Por: RODRIGO SÁNCHEZ VILLA.
El linchamiento, sin embargo, no sólo se limita a la forma estrictamente física. También destruye reputaciones, ensucia prestigios, cuesta trabajos y desbarata familias
Linchar es ejecutar a una persona tumultuariamente y sin proceso. Entre los linchamientos memorables en nuestro país se recuerda el del 23 de noviembre de 2004 en San Juan Ixtayopan, Tláhuac,
donde la turba local asesinó a dos miembros de la Policía Federal Preventiva y malhirió a un tercero, porque supuestamente los confundieron con delincuentes. Como es por todos sabido, este hecho causó que el entonces presidente Vicente Fox removiera como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a Marcelo Ebrard el 3 de diciembre del mismo año. Una de las pocas decisiones de Estado que tomó con seriedad.
El linchamiento, sin embargo, no sólo se limita a la forma estrictamente física. También destruye reputaciones, ensucia prestigios, cuesta trabajos y desbarata familias. Ejemplos que lo demuestran abundan. Tristemente, muchos de estos nocivos ejercicios tumultuarios son encabezados por personas que son percibidas como notables en la sociedad. Un ejemplo son los comunicadores y periodistas que se autodenominan independientes, quienes utilizan sus micrófonos y plumas para que sus adeptos juzguen y ejecuten a aquellas personas quienes están en su lista negra (generalmente, servidores públicos y políticos profesionales). Y lo hacen en cualquier espacio: medios tradicionales, conversaciones cotidianas y las novedosas redes sociales (un ejemplo del que ya he dado cuenta se documenta en http://goo.gl/BP4fqi).
Pero este no es el caso del que deseo hablar hoy. En este espacio quiero referirme a algo más inmediato y, aunque no lo parezca, más grave: el linchamiento de desconocidos por grupos de personas en redes sociales. ¿A qué me refiero? A esos grupos que se crean, formal o informalmente, para compartir supuestas denuncias sobre igualmente supuestos defraudadores, acosadores, rateros de banqueta, malandrines de todo tipo y, en general, lo más impresentable (pero cotidiano) del género humano.
En las últimas semanas he visto cómo esta práctica se extiende y es realizada por todos, sin distinción de edades, sexo, estado civil o profesión. En lo personal, encuentro no solamente alarmante, sino decididamente aberrante que mis colegas abogados se presentes a semejantes estupideces: si recibieron una formación seria como abogados, ¿cómo es posible que, sin mayor análisis, decidan participar de esto?
Sin ir más lejos, desde hace dos semanas hasta ayer he visto cómo acusan a una pareja (que se ha vuelto ojo de hormiga) por una hipotética defraudación con inversiones. Amigos de todo el país dan eco a este supuesto reclamo. Lo mismo ocurre con otros que se erigen en orgullosos vigilantes de las colonias que ahora habitan: se formó un grupo de alerta para una colonia bien del centro poniente de la ciudad donde a un extranjero, del que comparten su fotografía, se le acusa de degenerado y violador en potencia sin mayores elementos que el dicho de algunas personas que ni siquiera figuran en el mentado grupo. Por otro lado, sorprende mucho eso de “violador en potencia”, porque quiere decir que no ha violado a nadie y sabrá Dios cómo es que estas buenas y vigilantes conciencias están seguras de que puede hacerlo, sin más. Bochornoso.
¿Pero por qué estas prácticas son un espectáculo poco edificante? Porque quien reproduce y comparte la información nunca se asegura de su contenido veraz, empleando como único argumento de peso el que son muchos los que acusan y juzgan. Es un linchamiento. No faltará el reclamo de algún lector que diga: “Pero es que es el único método efectivo contra esos malandrines”; lamento informar que eso no es cierto. Estas difusiones pueden ser cualquier clase de venganza personal, pleito de vecindad o hasta la pura hueva de los afectados de hacer lo que se tiene qué hacer: acudir a las instancias jurisdiccionales (tribunales, procuradurías de justicia, fiscalías, PROFECO, CONDUSEF, juzgados de paz, juntas laborales, etcétera).
Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que cualquiera con acceso a una fotografía nuestra (lo que gracias a las redes sociales y los modernos medios de comunicación es facilísimo), algunos de nuestros datos más esenciales (como nombre, edad y profesión) y ganas de hacernos la vida difícil, puede causarnos un daño severo en nuestra reputación y honra que origine muchos problemas más.
¿Y qué se debe hacer en estos casos? Si somos conocedores de que alguien comete una falta, un delito o un perjuicio a otra persona, lo primero es denunciarlo ante la agencia del Ministerio Público más cercana, en donde, en caso de que el asunto no sea penal, se nos informará oportunamente sobre a qué instancia acudir a presentar la respectiva queja, demanda o denuncia.
Todo aquello que se trate de empañar la imagen pública de una persona a través de las redes sociales, sea la que sea, sin mayores procesos que los prejuicios que cada quien se genera por amistades, conveniencias, supuesto statu quo y hasta un honesto deseo de ayudar es reprobable. Evitarlo no es algo difícil: antes de compartir esas acusaciones, basta con preguntarse si en realidad hay certeza del caso y si hay una autoridad que pueda hacer algo al respecto. Esto es algo que debería ser especialmente llamativo para aquellos que nos llamamos abogados y somos conocedores de la impartición de justicia, pues un linchamiento es también una ilegalidad: en algunos estados de la República aún es delito y en todos puede ser causante de un daño moral.
Pero lo más grave, insisto, es que la siguiente víctima puede ser uno mismo. No es cosa de saber de leyes o de Derecho, es mero sentido común.
Fuente: Sdpniticias.com
















