Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
Ojalá fluyan definiciones, porque urge restablecer el federalismo como factor crucial del combate a la corrupción.
De los temas controversiales de las propuestas de gobierno de López Obrador sobresale el de los 32 delegados estatales, que muchos califican como “virreyes” y que, por falta de información, se considera que podría cancelar la soberanía de los gobernadores.
Esa podría ser una posibilidad, pero pensemos que puede ser el factor de cambio para dar sentido al mandato constitucional que, en su artículo 40, define el carácter republicano, democrático, representativo, laico y federal de nuestro país.
Suponiendo que ese es el objetivo, desvirtuado por el centralismo fiscal y político vigente en el país de manera acentuada desde los años 80 del siglo pasado, la propuesta abriría una ruta hacia el federalismo fiscal con el que se podría encauzar un desarrollo nacional más ordenado, que reduciría las diferencias sociales y establecería condiciones para construir una sociedad con menos diferencias.
Si ese es el objetivo, y no el control político, será el gran diferenciador.
¿Por qué interesa el tema del federalismo y en especial el federalismo fiscal?
Porque desde la perspectiva de la hacienda pública, establece las condiciones para garantizar una correcta administración descentralizada de los recursos financieros disponibles en beneficio de los estados y municipios, acorde a lo planteado en el artículo 40 de la constitución.
México dispone desde 1978 de una Ley Federal de Coordinación Fiscal que establece la necesidad de que se distribuyan mediante participaciones la recaudación de los recursos tributarios y se establezcan las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, en un estricto sentido republicano, representativo y democrático.
Sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido. Por el contrario, se desvirtuó para imponer un claro sesgo de control político centralizado en las decisiones del presidente, y a veces de los gobernadores.
Por ejemplo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari las participaciones para los estados y municipios se agruparon en el Ramo 26, que primero se llamó Solidaridad y Desarrollo Regional, más tarde sería Superación de la Pobreza y luego Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza. El resultado fue que esos recursos se ejercieron en pantanosos y oscuros criterios discrecionales.
Al inicio del siglo XXI estas participaciones se integraron en los ramos 28 y 33 que, si bien condicionaron su utilización en favor de la educación, salud; infraestructura social; fortalecimiento municipal y la seguridad pública, sin que hayamos visto su rentabilidad social. Al contrario, gobernantes y legisladores locales -aunque los federales también- los han usado para su beneficio.
Sobran los casos en las diversas estructuras de gobierno que, al amparo de sus partidos políticos, se “sirvieron” generosamente de los recursos públicos.
Entre otras, esas han sido causa de las notables diferencias del desarrollo nacional y de que se observen haciendas locales deficitarias de manera persistente y siempre en ascenso, aun cuando las finanzas federales sean superavitarias.
Por eso, es relevante la revisión del sistema de participaciones fiscales federales que se plantea en la figura de los delegados estatales.
Ya en los años 90 se discutió en el Congreso la necesidad de crear un Consejo Fiscal con plena autonomía del Ejecutivo Federal para favorecer el desarrollo regional para que las decisiones en la asignación de los recursos públicos dejen de ser unilaterales, centralizadas y discrecionales.
Si ese es el objetivo de los delegados estatales, la medida es inobjetable.
Al país le urge, además de honestidad en el manejo de los recursos públicos, el fortalecimiento del municipio y del federalismo, que necesariamente contempla al federalismo fiscal.
No obstante, la desinformación (otra vez) induce a la duda y tiende a alimentar rumores sobre la creación de los “virreyes” del nuevo régimen.
Ojalá fluyan definiciones, porque urge restablecer el federalismo como factor crucial del combate a la corrupción.
@lusacevedop
Fuente: La Jornada.
















