Por: ERNESTO VILLANUEVA.
@evillanuevamx
Se ha pasado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión sobre declarar constitucional o no el contenido de los artículos 287 y 362 del Código Penal para el Distrito Federal. El artículo 287 se refiere al delito de “ultrajes a la autoridad” y el 362 al de “perturbación de la paz pública”. Esta decisión no es menor ni accesoria;
antes bien, es significativa del alcance del ejercicio de la libertad de expresión.
El artículo 287 del código penal para el Distrito Federal establece que: “Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días”. ¿Qué es el “ultraje”? Para el diccionario de la lengua de la Real Academia “Ultrajar” es “despreciar o tratar con desvío a alguien”. Se trata, en realidad, de lo que en otros lugares se denominan delitos de desacato y que ya han sido derogados.
Desde mi perspectiva este delito debe declararse inconstitucional a la luz de los siguientes razonamientos: a) Es una labor consustancial del periodismo de denuncia, del ejercicio crítico de la libertad de expresión el “ultraje” a una autoridad “en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas”, como bien lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que está protegida la libertad cuando se expresan palabras “que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática”. (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/artículos/seriec_107_esp.pdf numeral 113.). Más todavía, este órgano jurisdiccional ha señalado que: “[e]n una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza” (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf#page=95&zoom=auto,-99,444);
b) El concepto de “ultraje” puede ser aplicado con tal elasticidad por la autoridad que en muchísimos casos los ciudadanos que exigen sus derechos, que denuncian errores atribuidos a la autoridad, con razón o sin ella, podrían actualizar el tipo penal; es decir encuadrar o realizar la conducta prevista como delictiva limitando ilegítimamente la libertad de expresión y dando un valor prevalente a la defensa de la autoridad sobre la crítica del gobernado; c) La propuesta del ministro de la SCJN, @JRCossio de declarar inconstitucional el artículo 287 del código penal para el DF es una muestra garantista, de protección a la libertad de ex presión y no se trata, en modo alguno, de dejar sin protección a la autoridad. Correctamente el Ministro señala que tratándose de “ultrajes” con violencia existen otros tipos penales que ya regulan esos supuestos y que en todo caso esta figura debe transitar del código penal a una falta cívica, de orden administrativo;
d) Efectivamente, el hecho de que una conducta que eventualmente pueda ser ilícita, no significa que sea un delito. El derecho penal es la última instancia que se tiene para sancionar una conducta que pueda ser vista como “negativa”, de tal suerte que en este caso resulta excesivo el delito de “ultrajes a la autoridad” del artículo 287 ya citado, que es producto de otro momento histórico de México. Por lo que hace al delito de “perturbación de la paz pública” previsto en el artículo 362 del código penal que fue reformado el 27 de diciembre del 2012 para que dejara de ser delito grave; es decir, que impidiera la libertad de la persona presuntamente responsable mediante fianza o caución. Pasó de una pena máxima de 30 años a siete. El artículo 362 del Código Penal del DF a la letra dice: “Art. 362. Se les impondrá de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendios, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.” Este delito con independencia de que ya no es grave, sigue siendo una piedra en el zapato para la libertad de expresión en virtud de que: a) En derecho penal por sus propias características de ser la instancia más severa para reprimir una conducta que se considera “nociva” para la sociedad, el artículo 14 constitucional, una de las piedras angulares del principio de seguridad jurídica, dispone que: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.”
La redacción de la hipótesis normativa; es decir, del contenido del citado artículo 362 es todo menos clara y puede ser aplicado de manera errónea y excesiva tratándose de un tema de libertad de expresión en el sentido más amplio de la palabra; b) El delito de “perturbación de la paz pública” se explica en el fondo como una norma dedicada al combate del terrorismo, pero es tan amplio y contiene diversos conceptos jurídicos indeterminados; es decir, que no tienen un significado único, sino que requieren ser interpretados de manera casuística o caso por caso abre la posibilidad de que puedan ser aplicados para restringir la libertad de expresión a pesar de la prohibición puntual del artículo 14 constitucional; y c) Es necesario reformar integralmente su contenido, de tal modo que no haya duda de cuál es el bien jurídico protegido; en este caso, la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en sociedad.
En ambos delitos existen también razones metajurídicas que sugieren que no deben restringirse los medios de expresión de las insatisfacciones de los gobernados, de los probables abusos de las autoridades así como de la omisión del gobernante en cumplir sus deberes sujetos sólo a la Constitución y la ley. En un marco donde desde la ley se establece un sistema inequitativo, injusto y propicio para la corrupción y la impunidad, es natural que las reacciones de grupos de la sociedad se produzcan de manera intermitente.
Lo ideal sería hacer una reforma integral del sistema legal observándose las mejores prácticas internacionales. Pero por ahora resulta de sentido común y compatible con una visión de derechos humanos declarar inconstitucional el artículo 287 del código penal y reformular de manera garantista el alcance del artículo 362 que en los próximos días decidirá el pleno de la SCJN.
Es deseable por el bien de la sociedad que la propuesta del Ministro @JRCossio encuentre eco entre los demás integrantes del pleno de la Suprema Corte.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
www.ernestovillanueva.blogspot.mx
Fuente: Sdpnoticias.com
















