Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
El 1o. de agosto comienza el segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte. Sin duda, uno de los casos más complicados que tiene enfrente el máximo tribunal para este periodo tiene que ver con los denominados medicamentos “huérfanos” y el derecho a la salud.
En efecto, la Segunda Sala decidió atraer la revisión de 14 amparos en los que se argumenta que el IMSS viola el derecho a la vida y a la salud al no proporcionar a los pacientes que los requieren los llamados medicamentos huérfanos, que son los que atacan enfermedades poco comunes y, por lo mismo, tienen precios exorbitantes.
El caso que llegó a la Corte fue impulsado por un paciente del IMSS que padece hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad rara de los glóbulos rojos que causa la muerte, a menos que se tenga acceso a un medicamento denominado Soliris, el cual cuesta 7 millones de pesos anualmente. El IMSS se ha negado a darle el medicamento al paciente y por ello promovió un amparo. La empresa farmacéutica le está proporcionando el medicamento mientras se resuelve el juicio. Existen otros 13 casos similares. Todos ellos esperan el veredicto de la Segunda Sala en los siguientes meses.
Es claro el complejo dilema que tienen enfrente los ministros: por un lado, 7 millones de pesos anuales por cada paciente es una suma considerable, sobre todo en el contexto de una institución como el IMSS, que está financieramente en crisis. Si no existen medicamentos básicos en las salas de emergencia o para enfermedades curables, ¿por qué gastar 7 millones de pesos en un solo paciente? Por el otro lado, y ello queda clarísimo cuando se mira cara a cara a cualquiera de los pacientes, no tener acceso al medicamento para ellos significa sencillamente la muerte. No es un asunto de sumas y restas, sino de estar vivo o muerto. En este sentido, la cuestión constitucional que tiene enfrente la Suprema Corte no tiene que ver solamente con el ámbito de protección constitucional del derecho a la salud, sino también, y sobre todo, tiene que ver con el derecho a la vida. Dos semanas sin el medicamento y los pacientes morirán.
En América Latina, la labor de los tribunales no puede estar ajena a consideraciones de equidad social y ello necesariamente pasa por la efectividad de los derechos sociales, principalmente el de salud y el de educación. Tratándose de estos derechos, el gran desafío que enfrentan los jueces es lograr un correcto equilibrio entre el ejercicio individual de los derechos y las restricciones presupuestarias de la colectividad. Las herramientas de análisis que necesita el juez para emitir una sentencia no se pueden limitar al mundo del derecho; se necesitan, además, consideraciones presupuestales y de política pública.
Un caso de éxito en este sentido fue el de los pacientes con VIH en Brasil. En 2001, su Tribunal Supremo reconoció que los más de 540 mil enfermos de VIH en el país tenían derecho a recibir del Estado, en forma gratuita, los medicamentos para su tratamiento. Para que ello no significase la bancarrota del sistema de salud, fue necesario que la administración pudiese reducir el costo del tratamiento. Hoy en día, el gobierno de Brasil produce como genéricos 8 de los 15 medicamentos que se utilizan para atender a los pacientes con VIH; los 7 restantes los compra a menor precio, pues negoció acuerdos con las empresas farmacéuticas. Sin duda una forma exitosa de equilibrar el derecho a la salud y las limitaciones presupuestales.
La ventaja de los ministros en México es que los pacientes con binuria paroxística nocturna en el país son 70, no 540 mil, como en Brasil con el VIH. Sin embargo, ello no puede excluir el reconocimiento jurisdiccional de la obligación de la Secretaría de Salud de buscar maneras, como sucedió en Brasil, de abaratar los costos del tratamiento sin poner en riesgo la vida de los pacientes. Los casos más importantes y desafiantes de la justicia constitucional son así: complejos, con muchas aristas y donde es imposible imaginar una solución blanco o negro. Este asunto representa una gran oportunidad para que la Segunda Sala comience a abrir brecha en materia de derechos humanos.
Fuente: Reforma.
















