Por: Martín Espinoza.
Acaba de darse a conocer la petición que ha hecho al Senado mexicano el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: lograr acuerdos políticos cuanto antes para concretar, previo a que termine el actual periodo ordinario de sesiones a finales de año, la creación de una Fiscalía General de la República, independiente y autónoma, y que la nueva institución cuente con un Consejo Asesor para abatir los niveles de impunidad que prevalecen en el país.
Por supuesto que no se trata de quedar bien con los extranjeros en materia de Derechos Humanos. Lo que sucede es que, de un tiempo para acá, los mexicanos ya hemos perdido toda perspectiva de lo que significa el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos, principalmente en lo que se refiere al comportamiento de los servidores públicos, varios de ellos metidos en escándalos de corrupción, cuyas repercusiones se resienten más allá de nuestras fronteras.
En medio del último altercado entre legisladores de oposición y representantes del Ejecutivo por el tema del nombramiento del nuevo fiscal general y la separación del cargo del fiscal para la Atención de Delitos Electorales, la parálisis en el Congreso para tratar el tema de la nueva institución que deberá sustituir a la Procuraduría General de la República nos tiene a todos como rehenes de la clase política, que hasta hoy no se pone de acuerdo en la forma en que se destrabará el asunto en el Legislativo.
Por lo pronto, Naciones Unidas ha hecho un nuevo llamado a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jan Jarab, con base en los resultados de un diagnóstico reciente, que advierte que el sistema de procuración de justicia en México está en crisis y que la confianza ciudadana en él es bajísima. Recordó que hace dos años, representantes de la ONU estuvieron en nuestro país e hicieron una serie de recomendaciones para abatir la impunidad, pero las autoridades mexicanas nunca atendieron los señalamientos. Por lo menos, no hasta ahora.
Por ello, Jarab acaba de declarar, en el marco de la inauguración del seminario internacional Los Ministerios Públicos y el combate a la impunidad en América Latina, que se realiza precisamente en la Cámara alta, que los legisladores mexicanos tienen “una ventana de oportunidad para demostrar su voluntad e incidir en la creación de una Fiscalía General de la República con una mirada de largo plazo. México —dijo— requiere de un sistema de procuración de justicia que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción, y la reforma del artículo 102 es un primer paso en esta dirección”. Además, recordó que en 2015, Naciones Unidas ya había recomendado a México poner énfasis en la creación de un Consejo Asesor que aportara ideas a la discusión sobre cómo fortalecer al Ministerio Público. Estaría integrado por renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción, y contribuir a la elaboración de recomendaciones y a la evaluación de la implementación de políticas a través de una asesoría técnica independiente, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.
El tiempo transcurre y para 2018 será muy difícil destrabar el tema en el Congreso, porque cada partido estará “enfrascado” en lo que viene: la sucesión presidencial.
Fuente: Excélsior.
















