Por: Genaro Lozano.
Vivimos tiempos de contradicciones. Hace apenas 50 años la democracia electoral era una excepción, un privilegio de unos cuantos y hoy es, al menos en Occidente, la norma. Sin embargo, los atentados terroristas del 2001 abrieron las puertas al ánimo de control y vigilancia del Estado,
un atentado contra EU que derrumbó uno de los símbolos del capitalismo global y abrió las puertas a retrocesos autoritarios que empezaron con la llamada Ley Patriota, generando un efecto bola de nieve. Por todos lados, los gobiernos nacionales empezaron a promover medidas de seguridad en contra del terrorismo que violentan los derechos de ciudadan@s en entidades cada vez más libres, pero cada vez más vigiladas.
Así, 14 años después del 2001, en México se busca revivir el ánimo de control al menos en tres niveles en el ámbito federal. Una ley de movilidad que ve en ésta un derecho humano, pero que intenta limitar el derecho a la protesta; el relanzamiento de la llamada “Ley Beltrones” que promete proteger los derechos de autor, pero que busca controlar el uso del Internet; y en una Ley General de Transparencia que promete un gobierno más abierto, pero que en aras de proteger la “seguridad nacional” acaba creando una entidad más opaca.
Tres pilares de contención. Tres leyes contra los “compas”, ese adjetivo que sirvió a fuerzas policíacas para “identificar” a “criminales”. Los “compas” que incendiaron el año pasado una puerta en Palacio Nacional porque se cansaron de las desapariciones masivas en México.
Pulsiones de control que se ramifican y viralizan del nivel federal a los estados, en los congresos locales con mayorías del PRI que hacen “copias pirata” de esas leyes federales, pero cuyos efectos son aún peores. Congresos estatales como el de Veracruz que trataron en 2012 de erigir un cuarto muro de contención al prohibir las críticas dirigidas a un partido en medios impresos. Sólo la alerta de la sociedad civil del estado derrumbó ese intento de ley mordaza. Lo mismo ocurrió en Puebla con la ya desaparecida “Ley Bala” y si se repasan las iniciativas de las 31 Legislaturas estatales se podrá ver el mismo intento por todos lados. Muros contra el activismo, espionaje contra la transparencia, anclas contra la participación ciudadana.
Las alertas encendidas están hoy en la Cámara de Diputados, donde, por un lado, el PRI intenta aprobar nuevamente una reforma a la Ley de la Propiedad Intelectual y derechos de autor que impulsó Manlio Fabio Beltrones en 2013 y que ahora regresa sin su apellido, pero sacada de su clóset legislativo. La Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) monitorea esta iniciativa desde su primer intento de aprobación y advierte que la reforma busca censurar los contenidos y sitios enteros en Internet y argumenta que ello no va en beneficio de los autores, sino en perjuicio del acceso al conocimiento y la cultura.
Por el otro, también el PRI en el Congreso de la Unión empuja la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que trabajó con organizaciones de la sociedad civil en 2014 en varias mesas de trabajo. Sin embargo, como denuncia la organización Artículo19, esas mesas se cerraron en diciembre pasado y ahora la propuesta de la nueva Ley contempla en su título sexto que las autoridades puedan ocultar información de interés público sin necesidad de explicar sus razones o en su artículo 214 eliminar la protección a personas y servidores públicos que divulguen información reservada pero de especial interés público, según un análisis legal de R3D.
Leyes hechas para impedir que en México haya casos como el de Edward Snowden o Chelsea Manning, los famosos whistleblowers o soplones que han ayudado a evidenciar abusos de autoridad de gobiernos como el de Bush y que en México son leyes pensadas para la intimidación, la desmemoria y la censura. Leyes para darle la vuelta a casos como Ayotzinapa y que todos nos quedemos con la “verdad histórica” que no es más que la versión oficial. Leyes contra un Internet libre. Leyes contra l@s compas. Leyes para crear un Estado vigilante en el que no se pueda mover una hoja en el país sin que lo sepa el presidente, por parafrasear a Pinochet en el Chile de la dictadura.
El gobierno de Peña Nieto presume una fallida y cuestionada cruzada nacional contra el hambre, pero oculta la cruzada nacional contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de la protesta que el PRI y sus aliados han lanzado.
Fuente: Reforma.
















