Por: Vicente Bello.
En lo que fue el periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados desaforó el lunes 13 a la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López; el martes 14, la primera minuta que aprobó –de más de veinte que le turnó el Senado- fue la de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Con la Ley Nacional de Ejecución Penal”, prometió la diputada de Encuentro Social Cynthia Gissel García Soberanes,
presentadora del dictamen, “se sentarán las bases del nuevo sistema penitenciario nacional, el cual tiene como único fin la efectiva readaptación del sentenciado y su reinserción social”.
Pero además, insistió García, “contribuirá a garantizar el debido proceso y la integridad física de los procesados que se encuentran en prisión preventiva, así como la salvaguarda de los detenidos con fines de extradición”.
A decir de García, esta nueva ley obliga a las autoridades carcelarias “a garantizar que los servicios de educación, salud, alimentación, trabajo, actividades artísticas y recreativas, cursos y talleres atiendan las necesidades propias de cada género, hombre o mujer”.
Y sostenía la legisladora: “Se establecen condiciones de atención médica para las embarazadas, privadas de la libertad, las cuales contarán con la atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto. Y se garantice la alimentación especial para la interna como para el bebé”.
Y un dato más de la diputada: Ante el hecho de que 40 por ciento de la población penitenciaria en el país no ha sido sentenciada, con esta nueva ley las cárceles todas se dividirán en dos secciones: “Una, para la extinción de penas; la otra, para la prisión preventiva. Y por cada una de estas se contará con una autoridad responsable y su comité disciplinario”.
Esta ley da de plazo cuatro años para que los carceleros se capaciten, y adecuen y modernicen la infraestructura carcelaria.
Y un dato fundamental de la nueva ley: Se establece el beneficio de la libertad anticipada y de todos los presidiarios que hayan sido sentenciados por robo cuando no haya mediado violencia y el valor de lo robado no sea mayor a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que significará que si cada una es de 73.04 pesos, entonces el monto tendría que ser menor a 6 mil pesos).
Y otro más: “Igualmente tendrán derecho al beneficio de los sentenciados por posesión de mariguana, siempre que fueran menos de cinco kilos, no hubiera mediado violencia y no existiera la concurrencia de más delitos”.
Reforzó en tribuna el diputado de Nueva Alianza Carlos Gutiérrez García: “Esta ley contempla que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario se regirá por los estándares internacionales y por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social”.
El diputado de Movimiento Ciudadano Víctor Manuel Sánchez Orozco dijo: “La implementación al nuevo sistema de justicia penal enfrenta rezago, ausencias y fallas que impactarán negativamente en la operación del modelo de juicios orales y retrasarán la consolidación de una justicia eficaz y adecuada. Y los estados más rezagados, según Gobernación, son Guerrero, Colima, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco y Nayarit”.
Más virtudes de la ley, según Lía Limón, del Pvem: Las internas tendrán derecho a la custodia y guardia de sus hijos menores de tres años, y si el menor tiene discapacidad el plazo se podrá ampliar.
Una interna embarazada o con niños menores bajo su custodia no tendrá permitido el traslado (a otro penal); se crea la figura del Observador, un miembro de la sociedad civil que podrá ingresar a la cárcel para verificar que se respeten los derechos humanos de internas e internos.
Con esta ley se crea un “programa de justicia terapéutica y un programa de justicia restaurativa, a fin d que la víctima u ofendido, el sentenciado y la comunidad afectada participen de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, y así coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social”.
Opinaba María García, del PRD: “Sin duda se trata de una ley que va a registrar importantes cambios cualitativos y cuantitativos en las prisiones del país (…) Los internos por prisión preventiva y sentenciados tendrán la oportunidad de gozar de la libertad anticipada y permitirá al Estado un mejor empleo de los recursos económicos para alcanzar la reinserción social de los sentenciados sobre las bases del respeto a los derechos humanos”.
Mayra Enríquez, del PAN, coincidió con las virtudes, pero advirtió dos veces:
Una: Debemos estar pendientes que el próximo Presupuesto de Egresos contenga acciones, programas, recursos para la debida implementación. Y dos: Estar pendientes de que los Congresos estatales adecuen sus leyes, en los próximos 160 días.
El PRI, en voz de César Domínguez, dijo que con esta nueva Ley de Ejecución Penal se buscarán los traslados voluntarios de los internos, para que estén más cerca de sus familiares. Se establece el trabajo penitenciario en tres modalidades: Autoempleo, actividades productivas no remuneradas y actividades productivas realizadas a cuenta de terceros.
Con la preliberación, decía el priísta, se busca atacar la sobrepoblación, que es mayor a 54 mil personas, de 203 mil 228 internos en los 387 centros penitenciarios del país.
Y argumentaba: “Hacinamiento ha significado problemas internos, pleitos, enfrentamientos, mezcla de primodelincuentes con delincuentes de alta peligrosidad, significa también desorden, control de los delincuentes de los penales, autogobierno”…
Al final la aprobaron todos, por unanimidad, incluidos los de Morena.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















