Por: Carlos Meza Viveros.
PUEBLA, PUE.- La Ley de extinción de dominio federal es reglamentaría del párrafo II del artículo 22 de la Constitución general de la República y fue publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009, encontrándose en vigor al transcurrir los 90 días naturales a partir de su publicación. En la actualidad es tema a tratar en foros, cursos y reuniones de notarios,
como las de hace algunas semanas.
Por su parte, la misma ley emanada de la actual legislatura poblana fue publicada en elPOE el pasado 16 de marzo de 2011.
Los objetivos de estos cuerpos normativos tienen como finalidad privar de manera eficaz y definitiva, de bienes ya sean muebles, inmuebles o derechos reales que se hayan visto relacionados de cualquier manera a delitos cometidos por la delincuencia organizada y así mermar o debilitar su potencial económico. Los delitos principales a los que se refieren ambas legislaciones son los delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y la trata de personas.
Es a mi Juicio una ley que requiere de mayor difusión, aunque debo reconocer que aquí en Puebla, Carlos Sánchez Martínez, presidente del Colegio de Notarios, hace lo que puede para catequizar en el tema a los fedatarios; sin embargo, producto de las deficiencias del gobierno federal para llevar a cabo la gobernanza de este país en materia de Seguridad Pública y crimen organizado, que tuvo un crecimiento rampante desde que, por desgracia Felipe Calderón fue entronizado al poder de manera espuria y por obra y gracia de la venia de nuestros vecinos del Norte y las chapucerías del IFE, a quien le debemos (Calderón), haber incardinado a las fuerzas armadas con la población civil.
En la actualidad, la situación no ha cambiado del todo, pese a la detención excesivamente cacareada del “chapo” Guzmán, estados como Morelos, Michoacán y los estados del norte siguen en total desamparo y víctimas de delitos provenientes del crimen organizado; el secuestro rampante, los ajustes de cuentas, la extorción, la infiltración de criminales de profesión en las filas de seguridad pública son la constante.
Aquí en Puebla, sabemos de la connivencia y sociedad del entonces secretario de Seguridad Pública Amadeo Lara Terrones, quien con independencia de su actitud corrupta y zascandil, sigue impune, reptando y encorvado en su cloaca, peor aún, protegido por los “yunquistas” meapilas de siempre, al grado de quererlo camuflar y proteger como jefe de seguridad pública con el ultraderechista presidente Municipal de Atlixco Puebla, amago que para fortuna de los atlisquenses finalmente no sucedió, empero él asegura, ya negoció el quedar impune (sic. En libertad) y está exento de ser investigado, ¡Cuánto cinismo!
Volviendo al tema de la ley que hoy tratamos, vale la pena citar, entonces las partes conducentes del artículo 22 fracciones I y II de la Carta Magna para entrar de lleno al tema que nos ocupa en esta entrega. La parte relevante del precepto constitucional reza:
“….No se considerara confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes, cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Sera jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: A) aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. B) aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. C) aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notifico a la autoridad o hizo algo para impedirlo. D) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño…”. En resumen diremos que la ley de extinción de dominio para el estado de Puebla según se advierte de la exposición de motivos, considera que pese a que en las legislaciones actuales se prevén figuras como el aseguramiento de bienes, y el decomiso estas medidas son “insuficientes” para combatir de manera eficaz a la delincuencia, principalmente “aquella que se dedica a la actividad criminal de manera permanente”, ¿la transitoria o temporal no? En fin. Considera la exposición de motivos que Puebla requiere de mecanismos jurídicos soportados por el ámbito internacional (Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas aprobada por la conferencia de las Naciones Unidas en su sexta sesión plenaria del 19 de diciembre de 1988), por ejemplo.
Se identifica como “afectado” a la persona titular de los derechos del bien sujeto al procedimiento de extinción de dominio con legitimación para acudir a proceso. Habrá un Ministerio Público especializado en el procedimiento de extinción de dominio dependiente de la Procuraduría General de la República. El concepto de delincuencia organizada se define como un grupo estructurado de tres o más personas que actúen concertada y jerárquicamente con el propósito de realizar conductas en forma permanente o reiterada o con fines predominantemente lucrativos ¿existen los no lucrativos?, que tengan como fin de algún o alguno de los delitos previstos en el Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. Aquí encuentro una serie de incongruencias (quizá de semántica), que serán materia de análisis posterior, para dar paso a los aspectos más relevantes que se contienen en la Ley.
La extinción de domino no procede en tratándose de bienes decomisados por la autoridad judicial en sentencia ejecutoriada. Los cuerpos normativos que se establecen como supletorios de la Ley son el Código procesal Penal en la preparación para el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Durante el trámite y sustanciación del juicio de extinción de dominio al Código Procesal Civil para el Estado de Puebla, aunque para el efecto de notificaciones en el extranjero se señala que será el Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio del nuestro. Basta que existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito tuvo verificativo para que la acción de extinción de dominio proceda, pese a que en el proceso que se siga no se haya determinado la responsabilidad penal. En tratándose de poseedores del bien materia de la extinción del dominio estarán sujetos a esta ley siempre y cuando el dueño haya tenido conocimiento de la ilicitud en su utilización y no lo comunicó a la autoridad competente. En tratándose de prescripción se siguen las reglas establecidas en la legislación sustantiva penal. La muerte de los probables sujetos a la aplicación de la ley no extingue la acción de extinción de dominio.
La naturaleza del procedimiento para el ejercicio, trámite y substanciación de la ley de extinción de dominio es eminentemente civil y así lo han determinado los criterios que a continuación se citan:
Extinción de dominio. Es una acción civil y autónoma del procedimiento penal y de los juicios de amparo (legislación del Distrito Federal). Por las características de la acción civil y su autonomía del procedimiento penal, dado que está destinada a extinguir el dominio o el derecho de propiedad, el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal establece que la absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien, lo que implica que dicha acción es civil y no hay vinculación de lo resuelto en el procedimiento penal hacia la acción civil. La naturaleza civil y autónoma de la acción de extinción de dominio queda de relieve al establecer en su artículo 39 que las resoluciones que se adopten en el procedimiento penal, así como en los juicios de amparo por actos reclamados dentro del procedimiento penal, no serán vinculantes respecto de las resoluciones que se dicten en el procedimiento de extinción de dominio.
Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito.
Extinción de dominio. Es un procedimiento jurisdiccional, civil y autónomo de la materia penal. La interpretación sistemática de los artículos 4 y 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal permite advertir que la acción de extinción de dominio es la facultad del Estado de solicitar al órgano jurisdiccional aplique en su favor bienes cuyo dominio se declare extinto en la sentencia con que culmine el procedimiento. Dicho en otras palabras, la acción de extinción de dominio consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes a favor del Estado, sin contraprestación, ni compensación alguna para el afectado. Es un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal que procede en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro y trata de personas.
Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito.
Amparo directo 606/2010. Juan Pozos Jarra. 2 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes.
Nuestra ley previene que el aseguramiento de bienes materia de la extinción de dominio se asegurarán una vez identificados por parte del juez competente que necesariamente deberá ser del orden civil o en su caso ratificará el aseguramiento realizado por el ministerio público, algo similar a lo que el código adjetivo civil para el Estado establece en tratándose de responsabilidad civil proveniente de hecho ilícito civil o de delito para efectos del aseguramiento respectivo previo al trámite del juicio del mismo nombre.
Por lo que hace a los actos de impugnación la ley contempla la apelación y la revocación descartando los incidentes salvo el de “buena fe” que procederá cuando se acredite que los bienes materia de la extinción de dominio tienen una procedencia legítima. El procedimiento se rige mediante demanda que formule el ministerio público previo acuerdo del procurador general de Justicia o del servidor público al que se le delegue esta facultad. En la demanda se describirán los bienes materia de la extinción de dominio precisando todos los datos para su identificación, copia certificada de las constancias de la averiguación previa iniciada para investigar los delitos relacionados con los bienes materia de la acción. Sí el Ministerio Público llevó a cabo el aseguramiento de bienes este será ratificado por el juzgador. Se exhibirá constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, certificado de libertas de gravamen del o de los inmuebles, el avalúo y en su caso la declaratoria de que el bien fue abandonado, el nombre y domicilio del titular de los derechos reales o de los inmuebles, o de quien se ostente o comporte como tal o de ambos. Las actuaciones derivadas de otras averiguaciones previas de procesos penales en curso o de procesos concluidos y la solicitud de aquellas medidas preventivas o cautelares menester para conservar los bienes así como la instancia para la extinción de dominio sobre estos; se ofrecerán pruebas exhibiendo las documentales necesarias o se señalará el archivo en que se encuentren aportando elementos para la sustanciación y el desahogo de las pruebas.
Satisfecho lo anterior, el juez contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver si admite o no la demanda y en su caso ordenar la ratificación al demandado o a su representante legal y si no se conociere el domicilio esta se hará por edictos.
El ministerio público deberá presentar la demanda debidamente clara y precisa so pena de que el juez lo prevenga para aclarar, corregir o complementar la misma lo que deberá hacer en un plazo de tres días. En caso de admisión el juez señalará los bienes materia del juicio, el nombre del o de los demandados quienes deberán contestar la demanda en un plazo de quince días hábiles contados a partir de que la notificación surta sus efectos. En el auto admisorio el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la cual deberá realizarse en un plazo que no exceda de treinta días naturales. Ahora bien, si tomamos en cuenta que el demandado tiene quince días hábiles para contestar la demanda una vez notificado y en el auto admisorio se señalan treinta días naturales improrrogables para el desahogo de pruebas el artículo 27 deviene confuso e incongruente y poco claro. La notificación de la demanda se hará de manera personal incluyendo al tercer afectado y si se encuentra privado de su libertad la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido. Las notificaciones seguirán las reglas del código de procedimientos civiles para el Estado con levantamiento de acta circunstanciada de la diligencia que se practique pudiéndose habilitar días y horas inhábiles para la práctica de esta.
La ley materia de esta entrega, prevé la obligación por parte de la Procuraduría General de Justicia para habilitar un sitio especial en su portal de internet con la finalidad de que se tenga acceso y conocimiento de la notificación por parte de cualquier interesado, en tratándose de extinción de dominio de bienes inmuebles la notificación deberá fijarse en cada uno de ellos y surtirá efectos al día siguiente en que se hubiere practicado estableciéndose que la única notificación personal que se seguirá en el proceso será la que se realice al inicio del juicio siendo por lista las subsecuentes, se prevé que todas las personas afectadas con interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberán comparecer al juicio dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que tuvieron conocimiento con la finalidad de acreditar su interés y expresar lo que a su derecho convenga siendo responsabilidad del juzgador analizar su interés y legitimación para aceptarlo como afectado y en su caso entregar copias para de traslado de la demanda y del auto admisorio para que produzca su contestación en el término de quince días (Es decir diez días para comparecer y quince para contestar. No se contemplan las excepciones para la contestación de demanda y en tratándose de pruebas se exceptúa la confesional a cargo de las autoridades siempre que su ofrecimiento verse sobre la acreditación del hecho ilícito, la procedencia de los bienes o sobre si los bienes materia de la extinción de dominio han sido afectos por sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de extinción de dominio. La valoración de las pruebas se sujetará a las reglas del código adjetivo civil para el estado de Puebla.
Una vez desahogadas las pruebas las partes podrán presentar alegatos y una vez concluidos estos el juez dictará sentencia en la misma audiencia de alegatos o dentro de los ocho días siguientes. Es importante resaltar que en la sentencia que declare la extinción de dominio de bienes el juez podrá declarar la extinción de derechos reales ya sean principales, accesorios o personales si se prueba que su titular conoció la causa que dio origen a la extinción de dominio. En caso de declararse improcedente la acción el juez levantará las medidas cautelares y procederá ordenando la devolución de los bienes en un plazo que no exceda de seis meses (término inequitativo y desproporcionado) o en caso de imposibilidad hará entrega del valor a su legítimo propietario o poseedor incluyendo intereses y accesorios en cantidad líquida, respecto de los frutos que hayan producido durante el tiempo que hayan sido administrados por el ejecutivo a través de la dependencia competente. ¿Quién establece el valor y el importe de los frutos? Como ya se dijo los medios de impugnación serán la revocación y la apelación que siempre procederá en efecto devolutivo salvo cuando la sentencia ponga fin al juicio que será en ambos efectos.
Esta ha sido una síntesis de la ley de extinción de dominio para el estado de Puebla, la que desde mi punto de vista no es suficientemente clara en algunos aspectos y en otros no atiende derechos de menores o incapaces; no se habla de la vista que en estos casos deba darse al ministerio público para tutelar estos intereses y mucho menos de la suplencia de la deficiencia de la queja cuando procediere, en suma, considero que los legisladores deberán esforzarse para clarificar diversos aspectos contenidos en la ley y en otros casos contemplar aspectos que no se observaron y que tienen íntima relación con la ley federal en materia de delincuencia organizada así como las reformas y adiciones a diversas disposiciones del código federal de procedimientos penales del veinticuatro de octubre del presente año observando en todo caso lo previsto por los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Carta de Querétaro, debiendo decir que de manera deficiente según mi apreciación se cumple cabalmente con el objetivo de reglamentar la fracción II del artículo 22 de La ley Suprema, sin dejar de observar lo técnico de su contenido de naturaleza eminentemente civil con basamentos penales y administrativos.
Fuente: Jornada de Oriente.
















