Por: Vicente Bello.
Nunca antes en la historia de la República se habían confrontado tan crudamente los poderes Legislativo y Ejecutivo contra el Poder Judicial, a cuyos ministros, en diversas declaraciones, legisladores y presidente de la República han calificado de deshonestos, ambiciosos y chantajistas.
Con una invocación de los artículos 94 y 127, un ministro de la Corte –Alberto Pérez Dayán- ordenó a fines de la semana pasada la suspensión de la Ley de Remuneraciones,
con la que legisladores y titular del Ejecutivo plantean reducir los super sueldazos de jueces y ministros, justo ahora que han comenzado a revisar el presupuesto federal para 2019.
De acuerdo con una reforma constitucional de 2009 y que entró en vigor a partir de 2010, el Poder Legislativo ordenó que los individuos que se fueran incorporando al Poder Judicial como ministros a partir de la entrada en vigor de dicha enmienda, tendrían que ganar menos que el presidente de la República.
Así lo ordenó el Congreso en 2009, cuando en la reforma constitucional de marras insertó al 127 constitucional un párrafo transitorio (el tercero), en cuyo Inciso b, reza: “Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
¿Y qué dice el 127, en su “base II?: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Quienes aprobaron aquella reforma, fueron nada menos que el PRI, PAN, PRD, PVEM y resto de partidos de entonces. Pero como no aprobaron nunca la ley reglamentaria del 127 constitucional, pues nomás no pudieron aplicar el mandato constitucional.
En 2011, el entonces senador del PRD Pablo Gómez Álvarez presentó una iniciativa de ley reglamentaria del 127, que dio en llamar Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que jamás prosperó porque todos los grupos parlamentarios que hacían mayoría se opusieron, archivándola, o congelándola, en comisiones.
Ese mismo año, 2011, estos mismos partidos políticos sí reformaron, en cambio, el artículo 94 constitucional. Con el argumento de que se “fortalecerá la independencia respecto de los otros poderes y su autonomía como juzgador”, aquella mayoría conformada por el PRI, PAN y PVEM enmendaron el 94 para que éste ordenara que los jueces y ministros de la Corte no les fuese disminuida su remuneración durante el tiempo de su encargo.
Reza el párrafo de marras insertado en 2011: “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Víspera del comienzo de campañas presidenciales de 2012. PRI, PAN, PVEM y compañía se aseguraban de colocar dos candados a la reforma al 127 de 2009: Uno. Esta reforma al 94. Y, dos, la congelación de la iniciativa de ley reglamentaria al 127, cuyo mandato de que nadie del servicio público en todos los poderes y en los tres niveles de gobierno debería ganar más que el presidente de la República, ya había entrado en vigor en 2010.
De este modo los ministros de la Corte –que habían resuelto seis años atrás la elección presidencial en favor de Felipe Calderón, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador- se aseguraban con anticipación que en caso de no poder detener en 2012 al tabasqueño, no tuvieran que sufrir la aplicación ya en vigor del 127 constitucional.
Los ministros no han podido detener la historia y ahora, en 2018, enfrentan una reducción de sus salarios marca caballo. Con 30 millones de votos, ahora les fue imposible hacerle tablas a López Obrador la presidencia de la República. Y han comenzado a lanzar chillidos en serio para que no les bajen ingresos que oscilan entre los 500 y 600 mil pesos
mensuales.
Lunes 10 de diciembre de 2018. Día histórico. El Poder Judicial, en las escalinatas de los juzgados federales salió a decir que no son deshonestos, ambiciosos ni chantajistas, y que sólo quieren que se les respete, de acuerdo con la Constitución.
Los diputados federales de Morena Pablo Gómez Álvarez y Mario Delgado Carrillo garantizaron ayer desde San Lázaro a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “respetarán íntegramente” la Constitución. Y les recordaron que el tercero transitorio del 127 constitucional ordena que todos los ministros de la Corte a partir de 2010 deben ganar menos que el presidente de
la República.
Pablo Gómez precisó: “No estamos eludiendo el Tercero, al contrario, estamos queriendo su aplicación exacta, y de eso nos vamos a encargar nosotros. Y creo que todos vamos a salir por lo tanto muy contentos de ese lance”.
Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dijo: “Nada más abundando un poquito en qué significa la aplicación exacta del tercero transitorio: Incluye que todos aquellos ministros de la Corte que fueron electos ya durante la vigencia de la modificación constitucional al 127, deberían estar topados por el salario del Presidente de la República”.
No es debate entre poderes. Es guerra entre el régimen que se fue y el que llega. Veremos de cuál cuero salen más correas.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















