Por: JORGE A. ROMERO.
@YorchAromero
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es, como otros cuerpos legislativos que aparentemente funcionan en nuestro país, un objeto de ornato, una carta a los reyes magos, una receta de buenas intenciones que no cumple su cometido.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada el 25 de junio de 2012,
cuando Felipe Calderón estaba en la recta final de su sexenio, establece en su artículo primero, la obligación de que exista cooperación entre las entidades y la Federación para garantizar la protección a periodistas, personas que expresen su opinión, y a defensores de derechos humanos cuando éstos sean sujetos de amenazas.
Para ello fue creado el Mecanismo de protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuya tarea, al menos así lo dice la ley, es precisamente “atender su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”.
La ley crea, para lograr esa misión, varios órganos que se supone tienen el objetivo de tomar decisiones y coordinarse para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, aunque como todo en este país, una cosa es la teoría y otra es la realidad.
Lo que ocurre en Veracruz, entidad donde durante la administración de Javier Duarte han sido asesinados 13 periodistas (más Rubén Duarte, fotoperiodista que aunque murió en la Ciudad de México, denunció amenazas mientras hacía su trabajo en esa entidad) es un clarísimo ejemplo de que la citada ley es, por decir lo menos, una tomada de pelo.
¿Cuándo hemos visto que la pomposa Junta de Gobierno, creada al amparo de dicha ley, establezca medidas preventivas o de protección para resguardar a un periodista o a un defensor de los derechos humanos? Que yo recuerde, ninguna, y si lo ha hecho, evidentemente no ha servido absolutamente de nada, de lo contrario no tendríamos esa cifra de periodistas muertos en Veracruz, más tres que siguen desaparecidos.
Entre sus facultades, la Junta de Gobierno tiene la tarea de establecer convenios con las entidades federativas para, precisamente, proteger a los sujetos multicitados. ¿La situación en Veracruz no amerita ni siquiera hacer un convenio? ¿Qué tiene que ocurrir para que la Junta actúe?
La ley es un puñado de buenos propósitos que se queda en el papel, pero además hay un vicio de origen. Resulta que los principales agresores de periodistas son las autoridades y, según la citada ley, la Junta de Gobierno debe estar conformada por cuatro funcionarios del gobierno federal, más un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Podemos creer que cuatro funcionarios federales priistas harán algo para impedir que en Veracruz, entidad gobernada por el priísta Javier Duarte, los periodistas sigan siendo objeto de agresiones y amenazas?
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es, como otros cuerpos legislativos que aparentemente funcionan en nuestro país, un objeto de ornato, una carta a los reyes magos, una receta de buenas intenciones que no cumple su cometido.
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Fuente: Sdpnoticias.com
















