Por: Vicente Bello.
Una de esas leyes importantes para el ciudadano que el Senado de la República aprobó a matacaballo, fue la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el pasado jueves 28 de abril. Aunque debe advertirse que, en realidad, no es ley todavía, sino Minuta, porque sólo ha sido aprobada por los senadores.
El proceso legislativo continuará en la Cámara de Diputados estos meses.
Pero, ¿quiénes son esos Sujetos Obligados, y cuántos? El INAI, institución encargada de vigilar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, acaba de aprobar un padrón de 882 Sujetos Obligados a rendir cuentas.
En la Minuta de marras aprobada, el Senado refiere que son, para estos efectos jurídicos, Sujetos Obligados todas las dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como sindicatos, fideicomisos y empresas físicas y morales que reciban recursos públicos, que capten datos personales de los ciudadanos.
Todos estos Sujetos Obligados -según esta ley no cuajada todavía, a pesar de que comenzó su proceso legislativo el 30 de abril de 2015-, estarán, valga la redundancia, obligados fundamentalmente a respetar el derecho de los ciudadanos a su privacidad y protección de datos personales.
Y los ciudadanos tendrán derecho a acceder a dichas dependencias para rectificar datos, exigir cancelación de datos en los archivos de dichos Sujetos Obligados –“derecho al olvido”-, y aun a expresar su oposición a que sus datos sean transmitidos por dichos Sujetos Obligados a alguna otra dependencia.
Cuando iban y venían a la tribuna, muchos senadores dieron la impresión de que no han entendido con claridad lo que votaban. Otro ejemplo: nadie sabía si esta ley ha incluido sanciones administrativas para quienes, siendo Sujetos Obligados, terminen regándola –por descuido, ignorancia o mala fe- y entregando datos privados a quienes no deberían hacerlo.
El senador Héctor Larios Córdova, del PAN, fue de los que aportaron ejemplos de cómo los datos privados han sido filtrados sin sanciones de por medio. Pero aún así el panista fue de los que aprobaron la minuta.
De los ejemplos de filtraciones que dio, fue aquella del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, que de pronto apareció en Tepito, en 2008. No tardó mucho en que las extorsiones se incrementaron en el país, de 4400 a 6177, por día.
O aquella otra filtración de datos personales que protagonizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de ciudadanos que a cambio de televisiones digitales se dejaron retratar hasta… el iris, en lo que fue catalogado como una super fichada.
O la más reciente, de la que esta ley, minuta, ni siquiera refiere con alguna sanción: la de la filtración nada menos que del Registro Nacional de Electores con sus 83 millones de empadronados, que de pronto aparecieron la semana pasada en la “Nube de Amazón”, por descuido del Partido Movimiento Ciudadano.
Otra vez fue la excepción Manuel Bartlett Díaz, el único que argumentó en contra. He aquí partes medulares de lo que el senador poblano dijo en la tribuna ese día:
“El Inai, órgano garante para antonomasia, es como en otras ocasiones lo hemos dicho, un órgano que responde a las cuotas de partido y, por tanto, carece de independencia y autonomía real. No regula con exhaustividad el tratamiento de los datos personales de procedencia ilícita en cuanto a las responsabilidades y sanciones de los responsables y encargados de los datos personales.
“El dictamen está diseñado desde una visión individualista, como si nada más fueran esos derechos los que existen. No prevé acciones colectivas para proteger los derechos Arco, así se llama, ni establece que grupos sociales con interés simple o difuso puedan reclamar sus derechos que son: acceso, rectificación, cancelación y oposición.
“El reciente escándalo del INE, el robo de los datos personales del padrón electoral debería dar lugar a establecer en este dictamen toda una serie de facultades colectivas, acciones colectivas, porque lo que se ha exhibido son precisamente datos privados colectivos que afectan a una enorme colectividad. Podría ser, y se ve como necesario que existan esas protecciones.
“El sistema de autoridad responsable y encargados previstos, en los artículos 58 y siguientes del dictamen, implican la privatización de los datos personales en los gobernados, artículo 58 y siguientes, pues no serán las autoridades, este es el caminito neoliberal de ahí que privatizar todo y dar a grandes negocios. Pues no serán las autoridades las que custodien los datos personales, sino particulares encargados, los que lo harán mediante una relación contractual en la que ni siquiera se establece que es de derecho público.
“No solo se privatiza el manejo de los datos personales de los gobernados. ¿Por qué dar la autorización para que se entreguen los datos personales a empresas privadas, que pueden ser extranjeras?
“Las empresas encargadas podrán además tener un contrato para tener el cuidado y manejo de los datos personales. Además pueden subcontratar a otras, que es el asunto del negocio, los servicios de tratamiento de los datos. Estamos hablando de la difusión en manos privadas de las competencias al Estado una vez más.
“El consentimiento no se solicita para utilizar y transferir sus datos personales en caso de que México celebre tratados internacionales de diversa naturaleza.
“Nuestros datos personales terminarán, como ya ocurre, en las centrales de inteligencia y de espionaje de las potencias mundiales. Están libres. Todo eso puede pasar.
“Parece que el dictamen se aprueba por eso, para que el Estado transfiera nuestros datos, sin nuestro consentimiento, a las potencias que controlan el espionaje mundial. Parece broma, pero así es”.
Fuente: Zócalo de saltillo.
















