Por: ENRIQUE VILLARREAL RAMOS.
En este mes se cumplen 160 años de la promulgación de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, y de otras Leyes de Reforma (matrimonio civil, registro civil, secularización de cementerios), así como del manifiesto a la nación que las justificó, como parte del corpus político-jurídico reformista que sirvió para sepultar el Antiguo Régimen y sentar las bases de una república liberal, laica, capitalista y soberana.
Sin embargo, la guerra civil amenazaba no sólo la viabilidad de cualquier proyecto de nación, sino la integridad nacional, no sólo por el enfrentamiento entre ambos bandos, sino por peligrosos tratados que acordaron con potencias extranjeras.
A mediados de 1859 la situación político-militar de los liberales era desesperada (los conservadores los acorralaban en Veracruz) y necesitaban tomar decisiones radicales si deseaban sobrevivir. El 7 de julio, el gobierno juarista promulgó la Justificación de las Leyes de Reforma, en el que se exponen las razones y las radicales medidas para vencer a sus enemigos y transformar el país, entre ellas, privar al clero de sus bienes, separar a Estado-Iglesia, proteger la libertad religiosa, crear una magna obra legislativa, “arreglar la administración de la justicia”, promover la educación, atender la seguridad pública, garantizar la libertad de prensa, subdividir latifundios, fomentar el comercio exterior y pagar la deuda externa.
Los planes liberales eran irrealizables por la anarquía y el avance armado conservador, que buscaban respaldos extranjeros para vencer a sus antagonistas, y realizar sus proyectos monarquistas, de tener un soberano europeo para México. El 26 de septiembre, el diplomático Juan Nepomuceno Almonte (promotor de Maximiliano de Habsburgo) firmó en París un tratado con el embajador plenipotenciario de la reina Isabel II de España, Alejandro Mon, por el cual se reconocía al gobierno de Miguel Miramón y se le concedía un préstamo, a cambio de que se asumieran los acuerdos de la convención de 1853 (relativos a la deuda ibérica), se persiguiera a los asesinos de españoles y se indemnizara a las víctimas. El presidente Juárez lo calificó de traidor y desconoció el tratado (que nunca entró en vigor) por ilegal e ilegítimo, aunque aceptaba la necesidad de un convenio con España.
Pero si el anterior acuerdo resulta comprometedor, otros tratados formados por los liberales resultaron aún más peligrosos. El 14 de diciembre, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Melchor Ocampo, y el enviado especial del presidente James Buchanan, Robert Lane, firmaron un tratado mediante el cual Estados Unidos obtenían derecho de vía perpetua por el Istmo de Tehuantepec (incluyendo libertad de gravámenes a sus mercancías y libre paso de tropas), y a intervenir “a petición del gobierno de México” para la defensa de puertos y rutas del istmo, e incluso sin el consentimiento de éste en caso de “excepcional peligro” para la vida o propiedades norteamericanas, entre otras cláusulas vergonzantes. El Senado estadunidense no ratificó el tratado, al igual que el Corwin-Doblado de 1862, por el cual los liberales hipotecaban cuatro estados del país por 11 millones, mientras que los conservadores entregaban el país a Napoleón III.
En cambio, la lección porfiriana, que actualmente no se ha aprendido (por ejemplo, para negociar y llegar a acuerdos), fue aprovechar los contrapesos políticos y económicos internacionales a fin de no ser avasallado por los estadunidenses o cualquier otra potencia.
ENTRETELONES
Histórico tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, tras negociar dos décadas.
Fuente: Excélsior.
















