Por: José Buendía Hegewisch.
Las interpretaciones sobre los móviles de la matanza de Ayotzinapa corren entre la lentitud y la confusa respuesta de las autoridades. La especulación suplanta la información y ya se habla de una confrontación entre Guerreros Unidos y las viejas células de la guerrilla en ese estado, a propósito del comunicado del ERPI declarando la guerra a ese cártel;
o se intenta personalizar, de manera deliberada o no, en la figura del narcoalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, la responsabilidad del evidente colapso de las instituciones locales. Otros admiten desconocer las causas y se confiesan perplejos de la sinrazón y la pérdida de humanidad de la matanza más allá del resultado que arrojen las investigaciones.
Pero algo importante del caso Aytozinapa es que el problema de la desaparición forzada de personas en el país logró emerger a pesar de esfuerzos de autoridades por ocultar y mantenerlo lejos de la rendición de cuentas de las políticas de seguridad y combate al crimen. Los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala se suman a las 266 personas que también forman parte de la estadística de desapariciones forzadas entre mayo de 2013 y junio pasado en el país, de acuerdo con datos que proporcionó el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en reunión con senadores el pasado 21 de mayo.
Las desapariciones forzadas representan una crisis de derechos humanos “de enormes proporciones” en México, como lo califica Human Rights Watch, que viene de lejos y tampoco es un caso aislado el de Guerrero. La impunidad que acompaña casi todos los casos tampoco. Desde 2005 a junio de 2014 la CNDH contabiliza 24 mil 800 personas desaparecidas, mientras que otras fuentes hablan de un número superior sin que haya un registro oficial confiable. Además, hay indicios de que en dos mil 344 casos hubo la intervención de servidores públicos.
La crueldad de la ejecución de uno de los normalistas y el hallazgo de varias fosas clandestinas con restos de cuerpos es un número similar a los estudiantes desaparecidos, ha derivado en la mayor crisis de seguridad de la actual administración. El propio presidente Peña Nieto ha calificado de “barbarie” la violencia en Guerrero y ha admitido que hay comunidades en el país con vácios de autoridad y complicidad entre autoridades y delincuentes. Pero en el caso de las desapariciones forzosas el manto de silencio e impunidad no ha obedecido únicamente al descontrol de las instituciones municipales o estatales.
Por ejemplo, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha dicho esta semana que “durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”. Y a pesar de las cifras de la última década, las recomendaciones de la CNDH al respecto entre 2009 y 2014 apenas llegan a la exigua cifra de 17 casos. El Comité de la ONU contra la desaparición forzada ha solicitado esta semana a la CNDH información sobre denuncias, recomendaciones y respecto a la materia de su trabajo, pues omitió hacerlo en el informe sobre el Estado mexicano de marzo pasado.
El manto de silencio con que se rodea este tema se rompió en Ayotzinapa por las movilizaciones y las manifestaciones de indignación ante la tragedia y la impunidad. En efecto, la suma de miles de desaparecidos en el país en la última década refleja, primero, la ausencia de controles del Estado para impedir crímenes de lesa humanidad, y segundo, por la incapacidad de la autoridad para castigarlo. Y también por la omisión de las comisiones de derechos humanos federal y locales para denunciarlos.
Prueba de ello es que hasta ahora el reclamo de responsabilidades por la tragedia no se traduce en sanción para ninguna autoridad. La impunidad entre los responsables políticos ha contado, como otras veces, con el solapamiento de congresos locales y de partidos, que, incluso, llegan a aceptar argucias políticas como revocación de mandato del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, para mantenerse en el cargo.
Sabemos que la “cifra negra” supera 90% de los delitos comunes y graves en el país, pero el ascenso hasta la superficie de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada visibilizan el colapso institucional de la justicia. Incluso, pueden suponer un punto de inflexión para reconstruir el Estado de derecho, como reclamó Peña Nieto, a condición de que se rompan con los pactos de complicidad que involucran a gobernadores, partidos, congresos, jueces y comisiones de derechos humanos.
*Analista político
jbuendiah@gimm.com.mx
Twitter: @jbuendiah
Fuente: Excélsior.
















