Por: Laura Lissette Enríquez Rodríguez.
Las vulneraciones a la vida privada han existido desde siempre, por ello es que las normas tratan de proteger a las personas ante intromisiones indebidas, sin embargo, ¿qué pasa cuando es la propia ley la que establece estas intrusiones?
Podría parecer contradictorio, sin embargo,
en ocasiones las estipulaciones normativas pueden levantar debates sobre su pertinencia o posible violación a los derechos humanos.
Es el caso del artículo 142 fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, que permitía que la Fiscalía General de la República solicitara información bancaria para la comprobación de algún delito y de la probable responsabilidad del imputado, sin que mediara un mandato judicial.
Y es que justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una tesis jurisprudencial el pasado 4 de octubre relativa al secreto bancario, en la que declara que la fracción referida vulnera el derecho a la vida privada.
Si bien podríamos pensar que este artículo facultaba a la Fiscalía para combatir algunos de los delitos que más dañan al país, como el lavado de dinero, la delincuencia organizada o actos de corrupción, la realidad es que también abría la puerta a la incertidumbre jurídica.
Pues una cosa es, por ejemplo, solicitar la información de manera directa por parte de autoridades fiscales, con la intención de revisar el cumplimiento de las obligaciones en la materia, como el SAT; y otra muy distinta es cuando de acciones penales se trata.
Quizá para algunos pudiera parecer más atractivo y menos burocrático irrumpir de manera directa en la privacidad de personas que son señaladas de algún ilícito, so pretexto de agilizar las investigaciones; sin embargo, lo cierto es que no por ello podemos evadir las formalidades de los procesos y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Precisamente dentro de este proceso debe cumplirse con el control judicial para justificar intrusiones estatales a la vida privada de las personas imputadas o probables responsables. Solo a través de una orden judicial se podrá garantizar un debido proceso, es un paso que no debe saltarse. Por lo que, la decisión de la Corte refuerza la importancia de llevar a cabo investigaciones basadas en pruebas sólidas.
La decisión no significa que se deba abandonar el combate a estos delitos, por el contrario, sugiere la realización de estas acciones bajo el marco jurídico que nos rige en un Estado de Derecho. Únicamente buscando un equilibrio entre la seguridad y la privacidad podrá combatirse la delincuencia en un marco de respeto a los derechos humanos y del debido proceso. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















