Por: Vicente Bello.
En los cinco días de duración del Periodo Extraordinario de Sesiones (clausurado un viernes de hace varios meses), el Congreso mexicano aprobó una Miscelánea Penal con reformas en 10 leyes, y aprobó también las siete leyes sobre cuyo basamento jurídico quedará afincado el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 a raíz de una reforma constitucional.
En todas estas leyes, conforme se les discutía y debatía tanto en el Senado como en San Lázaro, la controversia afloró, incluso con ira, pues muchos opositores se consideraron burlados por el PRI y PVEM ante lo que consideraron una legislación mentirosa y simuladora.
Cada una de esas reformas merece espacio aparte, en los días por venir. Ahora se registrarán en este espacio los perfiles generales de la Miscelánea y del Sistema Nacional Anticorrupción.
La denominada Miscelánea Penal era un tema que traía bastante atrasado el Poder Legislativo mexicano. Las Cámaras de Diputados y de Senadores tenían que haberla aprobado desde fines de abril pasado. Por ley deberá entrar en vigor hoy, sábado 18 de junio de 2016.
A una reforma constitucional al sistema de justicia mexicano aprobada en el 2008, le faltaban sus leyes secundarias, lo que impedía que entrase en vigor el nuevo sistema de justicia penal.
“Hace ocho años inició la transformación de un modelo de justicia mixto inquisitivo ya anquilosado, a un sistema preponderantemente acusatorio, adversarial y oral de corte garantista, indispensable para la consolidación de nuestro Estado social y democrático de derecho”, justificó en la tribuna Álvaro Ibarra Hinojosa, diputado federal del PRI y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 15, cuando el Pleno de San Lázaro refrendó lo que un día antes el Senado había aprobado.
Y, a manera de decálogo de las virtudes jurídicas creadas, dijo: “En aras de garantizar un debido proceso para todos los mexicanos se veló por comentar la mejora de las investigaciones, evitando la dilación injustificadamente bajo resguardo del Ministerio Público a las personas detenidas con flagrancia. Con ello se busca impedir abusos, tortura y detenciones arbitrarias, a la parte de fortalecer a una policía más profesional que base su actuación en protocolos claros.
“En un modelo de justicia penal acusatorio adversarial y oral, el imputado no es de ninguna manera un objeto de investigación, sino un sujeto de derechos. Además de garantizar los derechos del imputado, la miscelánea le otorga la facultad de solicitar aclaraciones o precisiones al Ministerio Público, cuando se le comunique que es investigado por un delito ante el juez de control, o igualmente le brinda la certeza jurídica en todo momento, ya que obliga a que la lectura de sentencia se realice cinco días después de la emisión de la misma, independientemente de que esta sea condenatoria o absolutoria.
“Como el sistema de justicia penal, debe ser siempre pensando desde la libertad del imputado y no de su encarcelamiento, la miscelánea garantiza que el imputado pueda desahogar pruebas durante la investigación del plazo constitucional, cuando por la naturaleza del delito haya imposición de prisión preventiva oficiosa.
“Establece un mecanismo de control en caso del incumplimiento de medidas cautelares en observancia a los principios y características de las necesidades de cautela, y armoniza la duración de la medida cautelar de prisión preventiva en los términos establecidos en la Constitución, dejando los dos años como plazo máximo y se elimina la propuesta de un catálogo de supuestos en los que se puede prolongar dicho periodo.
“Instaura limitaciones y requisitos en la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, para que un miembro de un grupo delictivo pueda convertirse en un testigo colaborador.
“Por último, permite que un imputado por el delito de secuestro pueda acceder a un procedimiento abreviado cuando admita su culpabilidad, con el fin de agilizar el procedimiento judicial y para que se genere mayor eficacia en la persecución de los delitos graves, pero también le otorga asesoría gratuita a las víctimas del secuestro”.
El otro gran asunto del periodo extraordinario fue la presentación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
De cabo a rabo, el periodo extraordinario navegó en un mar de acusaciones y desconfianzas. Mientras el PRI y PVEM juraban que por fin en México se combatirá la corrupción, los opositores si bien admitían ciertos avances tampoco era la panacea, porque en los detalles se había metido el diablo. Por ejemplo, le reclamaron reiteradamente al PRI los opositores, jamás se toca al Presidente de la República, quien en este sexenio ha sido considerado dentro y fuera del país como un detonador exponencial de la corrupción en México.
El debate se centró en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la que se fusionó parcialmente la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, en la que se proponía que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno presentaran tres declaraciones anuales: Patrimonial, fiscal y de intereses.
El PRI y Pvem reviró: Sí, las tres declaraciones, pero no a los servidores públicos sino a los empresarios que tuvieran relación comercial o de negocio con algún gobierno.
Este viernes 17, un Partido Acción Nacional enardecido juraba que esa disposición había sido una trapacería del PRI y del Presidente de la República, a quienes conminaba a echar para atrás mediante la figura del veto presidencial.
Es decir, regresando la ley al Congreso. Pero nada ha contestado el PRI, al respecto.
Cada una de las siete leyes fue objeto de un gran debate. Aquí se le aireará a cada uno de ellas.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















