Por: Jorge Luis Lavalle Maury.
* Capítulo 2.
México vive un ciclo de cambios. Las reformas realizadas a nuestra Carta Magna en ámbitos sumamente relevantes que son tocantes a nuestro desarrollo económico y social han pasado a ser una nueva realidad jurídica donde el solo proceso de implementación ha generado nuevas relaciones intergubernamentales,
las cuales es sumamente relevante que deriven en beneficio de todas y todos los ciudadanos.
Los derechos de las audiencias fueron incluidos en la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones, y un año después, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se adicionó un capítulo denominado “De los Derechos de las Audiencias”. De igual forma, el artículo 28 de la Constitución estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría emitir disposiciones administrativas de carácter general para el cumplimiento de su función regulatoria en dicho sector. Bajo estos mandatos constitucionales a finales de 2016 el IFT emitió tales disposiciones, mismas que generaron una tremenda controversia, tanto en medios de comunicación como en círculos especializados e instituciones, cuyo resultado central ha sido la presentación de dos controversias constitucionales: una interpuesta por el Poder Ejecutivo Federal y la otra por la Cámara de Senadores. Ante ello, el IFT decidió aplazar la entrada en vigor de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, a fin de que entraran en vigor el próximo 16 de agosto, en el entendido de que para entonces se tendrían por resueltas las controversias constitucionales.
La libertad en la expresión de opiniones e ideas y el derecho a la información plural son derechos fundamentales que todas y todos los mexicanos debemos de disfrutar y ejercer sin ningún obstáculo ni interferencia legal o administrativa. Estos dos derechos representan un avance incuestionable en nuestra vida democrática y social de los últimos tiempos y debemos conservarlos, promoverlos con especial interés e incorporarlos a nuestra forma de vida.
En contraparte, lamentablemente también hemos sido testigos de claros intentos por coartar tan importantes derechos, cuyas manifestaciones van desde los cobardes y condenables asesinatos de comunicadores, hasta la emisión de lineamientos administrativos que en un afán sobreregulatorio obstaculizan el ejercicio y disfrute de tales derechos, estableciendo inclusive medidas de complicada realización en su sentido material.
Debe subrayarse que la libertad de expresión es un derecho de amplias magnitudes, cuya aplicación no se remite exclusivamente a los ámbitos regulables por la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino para cualquiera de los ámbitos de la vida de los mexicanos. De suerte que el reconocimiento de los derechos de las audiencias debe considerarse, exclusivamente, para la prestación de un servicio público, mas no como un derecho que se encuentre por encima del derecho constitucional de primer orden, como lo es el de la libertad de expresión.
Todo exceso es malo y todo régimen muere por la exageración de su principio. Por ello, la obsesiva o excesiva regulación de los derechos de las audiencias termina afectando derechos constitucionales de primer orden en lugar de salvaguardarlos, porque en la búsqueda de orientar, cuidar o educar a las audiencias se coartan los derechos de libertad de expresión de los emisores y de libertad de seleccionar contenidos de los receptores. Si bien la reforma implicó ciertas diferenciaciones en la emisión de contenidos, ello no debe derivar en que el Estado mexicano se haga de la atribución de elegir qué deben y qué no deben ver o escuchar los mexicanos.
Debe prevalecer el equilibrio establecido en el diseño constitucional e institucional que interviene en la tutela de los derechos de las audiencias y de los comunicadores, sin afectar ninguna de las dos partes. La comunicación, la información y las libertades fundamentales, como lo son la de expresión y de información, son necesarias en un régimen democrático como al que México aspira.
El espíritu de la Reforma en Telecomunicaciones nunca fue el de irrumpir en las libertades esenciales de los mexicanos, antes bien se buscó maximizar éstas y generar mayores y mejores condiciones para generar competencia, pluralidad de contenidos, así como maximizar las informaciones. Acorde con ello es que el resultado de este polémico proceso debe sentar precedente estableciendo un sano equilibrio en la tutela de estos dos derechos. Logrando el mayor consenso posible con respecto a las medidas administrativas que habremos de adoptar para alcanzar los objetivos de la reforma de 2013, donde cabe mencionar que fue una de las que mayor apoyo tuvo por parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Pronto, la Suprema Corte habrá de resolver las controversias que se encuentran en estudio y en el Senado deberemos estudiar y analizar la minuta con los cambios que la colegisladora consideró pertinentes en la materia donde, bajo las atribuciones de cada uno de los poderes, habremos de velar por el respeto de tan fundamentales derechos en beneficio de todas y todos los mexicanos.
Fuente: Excélsior.
















