Por: ERNESTO VILLANUEVA.
@evillanuevamx
De manera reciente se han ido presentando casos que deberían revisarse con detenimiento en materia del ejercicio de la libertad de expresión para el periodismo crítico. Por supuesto, para quienes compiten para ver quién la encuentra más virtudes al presidente Enrique Peña Nieto o quienes ocupan cargos públicos no tienen nada de qué preocuparse en este rubro.
Pero quienes no lo hacemos y, por el contrario, ejercemos de manera crítica el escrutinio del ejercicio del poder público, sí tenemos que estar al pendiente. Primero fue una resolución lamentable de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia donde cuestiona los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal de la que ya me ocupé en Proceso (http://www.proceso.com.mx/445016/libertad-expresion-regresion-a-la-vista).
Hoy hay un caso en Campeche que, como está planteado por el portal Animal Político, no debía haber habido un resultado adverso para los demandados (http://goo.gl/tXcNbn). En síntesis, la nota referida da cuenta de que un juez de primera instancia condenó al diario La Opinión de Campeche y a sus periodistas al pago de 6 millones de pesos por “daño moral” a la dirigente de la CNC del PRI de esa entidad, Sonia Cuevas Kantún, en virtud de difundir la confesión del señor Alejandro Cuevas Santini, sobrino de la demandante, de haber privado de la vida a su novia, Florencia Azalea Cabreras, por haber terminado el noviazgo. En ningún momento, se deduce de la nota, se impugnó la veracidad de la nota y sí se trata, por desgracia, de un caso de interés público por sí mismo y señalar que es sobrino de una dirigente partidista es un dato informativo. Ni se dijo que la política le ordenó, ayudó o encubrió a su sobrino para incurrir en el delito de homicidio.
Los estándares internacionales y nacionales establecen las siguientes reglas para resolver un caso entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad (vida privada, derecho al honor y derecho a la propia imagen que es una extensión del derecho a la vida privada):
1.- Todas las personas tienen derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen. Estos derechos se protegen en su máxima expresión tratándose de particulares que no estén envueltos en un asunto de trascendencia pública. Por el contrario, los gobernantes, los personajes públicos y los particulares que formen parte de un asunto de interés público deben aceptar un razonable margen de intrusión legítima en estos derechos al haberse expuesto voluntariamente a la exposición pública.
2.- El ejercicio de la libertad de expresión representa al mismo tiempo una prerrogativa para quien lo ejerce y un medio para hacer posible el derecho a la información de las personas en una sociedad democrática. Es por esa función dual que tiene una especial protección en los sistemas democráticos.
3.- La libertad de expresión no es absoluta, como no lo son, en principio, ninguno de los derechos humanos, salvo el derecho a la vida. Los límites legales a la libertad de expresión son generalmente los siguientes tratándose de personas públicas o con trascendencia social: a) El uso de palabras injuriosas por sí mismas que no son indispensables para expresar una idea o una información, menos en un idioma tan rico en giros lingüísticos como el español; y b) La imputación directa a una persona de delitos que no cometió (calumnia). Existen más límites que corresponden a la parte de la ética periodística, pero que no son mandatos legales o precedentes judiciales.
4. La Ley del DF comentada es bastante garantista del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a saber – ha sido reconocida como tal por distintos organismos internacionales-, y tiene entre otras características que una persona pública al demandar debe demostrar que hubo malicia efectiva al escribir la nota o la opinión; es decir, que no se ejerció el deber de diligencia informativa o se difundió con negligencia sin verificar si la información era o no cierta. Este concepto de malicia efectiva no es una creación mexicana, fue retomada de una clásica sentencia sobre libertad de expresión en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos The New York Times vs Sullivan de 1964 (http://goo.gl/atYz0a) y se ha incorporado como jurisprudencia en Argentina y en Colombia citando países cercanos a nuestro entorno.
Por las razones anteriores, cuando se dan casos como el de la señora Sonia Cuevas Kantún, dirigente de la CNC del PRI, que busca restringir la libertad por criterios de ventaja política, hay que denunciarlos con nombre y apellido. Si no lo hacemos nosotros nadie va a venir a solucionar nuestros problemas, eso- creo yo- lo tenemos claro.
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Fuente: Sdpnoticias.com
















