Por: Vicente Bello.
Luis Raúl González Pérez rindió ayer ante el Congreso de la Unión el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que es el presidente. Hubo ocho oradores. He aquí con María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada de Movimiento Ciudadano, con quien intercambió datos y opiniones:
“Usted”, dijo Candelaria Ochoa Ávalos a Raúl González Pérez, “ya abordó algunos temas que hacen crisis en materia de derechos humanos:
El feminicidio, el ataque a periodistas y defensores de derechos humanos, la violencia en el desplazamiento interno, en particular el de Chalchihuitán Chenalhó, que me parece que es muy importante que esta Cámara tome cartas en el asunto, a pesar de varias solicitudes que hemos hecho.
“El tema de los migrantes, que alguna vez el gran Carlos Fuentes lo dijo, las mercancías son trasatlánticas, pero las personas no. El tema de los pueblos indígenas sigue siendo una tarea para la legislación y para la ejecución de políticas públicas de igualdad.
“La omisión institucional y en este caso le hago un llamado para la intervención en Veracruz, de los gravísimos casos de salud que violó Javier Duarte.
“Es preocupante que el PRI y sus aliados hayan aprobado la Ley de Seguridad Interior. La CNDH ha interpuesto una controversia constitucional ante la aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, que constituye un intento de perpetuación por parte del Estado mexicano, de la estrategia fallida de combate al crimen organizado.
“Señor presidente, ¿cuáles considera usted que son las motivaciones principales de un amplio espectro de la clase política en el poder, para continuar con una estrategia que claramente le ha fallado a México, a pesar de la oposición de los principales organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos?
“La segunda pregunta tiene que ver con lo que usted ya mencionó, las violaciones graves a los derechos humanos. Del 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó 11 recomendaciones por violaciones graves, de las cuales cinco se presentaron en el año 2017, una en 2016, una en 2015, 2 en 2014 y una en 2013, lo que representa que el 2017 es el más grave en materia de violación a los derechos humanos, violaciones graves.
“¿Qué opinión le merece, señor presidente, el impulso de esta clase de instrumentos a nivel nacional como un primer paso para transitar hacia un cambio de régimen? Un régimen que tenga voluntad política para reconocer el nivel de la crisis en materia de derechos humanos y garantizar la reparación del daño de las víctimas”.
Fue Candelaria la primera oradora. Así le contestó Luis Raúl González Pérez: “Sobre el primer planteamiento que me hacía la legisladora María Candelaria, y la primera pregunta que tiene que ver con la Ley de Seguridad y el cambio de impulso a un nuevo modelo nacional al que ella hacía alusión.
“Desde nuestro particular punto de vista, creemos que la ley tiene cuestionamientos de constitucionalidad y de convencionalidad, sobre todo, en el parteaguas que representó la reforma 2011, porque ahí se estableció un principio básico que era el de progresividad.
“Por eso es que el proceso que seguimos para aterrizar esta acción de inconstitucionalidad fue escuchando a la sociedad civil en los puntos de vista que pudiera tener, y los que consideráramos que fueran pertinentes los incorporaríamos, lo mismo con la academia, como fue jurídicas de la UNAM o el CIDE, y construimos lo que pensamos.
“Y la respuesta es, desde mi particular punto de vista, las tareas que se pretenden regular deben de estar, desde luego, enmarcadas en modelo de conducción desde la autoridad civil.
“Hoy desde la ley se habilita la coordinación y dirección de un elemento de las Fuerzas Armadas que dirigirá, precisamente, elementos de diversas instituciones del ámbito civil.
“Yo quiero con ustedes, simplemente y rápidamente decir: Nos parece que los principales elementos es que la ley, desde nuestro particular punto de vista, adolece de los parámetros adecuados, precisamente para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos.
“Pero quiero llamar su atención sobre algo que la Corte, la Suprema Corte de Justicia –y este es un elemento que les pido que veamos en la acción de inconstitucionalidad–.
“Por ello, de la interpretación armónica de la fracción IV del artículo 89 con el numeral 129 en análisis, se desprende que dentro de las funciones que tienen conexión exacta con la disciplina militar, a las que se refiere el último numeral, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación.
“Dice: Es preciso insistir en que derivado del origen histórico del artículo 129 constitucional, salvo la situación excepcional de suspensión de garantías, en todo caso y bajo cualquier circunstancia las Fuerzas Armadas no pueden actuar automáticamente, sino en estricto auxilio de las autoridades civiles y siempre y cuando se solicite expresamente su apoyo.
“Esto significa que las Fuerzas Armadas no pueden por sí mismas intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación.
“Posteriormente, habiéndose cumplido este requisito será necesario que en las operaciones en la que intervengan, estén subordinadas las autoridades civiles”.
“Déjenme decirles. Aquí se refería precisamente, hace mención que tratándose de seguridad interna, aún en supuestos de seguridad interna, y lo menciona tal cual la sentencia, deben ser auxiliares de la autoridad civil”. (Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















