibilidad física de poder ocupar un espacio habitacional porque ya no existe o porque es imposible que sea seguro. La otra parte será la del encarecimiento de la vivienda que quede disponible y la posible desincentivación para edificar nueva.
En 1985 y 1986, el Congreso de la Unión publicó diversos decretos y reformas, previamente y de forma posterior al sismo, para proteger a las clases más desfavorecidas tanto por los montos de las rentas, quienes ya arrastraban esta exigencia desde años atrás, como para reactivar la reconstrucción del entonces Distrito Federal. La situación que se presentó, sin embargo, fue delicada: en las zonas más afectadas en aquel entonces (delegación Cuauhtémoc, delegación Venustiano Carranza y delegación Gustavo A. Madero), la congelación de rentas (que fue una especie de prórroga de aquella que se originó en 1948) y la expropiación de alrededor de cuatro mil quinientos inmuebles por parte del Estado, favoreció a aquellos que tenían una mayor necesidad de vivienda popular pero inhibió la construcción de viviendas de mejor calidad en esas zonas. Una inhibición que permaneció, prácticamente, hasta el sexenio de Marcelo Ebrard, quien finalmente dio los incentivos suficientes para que esas zonas tuvieran un mayor desarrollo. Por otra parte, en las delegaciones que no se sufrió severamente el impacto del sismo y donde el Estado no se volvió casero, el precio de la vivienda se aumentó en proporciones grotescas, de hasta un trescientos por ciento, en menos de un año, y los arrendamientos llegaron a elevarse hasta en un seiscientos por ciento en el mismo período de tiempo.
Si las autoridades, hoy día, no hacen algo inmediatamente (es decir, en las siguientes dos o tres semanas), se corre el riesgo de que el mercado de la vivienda, tanto en arrendamiento como en propiedad, quede severamente afectado en la Ciudad de México. Los particulares que, en esta semana y de forma tan desinteresada aparentemente, contribuyen con materiales, alimentos y medicinas, con transportación y con hospedaje gratuito, no son hermanas de la caridad. Son seres humanos con ambiciones personales y necesidades de todo tipo. Cuando la vida comience a normalizarse y el heroísmo y el desinterés den lugar a emociones más normales y cotidianas, se vivirá una realidad más interesada y hasta mezquina.
En 1985, una parte de los afectados por el sismo de aquel 19 de septiembre quedaron viviendo de forma “temporal” en parques, lotes desocupados y campamentos durante 32 años. Otra quedó en la vivienda que el Estado les proporcionó dentro de esos predios que expropió, pero que tuvo un desarrollo de calidad mediocre y hasta limitada. Es decir, que hasta el 19 de septiembre de 2017 seguían así. Una cantidad mayor de capitalinos comenzó un éxodo memorable a la provincia. Ciudades como Guadalajara, Querétaro, Cuernavaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y muchas más recibieron, entre queriendo y a fuerzas, a la enorme cantidad de chilangos que, por quedase sin hogar o por temor a seguir en el Valle de México, se fueron en ese año. Algunos, resultado de operaciones políticas impensables, otros más, consecuencia inevitable de la catástrofe. Pero la parte que se vio afectada por la mezquindad de la iniciativa privada, esa que, en cuanto pudo, encareció el valor de la vivienda y del arrendamiento, fue mayor. Es la que siguió viviendo ahí y paga, a veces, más de la mitad de su salario por un espacio con un cuarto y sin cajón de estacionamiento. Es la que está ahí, al alcance depredatorio de los particulares. Hoy, más que nunca, se debe ser consciente de la necesaria labor del Estado para que todos puedan tener una mejor convivencia y mejores oportunidades de desarrollo. Hoy, el Estado mexicano, sobre todo a través de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y de la jefatura de Gobierno, deberá emprender acciones.
Fuente: Sdpnoticias.com
















