Por: Diego Valadés.
En un sistema democrático las expectativas ciudadanas de libertad, bienestar y justicia suelen ser muy elevadas. Cuando no se alcanzan las metas esperadas pueden sobrevenir actitudes de insatisfacción que, por lo común, afectan la imagen de los gobernantes. Sin embargo,
en los sistemas donde los niveles de cultura jurídico-política son bajos, la inconformidad se dirige menos hacia quienes gobiernan y más hacia la política y, en una fase crítica, incluso contra la democracia.
Aunque no hay indicadores infalibles, existen métodos científicos depurados para medir los resultados de los sistemas constitucionales. Es el caso de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Su índice de democracia, ya en la séptima edición, se basa en cinco categorías: procesos electorales y pluralismo; desempeño del gobierno; participación política; cultura política, y libertades civiles. En la encuesta de 2014, México aparece en el lugar 57, entre 167.
Acostumbrados como estamos a figurar en la parte baja de las tablas internacionales, ese lugar podría no ser tan malo. Empero, si advertimos que a partir de su puntuación esos países son agrupados como democracias, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, veremos que nos sitúan entre los 52 países que integran el segundo grupo y no entre los 24 del primero, que incluye a Uruguay (17) y Costa Rica (24).
En la escala de 1 a 10 que se utiliza, nuestra posición más fuerte atañe a los procesos electorales, donde alcanzamos 8.33. En funcionamiento gubernamental y participación política apenas rebasamos el 6, y nos quedamos en 5 en cultura política. En este último rubro, de las 52 democracias débiles sólo 5 están clasificadas por debajo de México.
Hay numerosos fenómenos que contribuyen al desencanto con la democracia, entre los que sobresalen la corrupción, la pobreza y la violencia. Estos tres elementos juntos, en un grado tan elevado como los padecemos, son una combinación muy nociva para la percepción de la democracia. Si se agrega el bajo nivel de cultura política, tenemos un panorama aflictivo.
El conjunto de conocimientos, costumbres, convicciones, creencias, principios, valores y actitudes que integran la cultura jurídico-política de un país se adiciona a las experiencias históricas y a las vivencias directas e indirectas acerca del sistema imperante. En el caso mexicano fue perjudicial que la alternancia se limitara a la sustitución de los partidos en la titularidad del poder, pero sin cambiar la forma de ejercerlo. Antes, la corrupción, la arbitrariedad y la ineptitud se atribuían a un partido hegemónico; ahora que todos los partidos gobiernan, se constata que ninguno se ha sustraído a esas desviaciones.
¿Qué hace falta para que los partidos reconozcan la realidad? Las mayores carencias de cultura jurídico-política están en el interior de los propios partidos. Cuando Europa vivía los horrores del fanatismo totalitario, Simone Weil lanzó duras críticas contra los partidos que se sintetizan en una de sus expresiones: “Un partido político es una máquina de fabricar pasión colectiva”.
En ese punto la filósofa francesa tenía razón, aunque no comparto su tesis de prescindir de los partidos porque sin ellos es imposible construir sistemas representativos democráticos. Pero los partidos equivocan el rumbo cuando sólo “fabrican pasiones”. Es un error abanicar la hoguera del encono en una sociedad enfebrecida; todos se exponen a arder.
En el concurso de los dicterios cada partido da razones convincentes para no votar por los demás, pero no hay quien aporte argumentos razonables para votar por alguno. Si la abstención o el voto nulo aumentan, mucho habrá tenido que ver la estrategia destructiva practicada por todas las fuerzas políticas.
La obtención de votos a cuenta del descrédito ajeno es un proyecto torpe. La voracidad por el poder y la irresponsabilidad de las agencias publicitarias, sumadas, pueden tener consecuencias imprevisibles. La exacerbación de las animosidades es incendiaria en sociedades con bajos niveles de cultura política.
No corresponde al Instituto Nacional Electoral limitar la libertad de los partidos para atacar a sus adversarios; pero el derecho que los partidos no tienen, porque no son los dueños de la democracia, es el de lesionar todavía más la política y asimismo la democracia, con tal de alcanzar un poder cuya decadencia no evitaron. Si nos conducen al desbordamiento de las pasiones, todos lo lamentaremos.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















