Por: Miguel Ángel Godínez García.
Preocupados del doble y demagógico discurso, desde la autoridad más básica, hasta la del mismo Ejecutivo. ¿Impunidad o justicia? ¿Sabrán con claridad nuestros políticos cuándo y a qué aplicar estos dos términos?
La confusión parece instalada en todas las esferas, tanto institucionales como políticas,
alrededor de los graves hechos que aparentemente empiezan por Tlatlaya y continúan como efecto dominó día con día en una verdadera caja de Pandora.
Sólo bastaba con unir los cabos sueltos entre política y narcotráfico, entre políticos y crimen organizado, entre los malos y los más malos.
La descomposición social y política que hoy vemos no es más que un nuevo estilo de ajustar las cuentas con quienes se alinearon en el pasado y los que ya no, a través de una guerra intestina tal como sucede y ha sucedido siempre entre los cárteles del narcotráfico cuando pierden a sus cabezas.
La diferencia es que por fin hoy sale a la luz pública esta lucha de plazas en las que los protagonistas estaban y están sentados en las sillas que ocupa la autoridad.
Recordemos que años atrás los alcaldes han sido blancos fáciles de sicarios encargados de ejecutar los intereses de quienes desean debilitar a las instituciones y burlar los cercos de seguridad para transitar con libertad absoluta por todo el país con dos fines; para la delincuencia, el dinero a manos llenas y para los políticos, el poder.
Hoy Guerrero es la noticia, pero Michoacán no ha dejado de serlo, dos estados en donde sus gobernantes son el ejemplo perfecto de total ingobernabilidad, en donde la desaparición de los poderes estaría más que justificada, siempre y cuando los poderes de la nación fueran capaces de saber cómo y cuándo a través de lo que dice la Constitución.
Dos de los estados más álgidos y casualmente gobernados por el PRD, un PRD que no sólo en el discurso devela su descomposición, un partido que no sólo dividió militantes y finanzas, sino que también hoy se divide el poder.
¿Cómo dejar de mencionar a López Obrador en todo este conflicto, si su estrategia en su discurso y en sus acciones ha sido, desde el día uno de su aparición como líder de oposición, la descalificación de las instituciones y el llamado a la desobediencia civil?
Es de todos sabido que en la política los amigos ponen a los amigos en los sitios estratégicos para su servicio, no resulta casual que el candidato de AMLO a la gubernatura del estado de Guerrero fuera el hoy prófugo edil de Iguala.
¿Cómo recomendar a quien no se conoce? ¿Cómo creer que desconocía sus vínculos con la delincuencia organizada?
De pronto todo se ve muy claro, la pregunta es si las instituciones, esas lastimadas por los insultos e injurias de este personaje incómodo para la nación, son capaces de contrarrestarlo. Todos los días comprobamos que no, basta con ver los actos de violencia contra edificios públicos sin que la autoridad pueda evitarlo, actos vandálicos en propiedades privadas de ciudadanos, como tú y como yo, sin que haya detenidos, bloqueos de carreteras, quema de patrullas, delincuentes convertidos en testigos fiables con armas en la mano, sacerdotes con información que pone en ridículo al costoso sistema de “Inteligencia” y Seguridad Nacional, información que prefiere ignorar la máxima autoridad judicial encabezada por un procurador rebasado por mucho en estas investigaciones, por lo que implica saber menos que el padre y que Julia.
¿Cómo pretende Enrique Peña Nieto darnos a los ciudadanos garantías sobre nuestra persona y nuestra propiedad si su procurador y su CISEN han fallado en todas sus estrategias?
¿Cómo si se refiere a Tlatlaya con gran indulgencia como un “exceso” y asegura castigarlo con todo el peso de las instituciones, esas mismas a las que señala con el dedo y a su vez les pide apoyo?
En Tlatlaya y Tamaulipas hay enfrentamientos entre delincuentes y Fuerzas Armadas, en el primero, cometen excesos y se convierten en asesinos, en el segundo, cumplen con su función y se convierten en valientes servidores, no hay más esquizofrenia que ésta, ¿cuándo es impunidad y cuándo es justicia? ¿Cuándo son manifestantes y cuándo se convierten en vándalos delincuentes? Mientras no exista coherencia entre los poderes de la nación ni Fuerzas Armadas ni Policías Federal y Estatal ni la nueva Gendarmería, serán capaces de impedir la quema de un Palacio de Gobierno, mucho menos un probable estallido social.
Muchas preguntas que nos llevan a la misma respuesta, aquella que sólo es vista por quienes de verdad quieren ver. Lo único que no está en duda es que urge dejar fuera de cualquier acción en contra de estos hechos a las Fuerzas Armadas, porque al final de todo este desmantelamiento institucional, nos debe quedar esta institución como la única capaz de poner el orden que la incompetencia del procurador ha provocado.
La destitución convertida en renuncia del gobernador Aguirre es menor a la urgencia de revisar la pertinencia de las acciones de la Procuraduría General de la República y de la SIEDO hoy llamada SEIDO, como si decir especializada en investigación en lugar de investigación especializada le dará más aciertos que los que hasta hoy ha logrado esta subprocuraduría. México está a la espera de creer que la ingobernabilidad realmente sólo es local. Comprensible lo incomprensible.
Fuente: Excélsior.
















