Por: PEDRO ESTEBAN ROGANTO.
@rogantopedre
* En la teoría, los medios de comunicación son instituciones que cumplen un objetivo social.
A lo largo de la campaña presidencial en los Estados Unidos, algunos de los más influyentes medios de comunicación de ese país, como el New York Times y la cadena de televisión CNN, se pronunciaron abiertamente en contra de Donald Trump e incluso llamaron a votar a favor de Hillary Clinton,
reivindicando un derecho del que poco se habla en las empresas dedicadas a la comunicación: los intereses de los propietarios, que al final de cuentas es lo que orienta lo que se conoce como “línea editorial”.
Revisando el caso mexicano para la elaboración de mi tesis de maestría, encontré que en 1990, el Diario de Yucatán participó activamente en la campaña electoral que hizo posible el triunfo panista en Mérida, al grado de publicar el mismo día de la elección un editorial que cerraba diciendo, después de ponderar las virtudes de la candidata del blanquiazul: “No es que Ana Rosa Payán merezca la alcaldía meridana; es que Mérida merece una alcaldesa como Ana Rosa Payán”.
Antes de esa elección y en todas las que les han seguido, ese medio ha sido puntual a la hora de expresar a través de su línea editorial, los intereses de sus propietarios, intereses no sólo políticos, sino económicos e incluso, religiosos. Los yucatecos saben que el Diario de Yucatán apoya al PAN y defiende a la iglesia católica; y los políticos que se han visto perjudicados resolvieron el dilema creando medios que son abiertamente antipanistas, antireligiosos y a favor del PRI.
En la teoría, los medios de comunicación son instituciones que cumplen un objetivo social, que es el de mantener informada a la comunidad. Pero en la realidad, siempre han sido un elemento clave del poder, por su capacidad no sólo de transmitir y entretener, sino de educar, formar opinión, controlar y manipular.
Justo por la trascendencia de estas empresas, que va más allá de comunicar con objetividad, los gobiernos crearon sus propios medios masivos de comunicación y regulan, a través de concesiones, las señales radiofónicas y televisivas que recibe la población, lo que de cierta forma representa la existencia concreta de hilos invisibles capaces de jalar para un lado u otro, las políticas editoriales de los medios.
En México, además de las concesiones, la forma más contundente de garantizar que los medios masivos no representen riesgo para el status quo, es la entrega de publicidad oficial. Son miles de millones de pesos anuales que se reparten en una bolsa que sólo en los dos primeros años de la administración de Peña Nieto, algunos medios como “Animal Político” han estimado, con base a cifras de la Secretaría de la Función Pública, en 10 mil 800 millones de pesos.
Lo que los especialistas en el estudio de los medios han planteado, no es que desaparezcan las partidas presupuestales que el gobierno destina a la difusión de sus actividades y mensajes claves para la sociedad, sino que en su asignación se considere por un lado la presencia, influencia o alcance de los medios a los que se destina la publicidad, y por el otro, el necesario impulso que el Estado debe dar a la libertad de expresión que se gesta en medios críticos que carecen de alcances pero que representan la pluralidad del país.
Una segunda forma de financiamiento de medios en todo el mundo, son las empresas privadas. Pero aún cuando pareciera un modelo “mejor”, en la práctica es navegar en el peor de los mundos porque los contratos con transnacionales como Cocacola, Corona e incluso, con empresas locales como Liverpool o Palacio de Hierro, están condicionados casi siempre a que nada de lo negativo que haya socialmente de esos clientes, tenga espacio en los medios masivos. ¿Le salió una rata en su bebida de cola? Es mejor que vaya a las redes sociales y se olvide de los periódicos.
Carlos Slim es el mejor ejemplo. Para nadie es un secreto que sus empresas han financiado a medios importantes como La Jornada y Proceso, y han impulsado las carreras periodísticas de personajes como Carmen Aristegui y Jenaro Villamil. A cambio, ninguno de esos medios y ninguno de esos comunicadores, se refieren nunca al pésimo servicio de empresas como Telmex y Telcel.
Habida cuenta de la protección que logra mediante el pago de publicidad que a lo mejor esos medios no reciben del gobierno, ¿tiene derecho Slim a que se exprese en la línea editorial de esos medios, la defensa y promoción de sus intereses económicos y políticos? Eso es un asunto que compete a los medios que tienen firmados contratos con el magnate mexicano, y varios de ellos han demostrado que su agenda periodística es la de Telmex.
Lo que quiero rescatar del caso norteamericano, es que NYT y CNN rompieron el mito de que los medios son “empresas de interés social” o que lo que dicen es imparcial. Para efectos prácticos, debemos de ver a la prensa escrita, a la radio y a la televisión, como compañías que informan a conveniencia de los intereses de sus dueños o patrocinadores, lo que ocurre en nuestro entorno.
A los dueños del NYT, entre ellos Carlos Slim, no les convenía el triunfo de Donald Trump y lo expresaron abiertamente. Frente al 2018, sería justo que los medios mexicanos sigan el ejemplo y nos digan que su línea editorial y opiniones reflejan los intereses, legítimos o no, de sus propietarios y/o mecenas. ¿Se atreverán? Saber si filtraciones, golpeteos o apoyos abiertos contra tal o cual candidato son por conveniencia, o no, sería de gran ayuda para el debate electoral que viene y para nuestra democracia.
Fuente: Sdpnoticias.com
















