Por: GILDARDO CILIA LÓPEZ.
@GciliaCilia
Algunos intelectuales han centrado su análisis respecto a la situación actual que prevalece en el proceso electoral, que favorece ampliamente AMLO, en dos elementos sustantivos: 1) la preservación de una auténtica democracia y 2) el peligro emergente de un nuevo populismo. La correlación entre ambos conceptos, podría ser inexacta,
porque un gobierno populista no podría asentarse sin el apoyo de la masa social y la yuxtaposición sólo tendría sentido si el populismo estuviera vinculado indisolublemente al surgimiento del autoritarismo y a la anulación de las libertades civiles y políticas.
En su afán crítico y en un claro reflejo de su posición anti-AMLO, cuestionan todo, hasta su inclinación en materia de política económica por el denominado modelo de desarrollo estabilizador. Sobre este punto, resulta sorprendente escucharles decir que el éxito en los resultados económicos no hubiera sido posible sin la existencia de un gobierno autoritario. Aguilar Camín, refiere que un amigo o conocido le contó que en una plática que sostuvo con Antonio Ortiz Mena (el padre del modelo del desarrollo estabilizador) le dijo: que en realidad no había sido difícil su implantación, porque todo estaba políticamente controlado y que sólo había que “cuidar la chequera del presidente”. Semejante anécdota lleva a una conclusión simplista: “así que chiste”.
Más allá de la anécdota, habría que decir que la opinión de los comentaristas liberales resulta cuestionable en dos sentidos. Primero, porque su visión es parcial históricamente: en realidad el autoritarismo en México surgió en los gobiernos inmediatos posteriores a la revolución mexicana, en algunos sí hubo importantes resultados en materia de crecimiento económico, pero no en materia de estabilidad macroeconómica. De modo que se podría decir que el equilibrio económico depende más de la sensatez y del proyecto económico de quien gobierna, con independencia de la existencia o no del autoritarismo.
Segundo, la coexistencia en el tiempo de un Estado autoritario con un modelo de desarrollo económico exitoso genera un “dolor de cabeza”. La legitimidad y la perduración por un periodo de 16 años, de 1954 a 1970, de un Estado autoritario, hubiera sido imposible si no se hubiera tenido una buena economía y si no se hubieran repartido de alguna forma los frutos del progreso a la sociedad. El Estado, en esos años, se reafirmó en una especie de ogro filantrópico, tal como lo definió Octavio Paz.
Sí, había desigualdad pero se lograron importantes avances: la economía creció en 6.7%, en términos reales; hubo estabilidad de precios; la masa salarial y los salarios mostraron una evolución adecuada; se consolidaron las clases medias; se apuntalaron importantes ramas del sector secundario mediante su reconversión industrial; se impulsó la productividad en la agricultura, al intensificarse la revolución verde; existió autosuficiencia alimentaria; los servicios sociales, sobre todo en materia de educación y salud, crecieron en niveles sin precedente. Estos entre otros aspectos.
Es cierto, el periodo del modelo de desarrollo estabilizador tuvo un gran déficit, no abatió la desigualdad social; pero la desigualdad en México se encuentra profundamente enraizada, tiene una naturaleza histórica: sólo basta decir que ahora más del 50% de la población es pobre. La gran paradoja, es porqué en un Estado que se concibe como más democrático, los resultados económicos muestran poco crecimiento y a veces deterioro, siendo comparativamente más pobres a los existentes en los años cincuenta y sesenta. ¿Es que acaso el modelo económico neoliberal que se adoptó a partir de la octava década del siglo pasado es disfuncional a nuestro sistema democrático? O, tal vez: ¿acaso nuestra democracia sólo es aparente?
Se podría argumentar que el modelo de desarrollo estabilizador llevó a la gran crisis de 1968, pero habría que señalar que este movimiento no tuvo su origen en causas económicas. Se trata de un movimiento de sectores sociales que no habían sido excluidos del desarrollo económico; es decir, de un movimiento que se sustentó en reivindicaciones políticas. Las proclamas iban en contra de los rasgos autoritarios del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Hay que recordar que en su pliego petitorio, el Consejo Nacional de Huelga además de exigir la liberalización de los presos políticos y la extinción de los cuerpos de granaderos, exigía la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que eran los relativos al delito de la disolución social. No existía en sus peticiones explícitamente cuestiones de otra índole: más que justicia social, lo que exigían era el advenimiento de la democracia. Desde luego, había un segmento que en el trasfondo pugnaba por un cambio de régimen y de sistema económico, bajo la propuesta inflexible, que ahora nos parece desfasada, de la “dictadura del proletariado”.
¿Nuestra democracia un espejismo?
No podría existir peor conclusión que el afirmar que en una democracia resulta más difícil instrumentar un modelo económico exitoso: que es más viable en un gobierno o en un sistema político autoritario. Si no se pudiera generar el mejoramiento económico de los ciudadanos, la democracia se configuraría como un concepto abstracto, se diluirían socialmente sus bondades y quien la pondera políticamente sobre otras formas de gobierno, estaría ofreciendo sólo un espejismo.
Al acercarnos a la realidad, diría que ha sido un milagro sostener una democracia como la que estamos viviendo. Muchos aspectos son contrarios a sus principios sustantivos como sistema de gobierno, hasta hacerla prácticamente desvanecer. El modelo económico instrumentado a partir de 1982, profundizó la desigualdad económica a un nivel inconcebible, a tal punto que ahora “el 1% de la población posee más del 40% de toda la riqueza de México”, existiendo más de 50 millones de pobres en el país; es decir, los frutos del poco crecimiento que se tiene se concentran en un grupo selecto de personas (Fuente “Oxfam”). Las condiciones de desigualdad son extremas, pero también la masa social ha sufrido un empobrecimiento extremo: el salario mínimo actual de 88.36 pesos diarios, sólo significa una tercera parte en términos reales de lo que se ganaba en 1970.
Se podría argumentar que los bajos salarios en México responden a una baja productividad, pero también responden a la forma más primitiva de promover la competitividad: “cifras del Departamento del Trabajo detallan que las industrias manufactureras, como las armadoras de autos, la textil o la industria del metal pagaron el año pasado en Estados Unidos un salario promedio de 26.19 dólares por hora, mientras que en México se paga 2.36 dólares por hora” (Fuente “El Economista”). ¿Es congruente vivir en una democracia sin una real y efectiva justicia distributiva?
La democracia no debe utilizarse como un recurso retórico, porque desde luego su autenticidad en México es dudosa. Vivimos inmersos en una crisis social y de credibilidad sin precedentes, sólo basta señalar algunos datos:
1.- La violencia social se ha profundizado: durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, los homicidios dolosos suman más de 240 mil, dentro de un entramado en el que no se sabe qué hacer, porque la fuerza del Estado no ha podido contener las actividades ilícitas. La violencia le llega a todos, hasta los jóvenes y a la gente humilde que colateralmente busca beneficiarse de las ganancias fáciles que les proporciona la delincuencia organizada. La respuesta de las autoridades es sencilla: “las víctimas estaban ligadas a actividades delictivas, eximiendo su responsabilidad de investigación”.
2.- México se ha constituido en uno de los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo. Los periodistas muertos desde el año 2000, suman alrededor de 130, sin que se esclarezcan fehacientemente los hechos. A lo anterior habría que agregar a los líderes y activistas sociales, los defensores de los derechos sociales y miembros de movilizaciones sociales y de los mismos partidos políticos, que han sido acosados, intimidados y asesinados, sin que exista en los homicidios un recuento confiable.
3.- La aversión que tiene diferentes instancias de gobierno por las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; existiendo en muchos de los casos por parte de estas simulaciones o la práctica de “oídos sordos”.
4.- La corrupción que es la forma más vil de darle la espalda a los gobernados, porque implica una enorme desviación de recursos destinados a sectores vulnerables y a servicios y actividades prioritarias. La desviación es cuantiosa: algunas fuentes la estiman actualmente en alrededor de 500 mil millones de pesos.
Una sociedad no puede jactarse de ser democrática con un pobre estado de derecho, ni puede ser disonante con los principios y leyes que la fundan; pero existe un orden de prelación, los primeros que deben cumplir ejemplarmente con la ley son los que gobiernan. En efecto, nadie debe estar exento del cumplimiento de la ley, pero es el Estado el que debe garantizar las condiciones para posibilitar el desarrollo armonioso de la sociedad y hacer viable su cumplimiento. Ello sólo es posible con la justicia distributiva.
Sin justicia, la democracia sólo es aparente.
Fuente: Sdpnoticias.com
















