Por: Vicente Bello.
Lo que se debatía el pasado jueves 23 era un Punto de Acuerdo para pedir la opinión a la Conago sobre la Ley de Seguridad Interior, un proceso legislativo que es de tanta gravedad e importancia para la vida de México como lo fue la reforma energética en agosto de 2014. Roberto Gil Zuarth, senador del PAN –autor de una de esas dos iniciativas de ley que la oposición juzga que terminarán por afincar a una dictadura militar–, alegó:
“Y se les olvidó que no formó policías, se les olvidó que no depuró a ministerios públicos, se le olvidó los altísimos índices de impunidad que dejó a su paso por esa lamentabilísima gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México”.
Y remachaba Gil: “Los desaparecidos están en la conciencia del señor Andrés Manuel López Obrador, que hacía campaña con el señor Abarca”.
Exhortar a la Conago que opine sobre la ley de marras había servido de pretexto para que 17 oradores, de 25, se empeñaran en golpear a Andrés Manuel López Obrador. Gil Zuarth continuó: “Qué bueno que don Manuel Bartlett hizo referencia y relación a la evolución de nuestras instituciones, porque esta es la tercera ocasión en la historia contemporánea que el Congreso de la Unión, que la política, abrió una reflexión sobre la relación de las fuerzas armadas con los poderes civiles y sobre los alcances de su atribución en sus facultades”.
Roberto Gil Zuarth insistió: “La primera vez, al inicio del siglo XX, después del episodio revolucionario, a propósito de la profesionalización de las milicias con el objetivo fundamentalmente de pacificar la lucha entre las fracciones revolucionarias, fue la primera ocasión en la que hubo un esfuerzo del estado mexicano por profesionalizar e institucionalizar las fuerzas armadas.
“La segunda ocasión fue en la última etapa de los años noventa y principios de los 2000; más o menos a partir de 1996, cuando se decidió que las instituciones, las fuerzas armadas formaran primero parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, año de 1996 y después cuando se tomó la decisión de modificar la Constitución para incorporar la función de seguridad nacional en el artículo 89, fracción VI, una reforma constitucional que estaba motivada por la presencia cada vez más intensa del crimen organizado”.
Roberto Gil aludía los tiempos calderonistas, cuando salió a la calle el ejército: “Nos empezamos a dar cuenta como país que la delincuencia organizada, en aquel momento asociada a narcotráfico, era un problema de seguridad que exigía una escala de respuesta mayor que la distribución de competencias hasta entonces vigente que dejaba en manos de los estados la respuesta primaria del estado mexicano”.
Se incluía el senador. ¡Y cómo no! Fue el secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Gil siguió: “Dijimos en los años noventa… ya se imaginarán quién estaba en el gobierno, dijimos en los años noventa que la delincuencia organizada tenía que ser materia federal, que las fuerzas armadas tendrían que ser parte de ese esfuerzo, incorporamos al texto constitucional las función de seguridad nacional en sus dos dimensiones, seguridad interior, defensa exterior, hicimos una Ley de Seguridad Nacional que, por cierto, don Manuel dictaminó como integrante de la Comisión de Gobernación del Senado de la República”.
¿Era Gil o Calderón quien hablaba? Era, ni más ni menos, la justificación con que Felipe sacó al ejército de los cuarteles hace exactamente 10 años. Gil Zuarth añadió: “Desde 2004 y 2005 es una responsabilidad de las fuerzas armadas concurrir al esfuerzo del estado mexicano para contener a la delincuencia organizada”.
Gil tenía en su mente a Manuel Bartlett. A él dedicaba ahora su oratoria: “De ahí que no valga decir que son a ocurrencia de una administración sin un deber legal, que por cierto los que entonces estaban en el PRI y los que entonces estaban en el PRD votaron a favor”.
Tribuna a pasto para Gil. Presidía el yerno de Beltrones. El secretario particular de Felipe Calderón concluía así: “Lo que Acción Nacional pretende en sus iniciativas es establecer un procedimiento para hacer valer la responsabilidad federal en el combate y contención a la delincuencia organizada, de eso se trata la Ley de Seguridad Interior.
“Voy a dar dos datos: En 2012 había 75 bases de operación mixtas en materia de seguridad pública en el país, hoy hay 142; había mil 680 efectivos militares desplegadas en esas 75 bases mixtas, hoy hay poco más de tres mil 386 personas, efectivos militares en esas bases mixtas.
“Antes, el despliegue militar estaba en cinco estados fundamentalmente; hoy está en 24; se está regulando por convenios que implican una contraprestación por parte de los estados y, lo peor, la iniciativa privada (sic) paga los cuarteles de los militares, y eso es lo que está pasando en nuestro país, por eso se tiene que racionalizar un instrumento que tiene el estado mexicano, que son sus fuerzas armadas.
“Nosotros estamos en el convencimiento, en la intención republicana de someter un poder público, las fuerzas armadas a la disciplina de la ley, de eso se trata nada más y nada menos la Ley de Seguridad Interior”.
Arguyó así Gil Zuarth los motivos por los cuales presentó su iniciativa aquella, que diputados y senadores de Morena, PT, PRD y Movimiento Ciudadano miran como la puerta por donde volvería a entrar la dictadura militar en México. Un empoderamiento militar evocador de los tiempos pre revolucionarios de 1910. Pero ahí venía a la tribuna otra vez Manuel Bartlett Díaz…
(Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















